No obstante, el clamor popular para que “las autoridades” real y efectivamente adopten medidas para garantizar la vida y bienes de la población, la delincuencia se incrementa terriblemente y actúa cotidianamente en lugares públicos, vehículos, establecimientos comerciales, laborales y estudiantiles y en las viviendas. A pesar de la incansable labor de la Policía Nacional que enfrentándose a los delincuentes captura a algunos. Estos, actuando individual u organizados en bandas, cada vez más agreden a la población, no solamente hurtando y/o robando sus bienes sino asesinando, extorsionando, intimidando, raptando, traficando con drogas y mujeres hasta menores de edad. El sicariato es terrible porque es un eslabón en la cadena delictiva en Lima y otras ciudades donde la delincuencia opera día y noche, se desplaza en motos, mata por encargo o en venganza; lo hacen con total frialdad. Los medios periodísticos cada día lo informan. La delincuencia ha generado el temor de las personas, familias, trabajadores y empresarios; nadie se siente seguro. El temor ha trascendido las fronteras a punto que en muchos lugares las autoridades recomiendan no visitar y/o hacer turismo en el Perú.
Hay reclamos públicos – hasta con movilizaciones y paros de trabajadores agredidos por la delincuencia – que invocan y reclaman que las autoridades y los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y del Ministerio Público, adopten medidas para combatir eficientemente y exterminar la criminalidad. No solamente personalidades y profesionales en Derecho Penal opinan en medios periodísticos escritos y televisivos que el combate eficiente a la delincuencia requiere, entre otras medidas, actualizar el Código Penal actualizando la tipificación de cada delito y estableciendo penas más severas e inclusive la pena de muerte para delitos horrendos (asesinatos, extorciones, tráfico de drogas, etc.). Es indispensable que se establezca que no se conceda libertad – a sentenciados, aunque hayan cumplido la pena impuesta, sino devuelve a los agraviados los bienes y dinero del que se apropiaron y no cancela la reparación civil impuesta en la sentencia. También modificar el Código Procesal Penal y Leyes Orgánica del Poder Judicial y Ministerio Público, estableciendo plazos cortos para cada acto procesal en materia penal y la obligación de magistrados fiscales y jueces de procesar las causas penales dentro de los plazos señalados, bajo responsabilidad personal administrativa y penal.
La Ley N° 32.130 (10/10/2024) ha devuelto a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de investigar delitos para agilizar los procesos penales y fortalecer la investigación de delitos que realiza la PNP, Esto debe fortificarse a pesar del “sentimiento” contrario de fiscales y/o jueces. Es lo justo porque es observado que en el Ministerio Público dilatan los procesos investigatorios y en los procesos judiciales penales se procesan lentamente. Mientras tanto los extorsionadores continúan delinquiendo y, además, no cesan los diarios asesinatos.
Otra medida necesaria es que magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial, no concedan libertad a los delincuentes detenidos por la Policía Nacional por haber cometido delitos. Que tampoco resuelvan concediéndoles “detención” domiciliaria a los delincuentes detenidos por la Policía Nacional por la comisión de delitos y que han sido puestos a disposición del Fiscal correspondiente con el respectivo atestado.
Los detenidos y sentenciados que están (ya viven) en establecimientos penales (cárceles) deben sufragar su mantenimiento en los centros de reclusión. Necesario que se cambié la norma legal que establece que los detenidos en esos establecimientos son sostenidos (mantenidos con alimentación y servicios de salud) por el Estado. Es decir, pasan su vida con sostenimiento gratuito. Ante ello es indispensable que se establezca norma legal que obligue a que toda persona detenida y/o sentenciada que esta privada de su libertad, deba obligatoriamente que trabajar en la cárcel para sufragar su sostenimiento. Para ello en cada cárcel debe instalarse talleres para que trabajen los encarcelados.
Como los establecimientos penales están sobresaturados, es necesario que se edifiquen nuevas cárceles pero que estén en alturas andinas y deben ser seguras y sin medios para que los detenidos no puedan comunicarse telefónicamente o por medios electrónicos y/o plataformas digitales (computadoras, tabletas y celulares. e Internet) con el exterior. En cada uno deben edificarse talleres para producción de mercaderías, inmuebles que pueden alquilarse a empresarios. Los trabajadores serán sólo los encarcelados.
También es necesario organizar a la población para no solamente protegerse sino para, en coordinación con la P.N. y los serenazgos municipales, puedan contribuir a evitar que los delincuentes agravien a personas y para que se les detenga.
José Roberto Rendón Vásquez.
Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).
0 comments on “Garantizar la seguridad ciudadana”