Venezuela inicia el 2026 atrapada entre una realidad dura y una esperanza frágil. Tras años de autoritarismo, sanciones, deterioro institucional y un proceso electoral ampliamente cuestionado el 2024, el país sigue sin resolver su problema central: quién ejerce el poder y con qué legitimidad. No se trata solo de un relevo de nombres, sino de reconstruir reglas creíbles en un Estado exhausto.
Los datos hablan por sí solos. La inflación acumulada sigue siendo una de las más altas del mundo: estimaciones independientes la sitúan muy por encima del 600% anual, pese a la dolarización de facto que apenas amortigua el golpe en las ciudades. El salario mínimo oficial continúa en niveles simbólicos, inferior a los 5 dólares mensuales, mientras más del 80% de los hogares vive en pobreza. El PIB, tras un rebote técnico en años previos, volvió a estancarse; para el 2026, analistas proyectan una nueva contracción cercana al 3%, reflejo de un aparato productivo debilitado y sin crédito. A esto se suma una diáspora que ya supera los 8 a 9 millones de venezolanos, una sangría humana que no se detiene.
En el plano político, el chavismo ya no es un bloque monolítico. Conviven una corriente que busca preservar el control administrativo del Estado, ofreciendo estabilidad a cambio de impunidad, y otra más dura, aferrada a redes de coerción, economías ilegales y control territorial. Esta fractura interna es una fuente de tensión permanente y un riesgo real para la paz social. El país vive una calma aparente sostenida por el miedo, no por el consenso.
Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas atraviesan, a su vez, una crisis silenciosa. La cúpula sigue ligada a privilegios económicos, pero los mandos medios y la tropa padecen las mismas carencias que el resto de la población. Esa brecha erosiona la disciplina y abre interrogantes sobre su rol histórico: ¿seguir siendo un actor político o volver a ser una institución profesional al servicio de la nación?
Del otro lado, la oposición democrática conserva un activo clave: la legitimidad de origen que muchos ciudadanos reconocen en el resultado electoral de julio del 2024 y en el liderazgo civil que emergió de ese proceso. Figuras como Edmundo González Urrutia, respaldadas por la firmeza política de María Corina Machado, representan para millones de venezolanos la posibilidad de una transición ordenada, pacífica y soberana. Sin embargo, la legitimidad moral, por sí sola, no gobierna: necesita estrategia, unidad y capacidad de diálogo con actores clave, incluidos los militares institucionales.
La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y la región, enfrenta también su propio dilema. La presión externa ha contenido excesos, pero no ha logrado una solución duradera. La historia demuestra que desmontar un régimen es mucho más fácil que reconstruir un Estado. Una transición mal gestionada podría fragmentar aún más el país y convertirlo en un mosaico de feudos armados, con consecuencias graves para toda América Latina.
Venezuela no necesita más fuerza, ni interna ni externa. Necesita legitimidad, reglas claras y un acuerdo nacional mínimo que permita iniciar la reconstrucción. Reconocer la voluntad popular, formar un gobierno de unidad nacional, recuperar la institucionalidad y atender la emergencia social son pasos ineludibles. Sin eso, cualquier cambio será solo de forma. Con eso, Venezuela aún puede dejar atrás la supervivencia y volver a pensarse como una nación.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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