Al cierre del 2025, Nicolás Maduro continúa en el poder y Venezuela sigue siendo uno de los principales focos de tensión política en el hemisferio. Tras más de diez años de crisis profunda, el régimen ya no opera solo en modo de supervivencia, sino que ha logrado una consolidación práctica basada en el control interno, una economía mínima funcional y apoyos externos estratégicos. Este escenario se enfrenta ahora a una renovada política de “presión máxima” impulsada por la administración de Donald Trump, que combina sanciones económicas, acciones legales y presión migratoria.
El primer factor clave es el control militar y la captura total del Estado. Desde el 2013, Maduro entendió que su permanencia dependía de la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para finales del 2025, militares activos y retirados controlan cerca del 45% de las empresas estatales y sectores estratégicos como petróleo, minería y puertos. Esta relación se sostiene mediante beneficios económicos, protección judicial y amenazas directas a quienes se desvíen de la línea oficial. Tras las cuestionadas elecciones presidenciales de julio del 2024, el Tribunal Supremo de Justicia y el organismo electoral cerraron cualquier posibilidad de alternancia política. La represión, aunque selectiva, sigue siendo constante: alrededor de 1,900 presos políticos y el uso de leyes antiterroristas han reducido la protesta social y empujado a los principales líderes opositores al exilio o la clandestinidad.
El segundo elemento es la economía de supervivencia. Desde el 2021, Venezuela ha mostrado una frágil estabilización basada en la dolarización informal, la reducción de controles y la apertura limitada al capital privado. En el 2025, la producción petrolera superó el millón de barriles diarios, alcanzando aproximadamente 1,14 millones en noviembre, gracias a licencias otorgadas a empresas extranjeras y apoyo técnico de Irán. Sin embargo, este repunte ocurre bajo fuerte presión externa. Estados Unidos ha intensificado una “cuarentena” petrolera, con vigilancia naval y acciones contra buques que evaden sanciones. Aunque el PIB creció alrededor de 6,5% en 2025, la inflación anual cercana al 254% y la pobreza extrema que aún afecta a cerca del 80% de la población limitan cualquier mejora real en la calidad de vida.
Un tercer factor decisivo ha sido el giro legal impulsado por Washington entre agosto y diciembre del 2025. La designación del llamado “Cártel de los Soles” como organización terrorista extranjera cambió las reglas del juego. Esta medida permite a Estados Unidos actuar con mayor margen militar y legal, tratar a la cúpula gobernante como una red criminal y eliminar la inmunidad política tradicional. La recompensa por la captura de Maduro se elevó a 50 millones de dólares, marcando el paso de la presión diplomática a la persecución penal internacional.
El contexto geopolítico y migratorio completa el cuadro. En un mundo cada vez más multipolar, Maduro mantiene respaldo de Rusia, China y países del bloque BRICS. No obstante, la administración Trump ha vinculado el tema venezolano a la seguridad fronteriza, endureciendo deportaciones y revocando beneficios migratorios como el TPS. El objetivo es convertir la migración en un instrumento adicional de presión directa sobre Caracas.
Venezuela termina el 2025 en un punto de máxima tensión. El régimen de Maduro muestra una notable capacidad de adaptación, apoyado en el control militar y alianzas externas, pero enfrenta un cerco legal, económico y naval sin precedentes. La experiencia demuestra que la presión externa, por sí sola, no garantiza un cambio político. La verdadera incógnita es si este nuevo nivel de presión logrará fracturar el bloque de poder interno o si, una vez más, el sistema autoritario logrará resistir, mientras la población continúa pagando el costo más alto.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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