El nuevo escándalo suscitado por lo que se califica de “mal o ilegal uso” del dinero que el estado otorga a los participantes en la campaña electoral proviene de la ley. La idea de que el estado debía dar recursos a los partidos para informar y formar democráticamente a la gente usando la radio y la televisión se originó en los años ochenta. En primer lugar se pensó obligar a los medios de radiotelevisión a que aportaran gratuitamente algún tiempo de transmisión por el bien de la nación. Obviamente, la propuesta fue rechazada por los empresarios, aduciendo que ello constituía una “expropiación” de la frecuencia asignada, el principal bien con el que hacen dinero. En segundo lugar, se aplicó por más de veinte años la regla de que el estado comprara los tiempos de transmisión y los distribuyera por sorteo equitativo entre los candidatos. Esto funcionó sin mayor problema administrativo, pero también sin mayor efectividad, pues los partidos difundían programas anodinos, u omitían presentarlos como decía el cartelito expuesto en pantalla durante todo el tiempo asignado. A las organizaciones políticas no les interesaba informar y formar democráticamente a la población, ni siquiera gratis, pues siempre había algunos “interesados” en realizar las donaciones realmente importantes. Finalmente, la actual modificación legal ha reducido al estado a ser solo el diligenciero de los candidatos, encargado de poner los millones y pagar las transmisiones, ahora incluso en internet, dónde y cuándo decidan los candidatos, lo que ellos han empezado a hacer de inmediato. El número exorbitante de 38 grupos candidatos despierta la sospecha de que probablemente algunos pretenden apropiarse del dinero de los peruanos cuando ganen las elecciones, pero también es probable que haya otros “emprendedores políticos” cuya única aspiración ha sido recibir el cuantioso regalo del fondo oficial de la propaganda electoral. Una modalidad que utilizarán unos y otros para apropiarse de los 80 millones de soles de esta campaña será “contratar” la propaganda política en sus propios medios, o los de sus amigos y parientes con compromiso de retorno. El monto establecido para cada grupo que no participó en la elección anterior es de S/. 1,699,247.11 y para el partido ganador de Castillo (hoy encarcelado) y de su candidato Cerrón (hoy con orden de captura) es de S/. 7,728,818.73.
Ninguno de nuestros sistemas de entrega de recursos públicos a los candidatos ha sido útil para la información y formación democráticas, como lo prueba el hecho de que estamos en un nivel político mucho más precario que hace cincuenta años. La solución al problema actual la tiene el presidente mediante la firma del decreto de urgencia que derogue esta vía legal de apropiación monetaria electoral. El estado no debe entregar ningún dinero de la gente a los candidatos, pero también debe impedir que lo hagan las grandes organizaciones delictivas que buscan apoderarse de lo que aún les falta capturar de nuestros tres poderes públicos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
José Perla
Abogado por la PUCP, con maestrías en Wisconsin y Barcelona y doctorado en Sociología por San Marcos. Ha ocupado altos cargos en INDECOPI, IRTP y organismos cinematográficos, siendo el primer presidente de CONACINE y autor principal de la Ley de Radio y Televisión. Profesor por cuarenta años, investigador, autor prolífico y referente en Derecho y Ética de la Comunicación en el ámbito académico y cultural peruano.
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