Aprovechando su estancia en el Vaticano, la presidenta Dina Boluarte se debe haber encomendado a las 7 mil vírgenes antes de retornar al país donde la espera un camino empedrado que dificulta pueda llegar airosa al 28 de julio próximo. Quizás lo más grave de su situación radica en su falta de percepción del peligroso callejón oscuro al que será sometida por sus antiguos “amigos del Congreso” que se alistan a participar en las elecciones generales 2026 y urgen distanciarse de un gobierno desprestigiado que insiste en hacer más de lo mismo.
Al optar por un ligero maquillaje ministerial, nombrar a su ex ministro de Justicia Eduardo Arana al mando de su gabinete y mantener tozudamente a los lastres que arrastra en algunas de las carteras perdió la gran oportunidad de trazar un cambio brusco en la línea de mando para gobernar el último año de su mandato con un gabinete de transición que genere confianza, asegure elecciones transparentes, capte inversiones y, principalmente, diseñe una estrategia integral en seguridad interna que contenga la ola de criminalidad que agobia al país. Boluarte eligió su comodidad, trabajar repitiendo lo mismo que hasta hoy ha hecho; eligió trabajar con la misma gente y ceder a exigencias populistas en el diseño del presupuesto 2026 que sería la única explicación de prescindir en Economía de José Salardi, quizás el único ministro de su gabinete que generaba consenso y tenía una hoja de ruta clara para el último tramo de su mandato.
A su retorno al país, no sólo encontrará un ambiente adverso generalizado retratado en el margen de error de su popularidad, corre el riesgo que el gabinete Arana no reciba el voto de confianza y hallará cinco nuevas acusaciones constitucionales que el Ministerio Público ha presentado al Congreso en menos de 48 horas. Sorprendentemente, algunos analistas como el politólogo Carlos Meléndez estiman que podría ser más conveniente forzar una salida abrupta, “terminar con la mediocridad del dinismo” y en cierta forma “despolarizar el país”; nuevamente, asoma el fantasma de la vacancia con un proceso electoral convocado y en marcha, algo que ya vivimos en noviembre de 2020 cuando el Congreso aprobó con 105 votos la moción de vacancia del ex presidente Martín Vizcarra a sólo cinco meses para las elecciones generales 2021; en ese momento, la situación política del ex presidente no era tan agreste como la que hoy enfrenta la actual mandataria que carece de arraigo popular, no tiene apoyo de la sociedad civil, ni del conglomerado mediático, está bañada de acusaciones fiscales y enfrenta una recomposición de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento que ya tienen los ojos y los reflejos en los comicios 2026.
Sin embargo, el encanto de la vacancia y la solución mágica de los problemas de inseguridad nos retrotraen a lo sucedido tras la vacancia de Vizcarra en que, en la práctica, se derrocó al sucesor interino Manuel Merino y se colocó a Francisco Sagasti, un congresista de una bancada que apenas alcanzaba cinco escaños de 130 y que no representaba a nadie. Este escenario es el que queremos reedituar?, pensemos en quiénes son los actores que hoy impulsan sucesivas vacancias, el congresista Roberto Sánchez aliado de Antauro Humala y defensor del golpista Pedro Castillo; Susel Paredes para la que Pedro Castillo era corrupto pero no “era incapaz moral”, el partido Podemos Perú de José Luna Gálvez que a costa de reclutar “niños” y “mochasueldos” ha engrosado su bancada convirtiéndose en la segunda mini bancada del Parlamento o el dúo femenino de Renovación Popular en campaña comandado por Patricia Chirinos y Norma Yarrow; todos ellos opacados por el juego político de Perú Libre que aprovecharía la ocasión para cobrarle la revancha a Boluarte por haber virado a la derecha despojándolos de las parcelas de poder compartidas con Verónica Mendoza y sus amigos durante el periodo de Pedro Castillo.
Los primeros esbozos de encuestas electorales publicadas son reveladores, 43 partidos inscritos; en el mejor de los casos, tendremos unos 15 candidatos presidenciales con una representación promedio entre el 5% y 10%, partidos cascarón desideologizados con figuras decorativas sin lealtades; lo que se viene indica que no sólo Dina Boluarte será sometida al callejón oscuro, es el país en su conjunto que corre el riesgo de tener un nuevo periodo presidencial fallido, con un gobierno débil con pobre representación congresal y atascado en una polarización que no se arreglará con una vacancia ni con un adelanto de elecciones; a mi juicio, un escenario que generaría mayor inestabilidad y nos llevaría a caer en peores manos de las que hoy sostienen a nuestra incipiente democracia.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.


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