La decisión del gobierno argentino de colocar como ministro de Defensa al jefe del Ejército ha provocado un temblor político que nadie vio venir. Y no es para menos. Argentina, que tardó cuarenta años en separar la política de los cuarteles, vuelve a abrir una puerta que parecía cerrada con candado. Desde 1983, pese a todos los errores, el país mantuvo una regla simple: la defensa la conduce un civil y los militares cumplen su misión profesional sin mezclarse en los enredos del poder.
Pero también es verdad que parte de la clase política abusó de esa separación. Durante décadas, varios gobiernos (de distinto color) usaron la “conducción civil” como excusa para desatender a las Fuerzas Armadas. No hubo inversión, no hubo planificación, no hubo modernización. Los militares cobraron sueldos insuficientes, la obra social se deterioró al límite, los equipos quedaron obsoletos y las unidades operaron con lo justo y necesario. La conducción civil existió en el papel, pero en la práctica muchas veces estuvo en manos de personas sin formación técnica, sin conocimiento estratégico y sin capacidad para dirigir instituciones tan complejas como las fuerzas armadas. Esa precarización tiene responsables claros: los gobiernos que apostaron por el abandono antes que por la reforma.
En esa mezcla de estigmatización, desinterés y política barata, las Fuerzas Armadas quedaron atrapadas. Y aun así, el principio republicano se mantuvo: el ministro debía ser civil para no mezclar roles. Por eso la decisión del gobierno de Javier Milei causa tanto ruido. Llega justo cuando los militares atraviesan un malestar profundo por los salarios de hambre, el deterioro del sistema de salud y la falta de horizonte institucional. Más que una doctrina, la medida parece un manotazo político en medio de la tormenta económica y social.
La región ya conoce estos movimientos. Brasil vivió la “militarización silenciosa” del Estado en tiempos de Bolsonaro. Venezuela es el ejemplo extremo: allí la fusión entre gobierno y fuerzas armadas destruyó el profesionalismo militar. Bolivia y Chile han tenido tensiones serias en su relación política–militares. Y el Perú observa este escenario con una historia muy particular: desde 1980, tras el retorno de la democracia, las Fuerzas Armadas peruanas han mantenido un respeto y subordinación irrestricto al poder constitucional, incluso en momentos de crisis, violencia interna y cambios de gobierno. Ese compromiso no se ha roto hasta hoy, convirtiendo al Perú en un caso regional donde la institucionalidad castrense se mantuvo firme pese a la fragilidad política del país.
También es cierto que en el mundo hay experiencias exitosas con exmilitares al mando de la defensa: Estados Unidos, Israel, Finlandia, Corea del Sur. Allí funciona porque el control civil es sólido y no se discute quién manda. Pero eso no elimina otro punto del debate: negar el acceso de un militar retirado a cargos públicos puede rozar la discriminación. Un ciudadano es un ciudadano, lleve uniforme o no.
La región mira con atención. Y el Perú, enfrentado a amenazas reales como el terrorismo persistente en el VRAEM, el narcotráfico, la minería ilegal, la permeabilidad de sus fronteras y el crimen organizado, siente de inmediato el impacto político de este giro argentino. Para algunos, es una señal de pragmatismo. Para otros, un riesgo que podría arrastrar a la región a viejas confusiones.
Argentina ha decidido mezclar roles que durante cuarenta años mantuvo separados. Puede sonar audaz, incluso práctico, pero en instituciones tan delicadas como las Fuerzas Armadas los atajos suelen salir caros. La defensa necesita conocimiento técnico, profesionalismo y claridad doctrinaria. Quien no sabe, improvisa; y cuando se improvisa en defensa, pierde el país entero. En política (como en cualquier oficio) lo mejor es que cada quien haga lo que sabe: zapatero a sus zapatos, porque cuando un cargo exige técnica y especialización, nada reemplaza a un verdadero experto.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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