Justicia, soberanía y persecución: el punto crítico del Perú

El Perú atraviesa un momento crítico en el que confluyen una crisis jurídica, política y humana que revela la tensión entre la justicia internacional, la soberanía del Estado y el desgaste que sufren miles de viejos soldados sometidos por décadas a procesos penales que nunca concluyen. La Ley 32107 (que busca aplicar la prescripción a crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002/2003) y el reciente fallo del Tribunal Constitucional, declarado infundado pero carente del quórum de cinco votos necesario para generar efectos vinculantes, han sumido al país en un clima de incertidumbre. De un lado, se mantienen las obligaciones internacionales derivadas de sentencias como Barrios Altos y La Cantuta, que determinan la imprescriptibilidad como norma de ius cogens; del otro, subsiste la necesidad urgente de poner fin a la persecución judicial que continúa afectando a quienes actuaron en nombre del Estado durante la guerra contra el terrorismo.

En este escenario se inmiscuye un actor cuya influencia genera polémica: el Instituto de Defensa Legal (IDL). Aunque se presenta como una organización dedicada a la protección de los derechos humanos, diversos sectores la perciben como parcializada y alineada con una narrativa que, en la práctica, supedita la justicia peruana a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Juristas y especialistas han señalado que las acciones del IDL han contribuido a una criminalización sistemática de militares, impulsando estándares internacionales sin considerar adecuadamente los matices ni la realidad del país. Asimismo, se denuncia que opera como un actor político con capacidad de presión sobre fiscales y jueces, lo que ha permitido la prolongación de procesos por más de 30 o 40 años sin sentencias ni garantías efectivas.

Situaciones semejantes han sido afrontadas por otros países de la región. Colombia vivió tensiones similares con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que generó fricciones con la Corte IDH y obligó al Estado a ajustar su marco jurídico sin renunciar a su soberanía. Argentina reabrió juicios por delitos de la dictadura, pero estableció límites estrictos para evitar procesos sin fin. Chile reformó su justicia militar para cerrar causas estancadas y garantizar plazos razonables. Estas experiencias demuestran que es posible equilibrar la justicia histórica con la estabilidad institucional sin condenar a personas a un proceso perpetuo.

En contraste, en el Perú miles de militares permanecen atrapados en un ciclo interminable de ampliaciones fiscales, audiencias frustradas y expedientes reactivados sin nuevos elementos. Esto no constituye justicia, sino un castigo anticipado que, para muchos, se convierte en una forma de desgaste emocional y psicológico. Por ello, vuelve a surgir una pregunta antes considerada intocable: ¿debe el Perú evaluar su continuidad en el Sistema Interamericano y en la Corte IDH? Más que un gesto autoritario, este debate se plantea como una defensa de la soberanía frente a un sistema que, según expertos, opera sin contrapesos y con influencia desproporcionada de organizaciones como el IDL.

Una salida sólida y razonable, plenamente compatible con el derecho internacional, sería establecer un plazo máximo de seis meses para cerrar todos los procesos pendientes, responsabilizar al Estado por las demoras indebidas (incluyendo la posibilidad de terminación procesal) y abrir un debate nacional serio sobre la relación del Perú con el sistema interamericano. Solo así el país podrá superar en el breve plazo el actual estancamiento entre impunidad y persecución, y avanzar hacia una justicia verdaderamente equilibrada, soberana y digna.

Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.