Confrontaciones políticas causan inestabilidad, inseguridad y espantan

Por Roberto Rendón Vásquez.

Ancestralmente las Constituciones peruanas han establecido tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial y cada una con facultades específicas. El Legislativo y Ejecutivo está integrado por electos en elecciones generales por periodos de cinco años. El Judicial, del que posteriormente devino el Ministerio Publico, están integrados por “profesionales” “abogados” “nombrados” previo concurso público que tienen unidad, exclusividad e independencia.

Los Poderes estatales tienen funciones, esencialmente: el Legislativo de dar y/o derogar leyes, el Ejecutivo cumplir y hacer cumplir la Constitución, tratados y dirigir la política general de gobierno, representar al Estado, velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República y leyes establecidas en la Constitución. El Judicial de administrar justicia emanada del pueblo y el Ministerio Público de promover la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.

Los Poderes estatales y el Ministerio Público esencial y fundamentalmente tienen la obligación, como su fin supremo, el defender a la persona humana y el respeto de su dignidad. Los derechos de las personas están establecidos en los artículos 1°, 2° y 3° y otros de la vigente Constitución. En las citadas instituciones cada uno de sus miembros deben centrarse en cumplir sus obligaciones constitucionales, legales y morales (y también laborales) porque para ello fueron electos, respectivamente, como congresistas o Presidente de la República o “nombrados” por la Junta Nacional de Justicia.

Todo país debe resolver eficientemente y permanentemente sus necesidades y problemas. Lo deben hacer los electos como congresistas o Presidente o designados o nombrados como funcionarios públicos y los administradores de justicia. Esto no requiere de más explicación.

Nuestro país tiene necesidades y problemas que atender eficiente e inmediatamente. Los miembros de cada Poder del Estado deben centrarse en resolverlas, cada uno en sus respectivas instituciones y/o entidades. Si se atendieran oportuna y eficientemente la población no tendrá que afrontar problemas de digna subsistencia. Obvio, el país debe progresar siempre económicamente para, no sólo para atender las necesidades de vida de sus habitantes, sino para que progrese desarrollando sus actividades productivas que fortalezcan la situación económica nacional. El desarrollo nacional esta evidenciado con más centros de producción de las riquezas naturales (mineras, pesqueras, agrarias, etc.), fabricación de diversos productos, desarrollar el comercio y los servicios públicos (educación, salud, economía, empleo, etc.), viviendas, la producción ganadera y/o agrícola, caminos, servicios de transporte, seguridad a la población y demás que se requiera afrontar problemas que puedan sobrevenir (climáticos, sísmicos, epidemias, etc.). Cada servidor público en cada sector, sea electo, nombrado, designado, debe centrarse en dedicar su tiempo laboral y/o de servicios en atender positivamente tales requerimientos. Eso supone que permanentemente, si el caso lo requiere, deben coordinar su trabajo consiente, inteligente y fraternalmente.

Pero algunos de nuestros políticos congresistas o del Ejecutivo y también administradores de justicia (magistrados fiscales y/o jueces) pretenden escudar su ineficiencia para resolver los graves problemas nacionales, utilizando las “confrontaciones” desde un Poder estatal a otro o desde sus “despachos” de magistrados. Ya es constante que habitualmente se “señalan mutua y públicamente” faltas y/o ilegalidades que atribuyen a miembros de “otro” Poder Estatal o del Ministerio Público. Así constantemente publicitan mutuas “acusaciones” de integrantes del Congreso, del Ejecutivo o magistrados fiscales o jueces y hasta piden que les habrá investigaciones o que los procesen e incluso que los “censuren”.

Lo que están generando y causando a nivel nacional e internacional es inestabilidad, inseguridad política y económica y temores, espantando a los inversionistas nacionales y extranjeros con lo que se daña el desarrollo económico, afectando el establecimiento de nuevos centros de trabajo que empleen más trabajadores y por ende se incrementa la informalidad y la pobreza. Además, por la falta de mutua cooperación entre electos, nombrados y/o designados, la delincuencia está floreciendo y perjudicando a la población.

Últimamente cada día y en todo lugar sufrimos la afectación de la delincuencia individual y/u organizados en bandas de extranjeros y nacionales. Lamentablemente, como se ha hecho público “que en lo que va del año, la Policía detuvo a 91.907 personas y el 92% (= 84.554) fueron puesto en libertad por la Fiscalía” (SIC). Se informa: “…que la Policía tiene razón cuando dice que le hemos entregado todos los elementos probatorios y los sueltan” (SIC).

En lugar de resolver los problemas, con sus confrontaciones políticas: causan inestabilidad, inseguridad y pobreza.

José Roberto Rendón Vásquez. 
Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).