Emprender en el Perú: entre la promesa legal y la verdad de los indicadores

Una lectura crítica de 25 años de leyes pro-emprendedor

Durante los últimos veinticinco años, el Perú ha construido un amplio andamiaje normativo orientado a promover el emprendimiento. Leyes de formalización, regímenes tributarios especiales, programas de innovación, fondos concursables y esquemas de financiamiento público-privado han proliferado con un objetivo declarado: convertir al emprendedor en motor del crecimiento económico y de la inclusión social. Sin embargo, la pregunta relevante para una revista especializada no es cuántas leyes se aprobaron, sino qué resultados concretos produjeron y cómo se miden.

La evidencia empírica muestra una realidad más compleja que el discurso oficial. Desde inicios de los años 2000, el país logró reducir parcialmente las barreras de entrada para crear empresas y ampliar la base de contribuyentes formales. No obstante, la informalidad empresarial —medida de manera consistente por el INEI— sigue bordeando niveles estructuralmente altos. Tras un descenso gradual previo a la pandemia, el choque del COVID-19 evidenció la fragilidad del proceso: miles de unidades productivas retornaron a la informalidad, confirmando que formalizar no equivale a consolidar.

Otro indicador clave es la supervivencia empresarial. Las estadísticas del Ministerio de la Producción revelan que solo una fracción de los emprendimientos supera los cinco años de vida. El Perú crea empresas con rapidez, pero también las pierde con la misma velocidad. Este patrón sugiere que la política pública ha privilegiado el nacimiento del negocio, descuidando su etapa más crítica: la consolidación operativa, financiera y comercial.

La productividad constituye quizá el indicador más revelador —y el más incómodo—. De acuerdo con estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú, la productividad laboral de la micro y pequeña empresa representa apenas una quinta parte de la observada en las empresas medianas y grandes. Esta brecha se ha mantenido casi inalterada por décadas. Las leyes pro-emprendedor facilitaron el ingreso al mercado, pero no lograron transformar de manera sustantiva los modelos productivos, la adopción tecnológica ni la gestión empresarial.

En materia de financiamiento, los avances son ambivalentes. La inclusión financiera mejoró y el microcrédito se expandió, bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Sin embargo, el acceso a crédito no siempre se tradujo en mejores condiciones para crecer: tasas elevadas, plazos cortos y productos poco alineados al ciclo real del negocio siguen siendo la norma. Para los emprendimientos innovadores, el capital de riesgo continúa siendo escaso y altamente concentrado.

La dimensión de innovación y escalabilidad completa el diagnóstico. A pesar de programas públicos y del fortalecimiento institucional impulsado por el CONCYTEC, el gasto en investigación y desarrollo permanece por debajo de estándares regionales. El ecosistema startup existe, pero es pequeño, centralizado y con limitada capacidad de escalar hacia mercados internacionales.

Todo ello conduce a una conclusión clave: el Perú no carece de indicadores, pero sí de un tablero estratégico integrado. Los datos existen, dispersos entre entidades públicas, pero no conforman un sistema de seguimiento coherente que permita evaluar el impacto real de las políticas pro-emprendedor. Sin metas comunes, sin responsables claros y sin rendición de cuentas intersectorial, la política se fragmenta y pierde efectividad.

Desde una perspectiva tecnica, la lección es clara. Las leyes pro-emprendedor han sido necesarias, pero no suficientes. Han promovido la creación de negocios, pero no han lograd o, en términos agregados, construir empresas sostenibles, productivas y escalables. El desafío para el próximo ciclo no es normativo, sino estratégico: pasar de una política centrada en la formalización a una política enfocada en productividad, crecimiento y valor agregado.

La verdadera pregunta, entonces, no es si el Perú necesita más leyes para emprender, sino si está dispuesto a medirse con honestidad, integrar sus indicadores y alinear su acción pública con la evidencia. Solo así el emprendimiento dejará de ser un discurso aspiracional para convertirse en un pilar real del desarrollo económico.

César Augusto Novoa Chávez
CEO de Noza Investment Company SAC Perú, con 25 años de experiencia en servicios financieros, retail y consultoría. Con trayectoria como Gerente de Negocios en Derrama Magisterial, Gerente de Créditos en Banco Azteca y Jefe de Créditos en Banco del Trabajo y Caja Piura. Docente de posgrado, columnista y experto en transformación digital y gestión de riesgos. Economista con MBA (ESAN), especializado en Finanzas, Riesgos (ESAN, Tec de Monterrey) e Innovación (ESADE).