El 3 de enero de 2026 marca un quiebre histórico para Venezuela y para el equilibrio político y militar de la región. La incursión militar de Estados Unidos, conocida como Operación Resolución Absoluta, culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, poniendo fin de manera abrupta al control del poder político central. Más allá del impacto simbólico, el hecho dejó al descubierto una realidad que durante años fue ocultada: el poder militar venezolano estaba profundamente debilitado, a pesar de décadas de inversión millonaria y discursos de fortaleza.
Desde comienzos del siglo XXI, Venezuela apostó por una expansión acelerada de su capacidad militar. Entre 2004 y 2013, favorecida por altos precios del petróleo, el país adquirió aviones Sukhoi Su-30, helicópteros, tanques T-72, sistemas antiaéreos, radares y armamento diverso, principalmente de origen ruso, además de financiamiento y cooperación de China. Se estima que el gasto militar acumulado superó los 80 mil millones de dólares, una cifra muy elevada para una economía que luego entró en una prolongada crisis. En términos formales, este arsenal situaba a Venezuela entre las fuerzas armadas mejor equipadas de América Latina.
Sin embargo, la eficacia técnica real de ese armamento fue muy inferior a lo prometido. Muchos de estos sistemas requerían mantenimiento constante, repuestos importados y personal altamente capacitado. Con el paso del tiempo, las sanciones, la falta de recursos, la corrupción y la politización extrema de la Fuerza Armada deterioraron seriamente su operatividad. Aviones con pocas horas de vuelo, radares desactualizados y sistemas antiaéreos sin integración efectiva se convirtieron en la norma. El problema no fue que las armas fueran malas en su origen, sino que quedaron mal gestionadas, mal mantenidas y pobremente coordinadas.
La operación del 3 de enero expuso con claridad estas debilidades. Las fuerzas estadounidenses emplearon aviones de quinta generación, guerra electrónica, ciberoperaciones e inteligencia en tiempo real. Los sistemas de detección fueron neutralizados, las comunicaciones colapsaron y no existió una respuesta coordinada. En pocos minutos, la estructura defensiva quedó paralizada. La diferencia no fue solo de cantidad o potencia de fuego, sino de capacidad para integrar tecnología, información y mando de manera eficiente.
A este colapso militar se suma un pesado lastre financiero. Venezuela enfrenta una deuda externa total que supera los 160 mil millones de dólares, entre bonos soberanos, compromisos de PDVSA y acuerdos bilaterales. En el ámbito militar, Rusia continúa siendo un acreedor clave, con obligaciones pendientes estimadas en unos 3.500 millones de dólares por venta de armamento y soporte técnico. Durante años, Moscú utilizó esta deuda como herramienta de influencia, aceptando pagos indirectos mediante petróleo y concesiones estratégicas. Con la caída del gobierno, surge el debate sobre si estas obligaciones deben reconocerse o considerarse deuda odiosa, contraída sin beneficio real para la población.
China, por su parte, mantiene una posición más pragmática. Sus acreencias, estimadas entre 10 mil y 12 mil millones de dólares, están ligadas principalmente a petróleo e infraestructura. Para Pekín, la prioridad es proteger sus inversiones y asegurar estabilidad operativa, más allá de afinidades ideológicas.
En síntesis, lo ocurrido el 3 de enero de 2026 deja una diferencia clara entre las fuerzas intervinientes. Estados Unidos actuó con una fuerza relativamente reducida, altamente profesional, integrada tecnológicamente y basada en inteligencia, precisión y velocidad. Venezuela, en cambio, contaba con un gran volumen de equipos pesados, pero con baja coordinación, limitado entrenamiento operativo y sistemas que no funcionaban como un todo. La derrota no fue solo militar, sino estructural. La lección es simple y contundente: en el siglo XXI, la seguridad no depende de cuántas armas se compran, sino de cómo se administran, se mantienen y se integran dentro de un Estado funcional y legítimo.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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