La situación de inseguridad nacional que vive el país, hace que sea necesario que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad interna y por consiguiente, se consideren nuevas competencias desde una reformulación de su misión actual, que incluiría el uso de tribunales militares y un marco jurídico que norme delitos en actos de servicio.
Estamos enfrentando a una fuerza hibrida y la seguimos llamando o enfrentando como inseguridad ciudadana o lucha contra bandas criminales. Estamos en un escenario que combina la guerra convencional con la confrontación de carácter asimétrico, con actividades ejecutadas con medios militares o no militares, actores regulares e irregulares, estatales y estatales junto con la manipulación de la información, y la tratamos con estados de emergencia fallidos o controles policiales esporádicos y tangenciales.
De las definiciones habidas, sobre la guerra hibrida, diremos que las guerras hibridas incorporan un conjunto de diferentes formas de hacer la guerra que incluyen capacidades convencionales, formaciones y tácticas irregulares, actos terroristas incluyendo la violencia indiscriminada y la coerción y el desorden criminal (Hoffman, 2007). Pero esta denominación ha evolucionado conforme se aplica. Se considera como tal: aquella donde se emplean una combinación amplia, compleja y adaptable de medios convencionales y no convencionales, y medidas militares, paramilitares y civiles abiertas y encubiertas que son empleadas en un diseño altamente integrado por actores estatales y o estatales para lograr sus objetivos (OTAN, 2016). En España, en el concepto de empleo de las FFAA se lee: la que incorpora de forma simultánea tácticas, técnicas y procedimientos de todo tipo desde acciones no convencionales, que incluyen habitualmente actos terroristas y criminales, hasta ciberataques, guerra psicológica, y otras de carácter puramente convencional, lo que nos lleva a operaciones multidimensionales globales para resolver las crisis de baja o alta intensidad, en diferentes espacios.
Tradicionalmente, la misión por excelencia de las FFAA de cualquier país, ha sido y es la defensa de la soberanía, la integridad territorial y, en algunos casos, el orden constitucional. Sin embargo en las últimas décadas dicha concepción se ha resquebrajado paulatinamente, ante la aparición en escena de una infinidad de amenazas, más difusas pero también más pérfidas, que si bien no suponen un desafío frontal, si pueden constituir un peligro real para la autonomía de los Estados, para la supervivencia de las democracias y para el bienestar de los ciudadanos. (Robert, 2003).
Si bien es cierto que la formación y entrenamiento de las FFAA, están orientados al conflicto externo, creo que su capacidad de combate es adaptable y capaz de enfrentar la actual crisis interna en donde la capacidad de la PNP, ha sido rebasada, al extremo de que el Ministro del Interior mismo ha manifestado su interés en que la institución policial bajo su mandato político sea reformada. En este caso, la capacidad operativa de las FFAA, previo llamamiento extraordinario y adquisición de armas y pertrechos convenientes, está en condiciones de afrontar ese reto eficientemente. Dicha actuación estaría regulada por el artículo 163 de la Constitución Política y por el Decreto Ley No 195 (CDN, 2020), el segundo de los cuales en su articulado 15 garantiza que las acciones de las FFAA, tanto en el nivel preventivo como en el reactivo, están dentro de los límites legales. Así mismo, este procedimiento esta internalizado en cada miembro de las FFAA, debido a su compromiso ético y responsabilidad profesional, que lis insta a considerar cuidadosamente el uso de la fuerza como último recurso (Villagra, 2023)
Debemos comprender que, entre la paz y la guerra, existen otras funciones del uso de la fuerza, que en el caso de Chile, por ejemplo, se encuentran definidas en la Constitución Política y en la legislación vigente, como es el caso de las diversas modalidades de las operaciones de paz (Cap. VI y VII Carta Naciones Unidas) así como en situaciones de emergencia y catástrofes naturales. En ese amplio espectro de la paz y la guerra, las FFAA deben ser altamente eficientes y constituyen un elemento vital del poder nacional en todo tiempo (…) se puede plantear entonces la estricta relación entre la finalidad de un Estado, como forma de organización política, y la seguridad, el desarrollo y el bienestar, variables que le dan contenido al bien común (Griffths, 2017).
Considero que el Estado Peruano, en el statuo quo que pretende permanezcamos, está haciendo muy poco por resolver el actual estado de crisis de seguridad nacional en que nos encontramos. Es una realidad que no podemos seguir evadiendo. No sé si este gobierno, pero ojala sea el próximo, debería: Potenciar unidades militares en todo el país, mediante llamamientos extraordinarios y dotarlos de medios contra insurrecciones; paralelamente, reestructurar a la PNP mediante la contratación de una misión policial extranjera; declarar en emergencia las fronteras, incrementar fondo de seguridad nacional eliminando prefecturas y sub subprefecturas así como congelando contratación de empleados públicos y pago de consultorías, expulsar a los extranjeros comprobadamente delincuentes, e inhabilitar del espectro político todo lo relacionado a la acción de los satélites comunistoides vía Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua. No se puede por más tiempo convivir ni acostarse con el enemigo.
Víctor Velásquez Pérez Salmon
Coronel del Ejército del Perú en Situación de Retiro. Se ha desempeñado como Catedrático de Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra, Director de la Comisión Permanente de Historia, y miembro del Proyecto Ejercito 2001. Es autor de varias publicaciones de historia, ensayos, poesía y cuento.
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