La responsabilidad del Estado en entregar un sistema previsional al ciudadano

Resumen Ejecutivo

En el Perú de 2025, el sistema previsional enfrenta su mayor crisis histórica: fragmentado, excluyente y sin visión de largo plazo. Este artículo examina, desde un enfoque estructural y con estándares de clase mundial, la responsabilidad indelegable del Estado peruano en diseñar, garantizar y liderar un sistema previsional justo, sostenible e inclusivo. A través de evidencia empírica, análisis comparado y fundamentos constitucionales, se plantea que la omisión estatal ha perpetuado la informalidad previsional, debilitado el contrato social y condenado a millones de ciudadanos a una vejez precaria. Se proponen pilares para una reforma estructural basada en derechos humanos, gobernanza técnica y articulación público-privada con estándares globales.

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1. Introducción: El pacto social previsional en crisis estructural

Un sistema previsional robusto es un componente esencial del contrato social moderno. Representa la promesa de que el trabajo y el esfuerzo de toda una vida serán protegidos y valorados en la vejez. Sin embargo, en el Perú, esa promesa se ha erosionado.

Más del 70 % de trabajadores se encuentran en la informalidad, y el sistema dual ONP–AFP no logra ofrecer cobertura universal ni tasas de reemplazo adecuadas. El Estado ha fallado en asumir un rol de liderazgo técnico, ético y normativo en la construcción de un sistema previsional de calidad.

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2. El Estado como garante constitucional: más allá de la administración pasiva

La Constitución Política del Perú (art. 10 y 11) establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social y que el Estado garantiza su funcionamiento. Este mandato no es programático, es operativo.

En ese sentido, el Estado debe ser:

• Diseñador de un modelo universal, coherente con la realidad demográfica y laboral.
• Regulador activo, que asegure transparencia, sostenibilidad y equidad.
• Supervisor independiente, que evite la captura política o comercial del sistema.
• Gestor de inclusión, con mecanismos de integración del sector informal.

La responsabilidad del Estado es de resultados, no solo de intenciones.

3. Diagnóstico: colapso de legitimidad y exclusión previsional

Cifras al 2024:

• Solo el 27.8 % de los adultos mayores accede a una pensión contributiva (SBS, 2024).
• La tasa de reemplazo efectiva de la ONP es inferior al 30 %.
• Más de 8 millones de trabajadores activos no están afiliados a ningún sistema.
• El sistema actual fragmenta la cobertura, excluye al mundo rural e informal, y castiga a las mujeres con menores pensiones.

La inacción estatal frente a estos indicadores es una violación indirecta al derecho a la seguridad social y una amenaza a la cohesión social futura.

4. El vacío entre el derecho y el acceso: omisión estructural del Estado

Reconocer un derecho sin brindar los medios para ejercerlo es una forma de exclusión institucionalizada. En Perú, el Estado ha sostenido durante décadas un sistema dual sin reformas estructurales, sin enfoque de género, sin metas de cobertura nacional.

Además:

• No existe una entidad pública autónoma encargada de planificar y monitorear el sistema previsional integral.
• Las reformas legales han respondido más a ciclos políticos que a evidencia técnica.
• Se ha desincentivado el ahorro previsional entre jóvenes y trabajadores independientes.

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5. El deber del Estado: liderar una reforma previsional de clase mundial

Un sistema previsional moderno debe ser:

• Universal: que proteja a toda la población, sin discriminación.
• Mixto: que combine pilares solidarios (redistributivos) con pilares contributivos (individuales o colectivos).
• Flexible y adaptado a la informalidad: con mecanismos de microahorro, uso de billeteras digitales, y sistemas progresivos de contribución.
• Financieramente sostenible: con reglas actuariales claras y protección frente a riesgos macroeconómicos.
• Transparente y profesionalmente gestionado: con entidades fiduciarias independientes.

Casos como el CPPIB de Canadá, GPFG de Noruega y el sistema integrado de Uruguay muestran que el Estado puede liderar sistemas exitosos si asume su rol con técnica, visión y transparencia.

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6. Propuesta estructural: hacia un sistema nacional de pensiones por derechos

1. Pilar solidario universal no contributivo: pensión básica garantizada por el Estado.
2. Fondo capitalizable colectivo: sistema de ahorro con participación técnica, pública y privada.
3. Inclusión previsional digital: integración de independientes, informales y migrantes vía tecnología.
4. Educación previsional nacional: desde secundaria y en campañas masivas.
5. Reforma constitucional parcial: blindaje legal del derecho previsional y su financiamiento.

7. Conclusión: Reflexión para una nueva década previsional

El Perú no puede continuar postergando la construcción de un sistema previsional digno, sostenible e inclusivo. Cada año que pasa sin reforma estructural, miles de ciudadanos cruzan la línea de la vejez sin respaldo, sin justicia y sin esperanza.

Es tiempo de que el Estado peruano asuma su rol histórico. No se trata de gasto, se trata de justicia intergeneracional, cohesión social y democracia con equidad.

Un país que no protege a sus mayores hoy, fracasa en su futuro mañana.

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Cesar A. Novoa Ch.
Economista y MBA de ESAN, con experiencia en administración, finanzas, estrategia y transformación digital. Especialista en riesgos financieros, modelos de negocio y experto en micro finanzas. Líder en proyectos innovadores del sector financiero, enfocado en inclusión y optimización. Reconocido como líder de opinión por su visión estratégica, calidad y digitalización.