Los asesinos ¿respetan el derecho a la vida?

Por Roberto Rendón Vásquez.

Cuándo un delincuente asalta, rapta, extorsiona y para apoderarse del dinero y/o bienes de una persona ¿está respetando la dignidad y derecho de propiedad y a la vida de su víctima? Ya es constante (casi diariamente) en informativos noticiosos radiales, televisivos y diarios que los delincuentes operan individualmente y/o en bandas con extremada crueldad con sus agraviados llegando a causarles terribles lesiones y/o muerte; actúan inhumanamente haciendo sufrir a sus agraviados sin respetarles su derecho como seres humanos. En programas televisivos reproducen los videos de vigilancia municipal donde se ve a los delincuentes que disparan, incendian y hasta usan explosivos en vías públicas, vehículos y viviendas causando graves daños al vecindario y muchas veces lesionando gravemente o asesinando.

Se presume que los delincuentes actúan planificada y conscientemente que corren el riesgo de ser detenidos por la Policía Nacional. Están preparados para ello, pues tienen conciencia que desde que están detenidos en un local policial pueden gozar de defensa legal; y si la Policía tiene evidencia y pruebas que es autor de los delitos que motivaron su detención, con los atestados correspondientes (que contienen las pruebas obtenidas por la PN) los ponen a disposición del Fiscal correspondiente para que cumpla con formular la denuncia ante el Juez Penal para que lo/s procese/n judicialmente hasta imponerles la sentencia que los condena a la pena privativa de libertad. El/los autor/es del delito/s conocen que será defendidos durante todo el proceso penal. Su objetivo es que se resuelva dándoles libertad o que se les imponga penas “suaves” o dilatando los procesos para que sobrevenga la prescripción.

Ya es frecuente que se están cometiendo delitos graves en vías públicas, establecimientos, vehículos, centros laborales y hasta en viviendas como asesinatos con diversas crueles e inmisericordes acciones de los asesinos y sus cómplices. Los familiares de las víctimas exigen justicia. Lamentablemente los administradores de justicia realizan los procesos penales con dilaciones y es frecuente que lo hacen en años. Los familiares y vecinos de las victimas comienzan a exigir que se imponga la pena de muerte a los crueles e inhumanos asesinos.

El pedido de la pena de muerte ya es frecuente y lo informa el periodismo nacional. Hay opiniones de personalidades profesionales, juristas, sociales, etc. que piden que tanto en la Constitución como en el Código Penal se establezca la Pena de muerte para determinados graves delitos.

Con ocasión de esas publicas invocaciones hay otros opinologos que públicamente se oponen a que el Perú restablezca la Pena de Muerte. Alegan que es incompatible con la dignidad humana y el derecho fundamental a la vida y a no ser sometido a penas crueles, inhumanas y degradantes; que es injusta, inmoral y discriminatoria pues no es moral ni legal quitar la vida a una persona.

Son opiniones contradictoras ante la horrible crueldad como actúan los delincuentes, sea individualmente u organizados en bandas –muchas son internacionales – que conscientemente salen con el objetivo de ubicar a sus víctimas para asesinarlos y poder apoderarse de los bienes y/o dinero de los asesinados (muchos previos raptos). Esto objetivamente es innegable. Todos lo leen en los diarios y lo escuchan y/o ven en noticieros radiales o televisivos.

Los delincuentes tienen plena conciencia que si son detenidos por la Policía Nacional y son objeto de procesos judiciales penales en que les impongan penas privativas de libertad – aunque sean de años – vivirán en los centros de reclusión desde su detención hasta que obtengan su libertad (que podría ser al concluir su condena privativa de libertad) y durante todo ese tiempo tendrán un lugar donde dormir y garantizados sus saludables desayunos, almuerzos y comidas; y además, tendrán servicios de salud gratuitos y, también “régimen de visitas” organizados. No se puede silenciar, los delincuentes presos son mantenidos gratuitamente por el Estado, esto es con los impuestos de las personas naturales y/o jurídicas –algunos que fueron víctimas de delincuentes –.

Más aun, que ni siquiera los administradores de justicia del Poder Judicial pueden “garantizar” que los delincuentes sentenciados devuelvan a las víctimas – agraviados – los bienes o dinero que les hurtaron o robaron y que paguen la reparación civil.

Muchos reclusos gozan (clandestinamente) de comunicaciones telefónicas por celulares y sistemas de Internet, desde donde están permanentemente en contacto por los componentes de sus bandas no detenidos para dales instrucciones de sus objetivos delincuenciales.

José Roberto Rendón Vásquez. 
Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).