Nos vamos a referir a la cantidad de detenidos y/o sentenciados que hay en las cárceles esta vez solo para explicar que ellos son sostenidos “gratuitamente” por el Estado, con partidas presupuestales anuales que provienen de los impuestos que pagan – directa o indirectamente – todas las personas naturales y/o jurídicas. Vale decir: que los ciudadanos tenemos que “mantener” a quienes están encarcelados porque nos han agraviado con sus delitos que han cometido. ¡Es insólito!
Según informaciones que hemos obtenido de publicaciones que se hacen en columnas en Internet, “En marzo de 2025 la población penitenciaria nacional alcanzó los 199,886; de estos 101.302 estaban bajo detención judicial, prisión preventiva o cumpliendo una sentencia de pena privativa de libertad efectiva. Significa que el 50.7% de la población penal se encontraba en condición de procesada o sentenciada cumpliendo una sentencia de pena privativa de libertad efectiva. (SIC).
En el Perú solamente hay 69 establecimientos carcelarios para albergar a 41.556 delincuentes, pero hay (según informes publicados) 98.127 produciendo el hacinamiento en 136%. Se evidencia que hay una crisis del sistema penitenciario en Perú, donde miles de personas encarceladas carecen de espacio adecuado dentro del sistema carcelario nacional.
Es pertinente que la población conozca el gasto que ocasiona mantener “gratuitamente” a la población encarcelada porque han cometido delito en agravio de la misma población.
Según informaciones también tomadas de publicaciones en Internet, “el costo de la alimentación para cada interno es aproximadamente S/7,oo (siete soles) diarios, lo que significa que el gasto mensual para alimentar a los reclusos supera los S/21 millones, según cifras de enero de 2025. Este monto forma parte del presupuesto total del Estado, el cual incluye otros gastos de seguridad y mantenimiento carcelario, y está sujeto a variaciones por el aumento de la población penitenciaria y la corrupción” (SIC).
Si el costo por alimentación por recluso en cada día es S/.7,oo (según datos tomados en Internet) – el gasto mensual total en enero del 2025 para todos los presos fue de S/697.200,oo lo que equivale a más de S/21 millones al mes y al año S/.252 millones de soles. (SIC). Esto nos cuesta a la población para mantener a quienes nos hurtan, roban, estafan, asaltan, lesionan, asesinan, intimidan, extorsionan, trafican con personas y drogas, etc. Lo pagamos mediante nuestros obligatorios impuestos al Estado.
O sea que los delincuentes viven sin gastar nada para alimentarse durante todo su encarcelamiento. Los delincuentes encarcelados no se van a morir de hambre; la población nacional los mantiene.
Los Poderes Estatales del Legislativo y Ejecutivo deben corregirlo. Es menester que se emitan normas legales que obliguen a que toda persona detenida y/o sentenciada que esté en centros de reclusión, trabaje durante todo su encarcelamiento. Para el efecto en el interior de toda cárcel deben edificarse centros de producción (fábricas) de bienes que se alquilen a empresas de derecho privado para elaborar mercaderías destinadas a los mercados nacionales y pudiera ser también a los extranjeros. Los trabajadores en esos centros de producción solamente deben ser los reclusos quienes pueden estar regidos por normas laborales específicas para su condición. Las remuneraciones que perciban por ese trabajo – obligatorio – es para sufragar su alimentación y sostenimiento y los servicios médicos, si fuese necesario. Si les queda saldos deben destinarlos a sus familias.
Como hay actualmente hacinamiento en los centros de reclusión, es indispensable edificar nuevas cárceles pero que sea solamente en las alturas andinas y que se prevea que tengan sistemas que impidan que desde el interior pueda tener contacto con el exterior mediante equipos telefónicos y/o mediante equipos electrónicos con el exterior.
Es hora de reflexionar sobre el indicado problema. No debe ser posible que en la sociedad se deba sostener gratuitamente a quien nos hace víctimas de sus delitos. Nos hacen daño y aun el Estado debe asignar dinero de sus arcas para sostenerlos durante su condena privativa de libertad. La enseñanza y experiencia para los que delinquen será que durante su condena deban trabajar y sostenerse. Esa enseñanza la tendrán en cuenta todos, evitando caer en la delincuencia.
Los políticos que ahora gobiernan y los que se elegirán en las próximas elecciones generales ¿tendrán la inteligencia y valentía de hacerlo?
¿Hasta cuándo vamos a sostener a los delincuentes que nos hacen daño?
José Roberto Rendón Vásquez.
Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).
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