En los últimos años, numerosos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú han sido sometidos a procesos judiciales prolongados, muchos de ellos sin sentencia firme. Estas personas, lejos de actuar por voluntad personal, cumplieron funciones esenciales en defensa del orden constitucional, la soberanía nacional y la seguridad ciudadana. Hoy, enfrentan el olvido, el estigma y una justicia que no ha sabido responder con equilibrio y razonabilidad.
El principio del plazo razonable
El derecho a un juicio en un plazo razonable no es una concesión del Estado; es un derecho humano reconocido en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y nuestra propia Constitución. Mantener a efectivos del orden en procesos judiciales durante años, sin resolución definitiva, no solo es una forma de violencia institucional, sino también una grave omisión del sistema de justicia.
Cuando se vulnera este principio, se castiga a quienes aún no han sido hallados culpables. Se les arrincona en una situación de incertidumbre jurídica, afectando sus carreras, su salud mental, y la integridad de sus familias. En un país democrático, eso es inaceptable.
El deber de proteger al que protege
Los efectivos militares y policiales no pueden ser tratados como ciudadanos comunes cuando cumplen funciones extraordinarias en contextos de violencia, insurgencia o crisis nacional. Es deber del Estado garantizar que sus acciones en defensa de la patria no sean perseguidas penalmente sin un análisis objetivo, contextual y justo.
Reconocer su labor no significa impunidad. Significa distinguir entre quienes actuaron conforme a la ley en cumplimiento del deber, y quienes hayan cometido excesos fuera del marco legal. Para los primeros, debe haber amnistía. Para los segundos, debido proceso. Para todos, respeto a la dignidad humana.
Una deuda histórica y moral
La historia reciente del Perú está marcada por episodios donde las Fuerzas del Orden fueron la última línea de defensa frente al terrorismo, el caos social o la desestabilización institucional. Muchos de estos hombres y mujeres arriesgaron su vida, su nombre y su futuro por la defensa de la patria.
No es justo que hoy, años después, se les condene al silencio, al archivo judicial eterno, y al abandono estatal. Hacer justicia no es solo dictar sentencias, es también reparar, reconocer y devolver dignidad.
Una ley con nombre y propósito
En ese sentido, el proyecto de Ley de Amnistía y Reconocimiento a las Fuerzas del Orden —impulsado por el Congresista Jorge Montoya y respaldado por la Presidenta Dina Boluarte, representa un paso importante hacia la reparación moral e institucional de quienes han servido al país.
Esta ley no solo busca cerrar procesos judiciales injustamente prolongados; busca, sobre todo, devolver justicia, dignidad y paz a quienes dieron todo por el Perú. Es hora de decir, como nación: gracias. Y sobre todo, de demostrarlo con leyes justas. Gracias Jorge Montoya, autor de éste justo proyecto y a la presidente por devolverle la dignidad a los defensores de la patria, que nunca cometieron delito de lesa humanidad con responsabilidad y justicia, Rafael Aita Campodonico.
Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque
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