Cecilia Palacios C.
La convocatoria a comicios electorales generales 2026 ha estado marcada por dos hechos que podrían augurar un proceso electoral accidentado; el primer traspié provino, del Presidente del Jurado Nacional de Elecciones que aseguró que sólo participarían los 41 partidos políticos inscritos hasta la fecha de la convocatoria; el segundo fue la irrupción en el proceso electoral de la Fiscalía de la Nación anunciando una investigación preliminar a dos partidos políticos lo que podría terminar en una declaratoria de su ilegalidad.
El primer bache lo produjo el titular de la JNE, Roberto Burneo, quién aseguró que sólo podrían participar los partidos inscritos hasta el 25 de marzo último fecha de la convocatoria a elecciones con lo cual se dejaba fuera de carrera a unos 4 o 5 partidos en período de tachas que, a opinión de expertos tenían opción de subsanar y ser acreditados hasta el 12 de abril próximo que marca el año previo a la fecha electoral. Afortunadamente se ha superado el impase el último 31 en que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprobó por unanimidad el cronograma de elecciones generales 2026 el cual establece que la fecha máxima de participación de las organizaciones políticas es el próximo 12 de abril zanjando la controversia y garantizando así el cumplimiento de la ley por encima de la norma, con lo cual hasta la fecha de cierre podríamos tener hasta 45 agrupaciones habilitadas; la oportuna corrección elimina toda sombra respecto al derecho de participación ciudadana. En adelante, los órganos electorales deberán andar con pies de plomo para evitar estas discrepancias, sobretodo tratándose de unas elecciones con más de 4 decenas de partidos políticos y alrededor de 10 mil candidatos participantes; catalogada por el mismo Burneo como “las elecciones más complejas en la historia del país y probablemente las más complejas del mundo”.
El segundo hecho, no menos grave, ha sido la intervención del Ministerio Público en el proceso electoral en curso, el anuncio de investigaciones preliminares a dos partidos políticos acogiendo dos denuncias disparatadas de ciudadanos sólo un día después de convocados los comicios ha encendido las alarmas en diversos y variopintos sectores; esta decisión avalada por la Fiscal de la Nación marca un peligroso precedente que enturbia y contamina el proceso; aun cuando desde su plataforma asegure que no se trata de “investigaciones sino de procedimientos”, es una clara intromisión para sacar del camino a dos partidos políticos inscritos oficialmente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Si bien opinólogos y juristas atribuyen a Delia Espinoza cierta torpeza y apresuramiento, a mi juicio ha sido una decisión con clara intencionalidad política y un burdo intento de estirar la ley para perjudicar a los partidos de Keiko Fujimori y Carlos Alvarez; el sólo hecho de no haber procedido de inmediato a declarar improcedentes ambas denuncias e invocar absurdamente el artículo 14 de la Ley General de Partidos Políticos para abrirles investigación revela la intención del Ministerio Público de convertirse en el sheriff de las Elecciones 2026; hoy es Fuerza Popular y País para Todos, mañana podría ser cualquier partido o candidato en carrera electoral denunciado por uno de sus contendores a sabiendas que podría tener éxito con una Fiscalía politizada, miope y convertida en tonta útil de intereses subalternos.
Si bien la responsabilidad de los órganos electorales y de los órganos de justicia en las próximas elecciones es alta y requerirá prudencia e imparcialidad, es mucho mayor la de los partidos políticos, tanto la derecha, el centro y la izquierda tienen plazo hasta agosto próximo para trabajar en la consolidación de alianzas electorales y ofrecer a los peruanos una parrilla digerible que integre ideologías similares con el objetivo de no fragmentar el voto; no será un camino fácil, agruparse en frentes dependerá de la madurez, generosidad y desprendimiento de los actores políticos pero, principalmente, de visión y estrategia, a no ser que quieran entregarle nuevamente el sillón de Pizarro a aventureros y permitan que otra dupla del corte Castillo – Boluarte acceda al poder.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.
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