No conozco al Dr. Eduardo Arana Ysa, actual Presidente del Consejo de Ministros y antes ministro de Justicia en el gobierno de la Presidenta Dina Boluarte. De acuerdo a su hoja de vida publicada en Wikipedia, estudió y se graduó de abogado en la Universidad Inca Garcilazo de la Vega con estudios de postgrado en España e Italia en materias de derechos humanos y justicia constitucional. Ha trabajado también en la administración pública en temas relacionados con la profesión jurídica e incluso como árbitro designado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Tampoco conozco a los demás integrantes del gabinete que preside, excepción hecha del Ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, con quien no tengo ninguna vinculación personal, pero si entiendo que es un diplomático de carrera, que se ha desempeñado con acierto como embajador en algunas misiones del exterior de indiscutible importancia.
Pero al margen de los méritos personales de los integrantes de este nuevo gabinete, cuyo presidente se encuentra ad portas de solicitar la indispensable confianza del Congreso, hay un aspecto fundamental que debemos tener en cuenta. Estamos pasando por una etapa preelectoral con una infinidad de partidos y candidatos que aspiran a la presidencia de la república. Esta situación puede tener como efecto negativo una división del electorado y que en esta confusa y múltiple contienda por los votos, salga electo algún candidato de extrema izquierda con el objetivo declarado de destruir nuestra actual e imperfecta democracia.
En estas circunstancias el gobierno debe garantizar la realización de elecciones limpias, eso por cierto bajo la conducción del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la ONPE, pero su labor no debe limitarse a esa indispensable e ineludible tarea. El gobierno debe llevar adelante la conducción del país en una forma tal que también garantice la paz y la tranquilidad pública, pero sin perjuicio de ello, debe encausar una correcta política económica y social para impulsar nuestro desarrollo así como disminuir la pobreza, que se encuentra en un nivel del 27 % de la población y la extrema en alrededor del 10%. El gobierno tiene en ese vital aspecto una tarea incumplida.
Entonces resulta de extrema urgencia que en los 14 meses y pico que le restan al gobierno actual de Dina Boluarte debe asegurar una realidad económica favorable para el país en su conjunto, apoyando a los sectores productivos en todos los ámbitos, sean de la minería, petróleo, gas, agricultura, ganadería, industria manufacturera, servicios de toda índole incluyendo al turismo en el Cusco y otras regiones del país, comercio y un largo etcétera que incluya a todos las actividades económicas. Todo ello sin perjuicio de los legítimos derechos de los trabajadores sindicalizados o no, sin perder de vista que existe un extenso sector de la población que labora informalmente o lo que es peor que se encuentra desocupado mendigando limosnas, tal como lo vemos en numerosas zonas de la capital y de otras ciudades del país.
Frente a ese inocultable desafío el gobierno y concretamente el Consejo de Ministros que preside el Dr. Eduardo Arana Ysa, en su próxima exposición ante el Congreso para que se le otorgue la confianza, debe invocar un mensaje de unión nacional, por encima de cualquier bando, discrepancia partido u organización política, en forma tal que el interés sagrado y supremo de la patria peruana esté por encima de cualquier discrepancia política individual o colectiva por legítima que fuere. Si lo hace en buena hora, en caso contrario que la Patria y la Constitución se lo demande.
Martín Belaunde Moreyra.
Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos. Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.
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