Está semana ingresan a su recta final los procesos judiciales a dos ex presidentes de la República, el proceso seguido a Pedro Castillo por el golpe de estado fallido del 7 de diciembre de 2022 y el proceso seguido a Martín Vizcarra por sobornos recibidos por la adjudicación de las obras Hospital de Moquegua e Irrigación de Lomas de Ilo; ambas sentencias pondrán a prueba la capacidad de la justicia peruana de acreditar la culpabilidad de dos personas que en su momento ocuparon la representación más alta de la Nación y, de declararse culpabilidad, sumará en el haber del Poder Judicial la condena a 5 ex Jefes de Estado.
En el caso del juicio contra Pedro Castillo y seis coimputados la decisión judicial podría extenderse hasta enero 2026 considerando el ánimo obstruccionista de las defensas de los acusados que a lo largo del proceso se valieron de una serie de estratagemas para retrasarlo; la última narrativa obstruccionista montada la hemos visto recientemente y ha sido protagonizada por la ex presidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez en complicidad con su abogado defensor Raúl Noblecilla; el show comenzó con reclamos sobre supuestas violaciones a los derechos humanos de la acusada, tanto por funcionarios penitenciarios y denuncias de “acoso y discriminación sexual” por parte de otras internas del penal que la albergaba; ahora sabemos que ambas denuncias eran falsas y que lo que existía era una clara estrategia de construcción de la figura de persecución política que acabó con el anuncio del gobierno mexicano de concederle asilo calificándola de perseguida política pese a que el país entero presenció los actos previos y posteriores al golpe de estado del que participó con Pedro Castillo, el ex asesor Aníbal Torres, el ex ministro Willy Huerta y tres oficiales de la Policía Nacional. En el caso de Castillo su presencia parece estar asegurada debido a que se encuentra recluido en Barbadillo, no es el caso de Torres que en cualquier momento podría sorprendernos fugando y que, en las últimas audiencias empezó a deslindar de su ex jefe y ha asegurado que nunca se le consultó al respecto, agregando que “se alarmó gravemente cuando escuchó el mensaje de Castillo anunciando el cierre de diversas instituciones porque le sonó a un golpe de estado”, finalizando que el ex presidente habría actuado así pues tenía la convicción que lo vacaría el Congreso. Alguien le puede creer a don Aníbal que, tras presenciar un mensaje golpista, un demócrata “indignado” sindicado por ser el autor del texto del mensaje golpista, podría acercarse a abrazar efusivamente al dictador?
Otro que podría sorprendernos con una repentina desaparición es don Martín Vizcarra cuyo juicio está próximo a concluir; este jueves 13 el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional escuchará el alegato final de su acusador Germán Juárez Atoche por la recepción de 2.3 millones de soles en coimas mientras ocupaba el Gobierno Regional de Moquegua período 2011-2014; el próximo 23 la Sala escuchará el alegato final de la defensa y el mensaje final del imputado con lo cual culmina el proceso y debería fijar lectura de sentencia para fines de noviembre o la primera semana de diciembre. El peligro en este caso es el permanente espíritu de sacarle la vuelta a la ley del personaje en mención, por lo que debemos permanecer atentos mientras nos distrae con la inscripción de su candidatura inviable, la postulación del hermano por sustitución y el anuncio que en breve la CIDH le anulará las tres inhabilitaciones políticas que carga; no hay que ser zahorí para adivinar que el popular Lagarto debe estar maquinando un plan B para eludir la justicia.
Ante la forzada calificación de perseguida política a la ex premier por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, tal vez nos haga albergar cierta esperanza la reciente posición del gobierno en funciones de romper relaciones diplomáticas con México optando por congelar la entrega del salvoconducto a Betssy Chávez; la drástica decisión es una señal manifiesta sobre la tolerancia cero que podría tener la administración Jerí ante eventuales asilos y pedidos de extensión de salvoconductos que favorezcan a otros acusados próximos a escuchar sentencia. El Perú vive en democracia, las personas sometidas a juicio gozan de debido proceso, incluso si el acusado es declarado culpable tiene posibilidad de demostrar su inocencia en otras instancias, no existe persecución política, lo que existen son políticos sinvergüenzas que pretenden huir de la justicia y gobiernos ideologizados cómplices dispuestos a protegerlos.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.
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