El Perú cerró 2025 con una paradoja evidente: una economía que mostró resiliencia gracias al ciclo favorable de los minerales y, al mismo tiempo, un sistema político y social profundamente erosionado por la violencia, la informalidad y una crisis de legitimidad persistente. A primera vista, los indicadores macroeconómicos ofrecieron señales de estabilidad; en el fondo, la gobernabilidad continuó debilitándose.
En el plano económico, el Banco Central proyectó para 2025 un crecimiento cercano al 3 % del Producto Bruto Interno (PIB), impulsado por la recuperación gradual de la inversión y el consumo privado. La inflación se mantuvo dentro del rango meta, resultado de una política monetaria prudente, mientras que la balanza en cuenta corriente registró superávit, apoyada por términos de intercambio favorables y por el desempeño de exportaciones mineras, en especial del cobre. La minería siguió representando más del 60 % de las exportaciones totales, consolidándose como el principal sostén externo del país.
Sin embargo, esta estabilidad no se tradujo en mejoras proporcionales en el bienestar social. Entre el 2022 y 2025, el gasto público asociado al control del orden interno y a la respuesta frente a protestas se incrementó en más de 115 %, una señal de prioridades fiscales reactivas frente a la ausencia de soluciones estructurales. La percepción ciudadana de inseguridad y abandono del Estado se intensificó, alimentando el malestar social.
La minería informal e ilegal fue uno de los principales focos de conflictividad en 2025. Miles de mineros artesanales protestaron en regiones como Ica, Arequipa y La Libertad, exigiendo la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y cuestionando la exclusión de más de 50,000 inscritos. Estas movilizaciones incluyeron bloqueos de carreteras y paros regionales, afectando la cadena logística y generando pérdidas millonarias diarias. Un caso emblemático es La Pampa, en Madre de Dios, donde pese a operativos de interdicción, la minería ilegal persiste, asociada a deforestación acelerada, trata de personas y economías criminales. La experiencia de La Pampa evidencia que la ausencia de alternativas productivas sostenibles y de presencia estatal integral convierte la represión aislada en una solución insuficiente.
La violencia generalizada agravó el panorama. Hasta septiembre del 2025, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registró más de 5,200 muertes violentas, vinculadas a la delincuencia organizada, extorsiones y conflictos territoriales, con especial incidencia en Lima, Puno y Loreto. El aumento de homicidios y ataques contra transportistas y comerciantes reforzó la sensación de descontrol y detonó nuevas protestas ciudadanas.
En el ámbito político, el 2025 estuvo marcado por una severa crisis institucional. La salida de la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral permanente y la conformación de un gobierno interino encabezado por José Jerí se produjeron en un contexto de polarización extrema. Las movilizaciones incluyeron a jóvenes, sindicatos y colectivos urbanos, reflejando un rechazo transversal tanto al Ejecutivo como al Congreso. Los niveles de desaprobación de las autoridades alcanzaron cifras históricas, superiores al 90 % según estimaciones de analistas, confirmando el desgaste del sistema de representación.
La coexistencia de crecimiento económico, economías ilegales (estimadas entre 3 % y 4 % del PIB) y colapso institucional configura un escenario de alto riesgo. La fortaleza macroeconómica se ha convertido en una “isla” rodeada de fragilidad política y social.De cara a 2026, el Perú enfrenta un punto de inflexión decisivo. La bonanza minera, por sí sola, no garantiza desarrollo ni estabilidad. Se requiere un proyecto nacional que articule seguridad ciudadana, justicia social, formalización económica e instituciones eficientes, sustentado en diálogo inclusivo y reformas profundas. Transformar crecimiento en bienestar y legitimidad es el desafío central. Sin gobernabilidad, la bonanza será transitoria; con ella, puede
convertirse en una oportunidad histórica de desarrollo sostenible.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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