Cuando la ley calla, la impunidad grita, una alerta democrática desde el Perú

En toda democracia funcional, los delitos evidentes no requieren permiso para ser investigados. Las instituciones no esperan órdenes para actuar: cumplen su deber. Pero en el Perú, los hechos flagrantes ,visibles, notorios, documentados, son ignorados, postergados o manipulados.

El Ministerio Público observa, pero no actúa. El Poder Judicial retrasa sin explicación. El Congreso blinda en lugar de fiscalizar. Y el Poder Ejecutivo, que debería liderar la respuesta institucional, opta por el silencio o la negociación.

Mientras tanto, la ciudadanía se informa, se indigna, pero no encuentra respaldo. La justicia se convierte en excepción. Y la impunidad, en regla.

Paradójicamente, desde el exterior, la veeduría internacional sí responde. Organismos como la OEA, la CIDH y gobiernos democráticos se pronuncian, abren investigaciones y exigen rendición de cuentas. El Perú, en cambio, permanece inmóvil.

Esto no es falta de ley. Es ausencia de voluntad. Y esa ausencia está debilitando las bases del Estado de derecho.

Conclusiones.

1. El Estado peruano atraviesa una crisis funcional de legalidad y respuesta institucional ante hechos flagrantes.
2. La impunidad se ha normalizado por la omisión deliberada de quienes deben investigar, juzgar y sancionar.
3. La ciudadanía está informada pero desprotegida, sin canales efectivos de exigencia ni mecanismos inmediatos de acción.
4. Los organismos internacionales han demostrado mayor diligencia y coherencia que las entidades del propio Estado peruano.
5. Se requiere una transformación urgente que devuelva confianza y efectividad al sistema democrático nacional.

Recomendaciones.

1. Crear de inmediato un Sistema Nacional de Veeduría Autónoma y Participativa, con respaldo legal, presupuesto propio y capacidad vinculante para intervenir frente a omisiones del Estado.
2. Incorporar protocolos de activación inmediata ante hechos públicos y notorios, evitando la dilación fiscal o judicial.
3. Fortalecer la participación ciudadana mediante observatorios regionales, articulados con universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil.
4. Reformar los órganos de control interno del Congreso, Ministerio Público y Poder Judicial, para impedir el blindaje o la inacción institucional.
5. Solicitar la asistencia técnica internacional para diseñar e implementar este sistema de veeduría nacional, aprovechando experiencias exitosas en Latinoamérica y Europa.
   Con responsabilidad Rafael Aita Campodonico.

Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque