Resulta evidente que la presidenta Dina Boluarte a menos de un año de entregar el mando y sólo a 8 meses de las elecciones generales 2026 ha iniciado los preparativos para su salida; el primero de ellos tiene que ver el sorpresivo del nombramiento en la cartera de Justicia de su fiel escudero Juan José Santíváñez, a quién todo parece indicar ha encargado la tarea de constituir una fuerza de choque, tarea que estamos seguros cumplirá a cabalidad ahora que goza nuevamente de protección al gozar de antejuicio constitucional y no podrá ser procesado sin levantarle el fuero en el Congreso.
Pese a que Santibáñez fue sólo hace cinco meses censurado por el Congreso, Boluarte ha ignorado el mandato, sigue apostando por él, en realidad es un personaje que nunca se fue del gobierno; al mes siguiente de ser censurado fue nombrado jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental que, hay que decirlo, al reportar directamente a la Jefa de Estado, tiene más de oficina de articulación política que de coordinación intergubernamental, una afrenta al Parlamento y claramente la distracción de recursos para beneficiar a un personaje totalmente cuestionado, que arrastra investigaciones por tráfico de influencias, lavado de activos y abuso de autoridad, que tiene impedimento de salida del país por 18 meses, que sistemáticamente acusa a los periodistas que osan “difamarlo”, que se resiste a colaborar con la justicia como negarse a entregar su celular o negarse a someterse a la pericia de voz a requerimiento del Ministerio Público en el caso investigación que se le sigue por los sonados audios con el “Capitán Culebra”.
La pregunta se cae de madura, por qué un Presidente de la República estaría dispuesto a asumir ese lastre político en la recta final de su mandato? Algunas señales anteriores al nombramiento han sido la promulgación sin observaciones de la ley que otorga amnistía a militares, policías y comités de autodefensa que lucharon contra el terrorismo desde la década de los 80’s y la creación de una comisión gubernamental que evalúa la salida de la Corte IDH, que serían el paso previo a denunciar el tratado y abandonar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; para ello, Dina Boluarte necesita un personaje incondicional que le garantice la defensa frontal de tal decisión y que no renuncie como consecuencia de ella; no me cabe duda que el popular “Juanjo” estará dispuesto a su defensa cerrada en la medida que al término de su mandato será perseguida por un rosario de investigaciones en proceso y que se activarán el 29 de julio próximo.
La previa al regreso del polémico personaje ha sido la arbitrariedad de enviar al ex presidente Martín Vizcarra a un penal común que no es al que son derivados los ex mandatarios; las razones de puntaje que justifican la decisión son risibles y las preguntas que quedan al aire son, renunció el ex titular de Justicia, Juan Alcántara, ante la torpe decisión política del superior? la idea original del traslado fue de Santiváñez y tras su nombramiento se erigirá en el demócrata respetuoso dispuesto a respetar procesos independientemente del sujeto al que afecten para solicitar revertir tal decisión?. En su primera semana de ejercicio en la cartera de Justicia, vamos a ver las primeras acciones que desplegará y, considerando el promedio de vida de los ministros de este gobierno, nada le garantiza a su benefactora contar con su escudero hasta el final de su mandato. Como es de suponer, el controvertido nombramiento ha generado rechazo a nivel de diversas entidades, políticos, analistas, medios de comunicación y ex ministros; sin embargo, tuvo el entusiasta respaldo del Alcalde capitalino Rafael López Aliaga, al considerar que “él nos ayudó bastante en el momento que era Ministro del Interior”; dada esta cercanía inusual no sería extraño que comience a agilizarse el proyecto del tren Lima-Chosica y que el gobierno reciba el respaldo de Renovación Popular en la eventualidad que opte por una salida de la Corte IDH, partido que siempre se ha mostrado a favor de tal medida. Las razones de este nombramiento difícilmente se sustentan en “la necesidad de acelerar una reforma judicial y la construcción de penales antes de julio 2026” como se dice desde el interior del gobierno pues hay poco tiempo para ello, sino más bien parece sustentarse en la urgencia de sentar ciertas bases para garantizar a la mandataria una salida del poder airosa aprovechando la creciente opinión que la Corte IDH está ideologizada y la disposición del gobierno de no acatar “sus órdenes” cuando considere que no se ajustan a derecho, más que una decisión por convicción presidencial sería una estrategia de evasión; a menos que el nombramiento de su fiel escudero en la cartera de Justicia sólo sea el preámbulo de una cercana crisis ministerial y su verdadero fin sea ocupar la Presidencia del Consejo de Ministros en la fase final de la era Dina.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.
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