Durante años, el debate sobre la gestión del presupuesto público en el Perú ha girado en torno a un número aparentemente incuestionable: el porcentaje de ejecución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Alcanzar el 70 % u 80 % al cierre del año fiscal suele presentarse como un logro razonable. Sin embargo, una mirada más profunda revela una verdad incómoda: ejecutar no es sinónimo de cumplir, y gastar no equivale necesariamente a generar valor público.
En los sistemas de gestión pública más avanzados, el foco ya no está puesto en cuánto se gasta, sino en qué se logra con cada unidad de gasto. Países como Canadá, Nueva Zelanda, Finlandia o Dinamarca —referentes en gestión presupuestaria según evaluaciones de la OCDE y del Banco Mundial— han desplazado la discusión desde la ejecución financiera hacia el impacto medible de las políticas públicas. En estos modelos, el presupuesto es un medio, no un fin.
El contraste es evidente. En el Perú, el PIM ha adquirido un rol protagónico que no siempre le corresponde. Diseñado como una herramienta de flexibilidad para adaptar el presupuesto a cambios durante el año, en la práctica se ha convertido, muchas veces, en un mecanismo que relativiza las metas iniciales y diluye la responsabilidad por la baja ejecución real. Ajustar el denominador al final del ejercicio puede mejorar el indicador, pero no resuelve el problema de fondo: obras inconclusas, servicios que no llegan a tiempo y brechas sociales que persisten.
La evidencia comparada muestra que los países con mejor desempeño presupuestario comparten cuatro pilares comunes. Primero, una programación plurianual creíble, que reduce la improvisación anual y alinea el gasto con objetivos estratégicos de mediano plazo. Segundo, un presupuesto por resultados, donde cada programa tiene metas claras, indicadores verificables y evaluaciones periódicas. Tercero, sistemas integrados de información financiera, que permiten monitorear la ejecución en tiempo real y corregir desvíos antes de que sea demasiado tarde. Y cuarto, una cultura de evaluación ex post, que aprende del error y reasigna recursos en función de evidencia, no de inercia política.
En este enfoque, la ejecución financiera deja de ser el indicador estrella y pasa a ser apenas una condición necesaria, pero no suficiente. Lo verdaderamente relevante es la ejecución física, la calidad del gasto y la sostenibilidad del impacto. Un proyecto ejecutado al 100 % que no resuelve el problema que le dio origen no puede considerarse exitoso, por más impecable que sea su contabilidad.
La reflexión que el Perú necesita no es punitiva, sino estratégica. No se trata de eliminar el PIM ni de desconocer las complejidades del aparato estatal, sino de reordenar los incentivos. Mientras el sistema premie la corrección formal por encima del resultado, la racionalidad institucional seguirá empujando a “no ejecutar antes que ejecutar mal”. Ese es el verdadero costo oculto de la baja calidad del gasto.
En un contexto de restricciones fiscales, demandas sociales crecientes y desconfianza ciudadana, el presupuesto público debe recuperar su esencia: ser una herramienta de transformación. Pasar del énfasis en la ejecución al énfasis en los resultados no es una aspiración teórica; es una condición indispensable para el desarrollo. El reto está planteado: menos maquillaje presupuestal y más impacto real. El país ya no puede conformarse con gastar; necesita demostrar que cada sol cuenta y que cada decisión presupuestaria genera valor tangible para la sociedad.
César Augusto Novoa Chávez
CEO de Noza Investment Company SAC Perú, con 25 años de experiencia en servicios financieros, retail y consultoría. Con trayectoria como Gerente de Negocios en Derrama Magisterial, Gerente de Créditos en Banco Azteca y Jefe de Créditos en Banco del Trabajo y Caja Piura. Docente de posgrado, columnista y experto en transformación digital y gestión de riesgos. Economista con MBA (ESAN), especializado en Finanzas, Riesgos (ESAN, Tec de Monterrey) e Innovación (ESADE).
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