Cuando el odio reemplaza al Derecho: justicia constitucional y precio de la venganza en el Perú

El Estado de Derecho en crisis.

En el Perú contemporáneo, se ha consolidado un fenómeno tan grave como silenciado, el uso de la justicia como herramienta de venganza, persecución y destrucción personal. No es exagerado afirmar que el país ha presenciado una distorsión peligrosa del concepto de legalidad, en donde se castiga sin pruebas, se inventan delitos, se criminaliza la actividad política y se condena a inocentes en nombre de una moral deformada por la premeditación y la mala fe.

I. El odio como motor de las decisiones judiciales

La jurisprudencia nacional ha sido, en no pocos casos, utilizada como escudo de una guerra ideológica. Se ha sustituido la imparcialidad judicial por agendas personales, y se ha legitimado la venganza como una forma de justicia. Esto no es solo una crisis jurídica. es una tragedia institucional. ¿Cómo se justifica que una persona no funcionaria pública haya sido encarcelada sin pruebas sólidas, sin un proceso transparente y con acusaciones basadas en supuestos más que en hechos?

II. El rol del Tribunal Constitucional. un rayo de justicia entre las sombras

Recientemente, el Tribunal Constitucional del Perú ha emitido una sentencia que, aunque tardía, devuelve cierta esperanza. Ha señalado lo que muchos callaban. que se persiguió con animadversión política, que se violaron derechos fundamentales y que se forzaron imputaciones. El TC, lo ha dicho en voz alta. hubo daño, hubo manipulación, y hubo un país puesto al servicio de una maquinaria inquisidora que convirtió el sistema penal en un lavadero de activos legales e ilegítimos.

III. Contradicciones, arbitrariedad y activismo judicial

Las contradicciones han sido constantes., condenas sin pruebas, acusaciones sin claridad normativa, medidas cautelares desproporcionadas, y una narrativa alimentada por medios y opinólogos con intereses creados. La justicia dejó de ser ciega para volverse selectiva, y la persecución se vistió de activismo. ¿Quién responde ahora por las familias destruidas, por los años de cárcel, por los nombres manchados sin derecho a defensa real?

IV. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

¿Quién asume la responsabilidad por el daño causado? ¿Quién pide perdón? ¿Quién repara a las víctimas del sistema? La sociedad peruana tiene una deuda con quienes fueron convertidos en chivos expiatorios, no por delitos, sino por odios ideológicos. Si no se inicia un proceso real de reparación, de autocrítica institucional y de depuración del sistema judicial, el futuro será aún más oscuro.
Conclusión. la necesidad de seguridad jurídica y justicia sin odio

El caso de quien ni siquiera fue funcionario, pero fue tratado como criminal por razones políticas, es solo uno entre muchos. Pero simboliza la urgencia de un cambio. La justicia no puede servir a pasiones ni odios. El Perú necesita jueces valientes, no inquisidores. Necesita normas claras, no ambigüedades útiles para castigar enemigos. Y sobre todo, necesita memoria. para no repetir los mismos errores ni permitir que el silencio legitime la barbarie.
La verdad de la mentira,la presunción de inocencia es un tema jurídico,no, una persecución, tribunal puso orden y dió fé del bien jurídico,con responsabilidad, Rafael Aita Campodonico.

Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.