Pérez, el operador

Cecilia Palacios C.

Si alguien encarna la calidad de operador político estrella del Ministerio Público sin duda es el fiscal José Domingo Pérez; empoderado por Martín Vizcarra y endiosado por la maquinaria “anti”, fue erigido como el “Personaje del Año”  por el grupo El Comercio, gracias a los procesos mediáticos a los que sometió al ex presidente Alan García y a la lideresa fujimorista Keiko Fujimori. Pero sus mayores pecados no son las arbitrariedades expuestas en sendas resoluciones de la Corte Superior, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, sino sus actos como persecutor del delito que han derivado en la impunidad que le otorgó a Odebretch y a sus socios peruanos.

De personalidad nerviosa, histriónico y con tendencia caricaturesca a erigirse en superhéroe justiciero del país, Pérez aun no asimila que el poder que ostentó entre los años 2016 y 2021 ya no es tal. A raíz de una medida cautelar de la Autoridad de Control del Ministerio Público ha sido suspendido por 6 meses mientras se determina si amerita retiro definitivo de la carrera fiscal y, a no ser que al igual que Rafael Vela sea bendecido y repuesto por la sala constitucional del magistrado Ordóñez, los días de Pérez en la Fiscalía de la Nación tendrían los días contados.

La estrategia de comunicación de Pérez y sus medios amigos ha sido desacreditar al actual jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público adjudicándole un audio en el que negocia su salida con el entonces abogado de Fuerza Popular, Christian Salas; pese a que el diario La República, Hildebrandt en sus trece y otros portales como Convoca, Ojo Público y La Encerrona han acogido tal prueba como cierta, lo único objetivo es que se trata de un audio fantasma, no se ha difundido, nadie lo ha escuchado y hasta el propio despacho de la Fiscal de la Nación ha desmentido su existencia; tampoco es cierto que Fernández Jerí haya sido su verdugo pues si bien es el jefe de la entidad y tiene a su cargo fiscales que investigan casos específicos, éstos gozan de plena autonomía; la resolución de “apartamiento preventivo” de todas sus funciones como fiscal superior ha sido expedida por la Fiscal Adjunta Superior, Rosario Velazco, y tiene su origen en una sentencia del Tribunal Constitucional que anula los actos fiscales al jurista Arsenio Oré por vulneración al debido proceso, falta de objetividad y clara infracción al deber de objetividad e imparcialidad que tiene por obligación un fiscal. Los tiempos cambian y las percepciones también, los diez años a cargo de las investigaciones más importantes del caso Lava Jato con resultados paupérrimos le pasaron factura, hoy pocos defienden abiertamente al fiscal del chaleco anti balas que el último martes intentó ingresar con un arma y fue impedido al haber dejado para el día siguiente la entrega de cargo, algo que debió hacer el mismo día de notificado pero no hizo para privilegiar la victimización a través de la exposición mediática en aquellos medios cuyos entrevistadores escuchan pero no preguntan y cuando preguntan es para lanzar salvavidas a sus  interlocutores.

Sin embargo, no serán sólo sus actos abusivos contra un ciento de ciudadanos por los que José Domingo Pérez y su jefe Rafael Vela deberán responder a la justicia sino más bien por los escandalosos beneficios prodigados en el Acuerdo de colaboración eficaz con Odebretch que serán investigados por una comisión congresal presidida por el legislador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, y por las groseras omisiones en este acuerdo que dejaron al país en estado de indefensión otorgándosele a estos corruptos sendos beneficios sin exigir renuncien a todo arbitraje nacional o internacional en el futuro con lo cual Perú enfrenta ya ante CIADI una demanda de 1,200 millones de dólares por el caso Gasoducto Sur, ya ha perdido una demanda de Enagás por 200 millones de dólares que actualmente la empresa española analiza ampliar y la brasilera alista otras demandas.

El Equipo Especial Lava Jato tuvo la enorme oportunidad de llevar a la justicia a aquellos funcionarios públicos que se coludieron con empresas transnacionales corruptas para perjudicar al Estado; lejos de hacerlo, optó por politizar procesos, perseguir políticos y garantizar impunidad a los brasileros y otros funcionarios peruanos corruptos como Susana Villarán. Hoy parece inverosímil que estos señores se hagan cargo de sus acciones y omisiones pero no duden que tarde o temprano a todos les llegará su hora.  

Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.