La permanencia de Tomas Aladino Gálvez como titular del Ministerio Público podría ser veloz si es que uno de esos jueces constitucionales especialistas en reposiciones express decide conceder una rápida cautelar a la suspendida Delia Espinoza y la regresa a su cargo de la Fiscalía de la Nación. Por ello, veo con cierto escepticismo y desconfianza que el suspendido Fiscal Supremo y recién designado Fiscal de la Nación interino, pueda ejecutar una gestión larga que le permita reorganizar fiscalías especializadas y ponga en orden la avalancha de investigaciones sin sustancia emprendidas por su predecesora, en esa política de investigar todo y a todos, para no llegar a resultados concretos.
El camino hacia la suspensión de Espinoza comenzó en junio pasado cuando, ante una orden de la Junta Nacional de Justicia de reposición a Benavides como Fiscal de la Nación y fiscal suprema, decidió no acatar la resolución, montó un circo de vigilia en los pasillos de la entidad y arrastró a fiscales y otros funcionarios a una situación nunca vista. Aquellos que se negaron a acompañarla en el atrincheramiento, pagaron con el puesto, se conoce que más de 4 gerentes fueron despedidos. Pero la controvertida fiscal no solo adoptó medidas de fuerza en su institución sino que ordenó investigaciones contra magistrados de la Corte Suprema, de miembros en la JNJ y del Tribunal Constitucional, en represalia por sus resoluciones. A partir de ello, Delia Espinoza cayó en una vorágine de críticas lanzadas en conferencias de prensa de fiscales adjuntos y superiores pidiendo presupuesto, de intentos de desacreditar a instituciones y planteamiento de cuestionamientos a cada resolución que la contradijo. Al final, sus pares supremos la dejaron sola perdiendo autoridad y liderazgo.
Probablemente, el mayor defecto de una serie de funcionarios públicos que llegan al tope de su institución es olvidar que trabajan para el Estado y si bien son una pieza importante, no son la institución, tal vez por ello se creen con licencia para zarandear procesos a su favor y utilizar a miembros del Ministerio Público en beneficio propio, como si fueran sus asalariados. Si bien Patricia Benavides tuvo una salida más digna, no estuvo exenta de la controversia al acusar de genocidio a Dina Boluarte, sus ministros y jefes de FFAA y policiales por las muertes producidas durante los hechos de vandalismo del 2022, una figura posteriormente archivada porque no se condecía con los hechos. Espinoza tomó un camino parecido solo que la siguiente víctima fue el partido Fuerza Popular, exigiendo a la Suprema declarar su ilegalidad, en aplicación del artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas; este último, un artículo que claramente sanciona aquellas actividades y prácticas anti democráticas que, de ninguna manera podría aplicarse retroactivamente a un partido que tiene presencia en nuestra democracia, desde hace más de 15 años y que ha participado en varias elecciones.
Los primeros esbozos que Gálvez podría perfilar es volver a la senda de la práctica técnica, despolitizando el enfoque que hace años emprendió la Fiscalía, penalizando hechos políticos a gusto de las barras bravas. Sólo una posición equidistante podría beneficiar a una institución tan desprestigiada. El flamante Fiscal Interino tiene el conocimiento y esperemos que, el tiempo suficiente, hasta que una medida cautelar express ordene tal vez reponer a doña Delia Espinoza y regresemos a la Ley de Talión.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.
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