El Estado mínimo según Axel Kaiser

En los últimos tiempos los medios escritos y de televisión así como las redes sociales le están dando mucha publicidad al pensamiento del abogado, filósofo y economista chileno Axel Kaiser. En sus numerosas intervenciones que he tenido oportunidad de escuchar así como en algunos de sus artículos ciertamente muy publicitados, Axel Kaiser propugna la reducción del Estado a las funciones más elementales tales como el mantenimiento de la paz y del orden público sin las cuales evidentemente no es posible la vida civilizada en cualquier parte del mundo ahora e igualmente, a lo largo de la historia de la humanidad desde que surgieron las primeras culturas. Sin duda es un destacado exponente moderno del “Estrado gendarme” que estuvo tan de moda en el curso del siglo XIX, pero que periclitó en el siglo XX, entre otras razones por las dos guerras mundiales y las exigencias de la opinión pública que aún persisten en el siglo XXI.

Entre los libros que ha escrito aparece uno con el sugestivo título “La educación no es un derecho”, que no he tenido oportunidad de leer pero cuyo enunciado parecería conducirnos a la apología de la ignorancia colectiva.  Hay otra publicación con el desconcertante nombre “El coronavirus fue lo  mejor que pudo pasarle a Chile”, que genera la sensación de un ejercicio de sado masoquismo. También debo confesar que no lo he leído y no tengo en la mente la cifra exacta de muertes que esa terrible pandemia originó en Chile, pero si tengo muy presente que en el Perú, mi patria, tuvo como resultado más de 200,000 muertos, en parte por negligencia y por la demora en la masiva aplicación de las vacunas, que al cabo de un tiempo, generaron una relativa inmunidad a la población.

El autor de estas líneas no es socialista, marxista ni nada que se le parezca. Si soy partidario de la economía social de mercado tal como está enunciada en la vigente constitución del Perú y que como bien sabemos se originó en la Alemania de la postguerra, que fue decisiva para su reconstrucción y posterior prosperidad con líderes como Adenauer y Erhard, en las antípodas del comunismo. También considero que el Estado debe limitar sus actividades en el ámbito empresarial, inclusive en la prestación de los servicios públicos de electricidad, vialidad, puertos y aeropuertos, entre otros casos. Sin embargo, eso no siempre es posible lo cual obliga a una limitada intervención estatal en esas actividades.

Pongo como ejemplo los siguientes casos: en el Perú tenemos puertos construidos por el capital privado como el de Chancay, algunos administrados por la actividad privada como el del Callao, Matarani, Ilo, Paita, Salaverry y hasta el puerto de San Nicolás, que quizás sea el puerto de mayor calado en nuestra patria para la exportación de mineral de hierro. También tenemos los casos de carreteras mantenidas y administradas con el sistema de peajes, como ahora ocurre con el publicitado y conflictivo ejemplo de Rutas de Lima, en los alrededores de nuestra ciudad capital.

¿Por qué no siempre es posible la inversión privada en ciertos ámbitos? Por una razón muy simple, porque en muchos casos simplemente no es rentable y lo que es peor podría ser un pésimo negocio. La inversión privada se orienta hacia la utilidad y se aleja de la pérdida. Sin embargo, el Estado tiene que estar presente para asegurar la supervivencia de la Nación, de la Patria del País. Un ejemplo elemental está constituido por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que consumen una parte importante del presupuesto que a su vez se financia principalmente con impuestos. Uno de los deberes fundamentales del Estado conforme a la Constitución es defender la soberanía nacional, siendo nuestro territorio inalienable e inviolable, comprendiendo el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre.

Deseo referirme al caso de la provincia de Purús, una de las cuatro que integra el departamento de Loreto en la Amazonía peruana y que colinda con el Brasil. En redes sociales aparecen frecuentemente noticias del abandono en el que se encuentra dicha provincia, cuyos habitantes en muchos casos tienen que cruzar la frontera para adquirir alimentos y recurrir a servicios de salud, entre otros requerimientos. No hay duda alguna que ese abandono tiene que se remediado por el Estado peruano por la elemental necesidad de resguardar nuestras fronteras y preservar nuestra Integridad territorial. Es un deber del Estado defender el territorio de nuestra patria cueste lo que cueste. Eso implica, entre otras cosas, la presencia de nuestras fuerzas armadas y ´policiales. No hacerlo sería una traición a la patria.

Desconozco si en Chile hay provincias ubicadas en la región patagónica y que sufran de algún abandono. Si ese fuere el caso, en mi opinión el Estado chileno debería poner los recursos económicos suficientes para satisfacer esas eventuales y potenciales necesidades al margen de que sea o no un buen negocio.

Martín Belaunde Moreyra. 
Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos. Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.