En 2025, la migración ha dejado de ser un fenómeno predominantemente humanitario para consolidarse como un problema estructural de seguridad internacional y soberanía estatal. La combinación de crisis políticas prolongadas, impactos severos del cambio climático y el fortalecimiento del crimen organizado transnacional ha transformado el desplazamiento humano en un sistema ilícito altamente rentable. En este contexto, el Perú se encuentra en una posición particularmente vulnerable, atrapado entre el endurecimiento de las políticas migratorias de las potencias del norte y la persistente inestabilidad sudamericana.
Estados Unidos ha optado por un enfoque de emergencia nacional que ha militarizado su frontera sur. La intensificación de las deportaciones y la restricción de los mecanismos de asilo han contenido los flujos de manera coercitiva, generando un “efecto embudo” que obliga a miles de migrantes a retornar hacia el sur del continente. Paralelamente, la Unión Europea ha perfeccionado su sistema de control mediante el Sistema de Entradas y Salidas (EES) y la externalización de centros de retorno en terceros países, alcanzando un nivel de vigilancia biométrica que dificulta seriamente el acceso a quienes huyen de conflictos armados o de sequías extremas.
Para el Perú, las consecuencias son profundas y multidimensionales. Con una población extranjera que supera los 1.6 millones de personas, el país enfrenta una presión creciente sobre los servicios públicos, especialmente en salud y asistencia social. Si bien la migración ha dinamizado ciertos sectores del consumo, cerca del 70 % de esta población económicamente activa se encuentra en la informalidad, lo que limita la recaudación fiscal y precariza el empleo. En las zonas fronterizas, la saturación de los establecimientos de salud ha incrementado el gasto público y evidenciado la fragilidad de la infraestructura existente.
No obstante, el impacto más crítico se manifiesta en el ámbito de la seguridad. Organizaciones criminales transnacionales, como el Tren de Aragua, han consolidado su control sobre la trata de personas, la extorsión y otras economías ilícitas. Estimaciones recientes indican que el crimen organizado drena alrededor del 3.4 % del PBI regional, recursos que alimentan la corrupción y erosionan la capacidad del Estado para ejercer autoridad efectiva.
Las causas de este éxodo tienen responsables identificables. En Sudamérica, el colapso institucional y económico de Venezuela continúa siendo el principal factor expulsor. En Centroamérica y el norte de la región, la violencia de los cárteles y los desastres climáticos (que afectan a decenas de millones de personas) aceleran los desplazamientos forzados. Detrás de cada migrante irregular opera una red criminal que cobra miles de dólares por rutas clandestinas de alto riesgo, perpetuando un negocio que se sostiene gracias a la debilidad del control fronterizo.
Frente a este escenario, la migración en 2025 exige una respuesta que supere el discurso y se traduzca en acciones operativas concretas. Es indispensable una estrategia articulada del Estado: la Policía Nacional del Perú debe liderar la inteligencia criminal y el desmantelamiento de las redes transnacionales en los centros urbanos, mientras que las Fuerzas Armadas deben asumir una vigilancia permanente y estratégica de las fronteras para bloquear los pasos informales dominados por mafias. Solo mediante una acción conjunta, respaldada por tecnología moderna y decisión política, el Perú podrá transformar esta crisis en un proceso ordenado que garantice la seguridad nacional y el bienestar de la población.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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