En los últimos tiempos los medios señalan con muchísima frecuencia las obligaciones financieras de la empresa estatal de derecho privado llamada PETROPERU, cuyo único accionista es la República del Perú, que debe pagar en el presente año presupuestal sumas de gran envergadura y que carece de la liquidez necesaria para hacerlo.
¿Cómo solucionar este grave problema? Una forma sería que el Ministerio de Economía y Finanzas haga un aporte adicional en dinero efectivo para que PetroPerú esté en condiciones de pagar sus obligaciones corrientes que desgraciadamente no puede cubrir con su propia liquidez. ¿Se justifica una medida de esta naturaleza? No en opinión del autor de estas líneas, pero desgraciadamente el problema subsiste y no tiene fácil solución.
En realidad, hace algunas décadas que PetroPerú ha dejado de ser una empresa petrolera productiva y lo que hace de acuerdo a su ley orgánica es subcontratar o transferir a terceros, aquellos lotes que en algún momento, le fueron entregados por la entidad contratante estatal PeruPetro, así esta combinación de siglas suene a trabalenguas. Sin embargo, durante el Congreso del período 2011-2016 PetroPerú fue autorizada por una ley especial para llevar a cabo el proyecto denominado “Modernización de la Refinería de Talara”, con un costo estimado de US$ 2,800 milones de dólares, más una inversión privada de US$ 700 millones que nunca se produjo.
Desgraciadamente, por circunstancias que nunca se han explicado a cabalidad, el proyecto tuvo un costo final del orden de los US$ 6,000 millones y quizás más. ¿Por qué se hizo ese proyecto? Con el objeto de eliminar algunos elementos contaminantes en los productos que elaboraba, el plomo en la gasolina para citar un ejemplo, que no son aceptables conforme a las normas ambientales vigentes. En esta situación nos encontramos ahora.
¿Cuál es el origen de PetroPerú? En realidad nació como consecuencia del falso escándalo de la llamada “página once” de fines de 1968 durante el primer gobierno del expresidente Fernando Belaunde Terry (FBT), cuando se trató de llegar a un acuerdo con la entidad extranjera denominada International Petroleoum, Company (IPC), que explotaba los yacimientos petrolíferos, cuya operación en ese momento fue considerada nula y contraria a los intereses del Perú. Desgraciadamente su origen provino de una publicitada mentira, acogida por la mayoría de los medios de la época, que originó el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968, que derrocó al gobierno constitucional de FBT e inauguró la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado, depuesto en agosto de 1975 y sustituido por el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez.
Este último obligado por las circunstancias convocó a elecciones generales en 1980 en las que fue reelegido el presidente depuesto Fernando Belaunde Terry. Volvimos, por lo tanto, a la situación anterior al golpe de Estado. Se dice que las mentiras tienen patas cortas, lo cual es cierto sin duda. Desgraciadamente a veces tienen piernas financieras muy largas que no pueden ser amputadas con facilidad. PetroPerú desde entonces subsiste con ayudas, subsidios estatales y proyectos mal concebidos y peor ejecutados como el de la modernización de la refinería de Talara.
¿Qué hacer hoy día, es factible económica y financieramente la continuidad de PetroPerú? Mi impresión personal es que no. ¿Cómo lograrlo al menor costo posible para la República del Perú? He ahí la cuestión, para lo cual debemos plantearnos la interrogante acerca de la privatización de PetroPerú y del costo económico, financiero, presupuestal que eso puede significar para la República del Perú, a menos de un año de las próximas elecciones generales del año 2026. He ahí un tema que no es debatido y que debería serlo para que el público en general tenga una idea clara de nuestro futuro financiero.
Martín Belaunde Moreyra. Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos. Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.
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