Por Jorge Céliz Kuong
En el Perú se ha instalado una frase peligrosa: “la política es cochina”. No es solo una expresión popular; se ha convertido en una coartada cultural para justificar la corrupción como si fuera un requisito del pragmatismo. Bajo esa lógica, quien no acepta conductas indebidas es visto como ingenuo o “inservible”. El mensaje es claro: si no participas del juego, no sobrevives. Pero ese discurso no es inocente. Es el mecanismo de defensa de un sistema que necesita normalizar la complicidad para sostenerse.
La última década ha sido prueba de una profunda erosión institucional. Desde 2016, el país ha atravesado una inestabilidad presidencial crónica que debilitó la confianza pública y convirtió la confrontación política en regla. La ciudadanía no solo observa crisis; percibe improvisación, blindajes, negociaciones opacas y una desconexión creciente entre representación y realidad. No se trata de un malestar pasajero. Es el resultado de una acumulación de decepciones que ha producido fatiga democrática.
En ese contexto, quienes sostienen principios firmes suelen ser etiquetados como problemáticos. La integridad incomoda porque rompe pactos tácitos. Un actor íntegro es impredecible para quienes conciben el poder como inversión y retorno. Por eso se intenta desacreditarlo: no porque no sirva, sino porque no es funcional al engranaje de lealtades precarias que caracteriza a buena parte del sistema.
De cara a las elecciones generales del 12 de abril del 2026, esa tensión será más visible que nunca. El país enfrenta una fragmentación histórica con más de 35 candidaturas presidenciales inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ningún postulante logra consolidar un liderazgo dominante y cerca de la mitad del electorado aún no define su voto, según diversos sondeos recientes. La indecisión no es apatía; es búsqueda. Es un electorado que no encuentra referentes creíbles y que prioriza honestidad por encima de trayectoria política tradicional.
A esto se suma el retorno a la bicameralidad parlamentaria, que reconfigurará la arquitectura institucional y exigirá mayor capacidad técnica y política para construir consensos. En un Congreso fragmentado, la tentación de repetir prácticas transaccionales será alta. El argumento de que “solo los audaces sobreviven” volverá a circular, intentando reinstalar la idea de que la ética es un obstáculo y no una fortaleza.
Sin embargo, el momento político también abre una oportunidad real. Cuando la confianza está en mínimos, la coherencia se convierte en activo estratégico. La integridad ya no es solo virtud moral; es diferenciación competitiva. En un mercado electoral saturado de ofertas similares, la credibilidad puede marcar la diferencia entre pasar desapercibido o convertirse en alternativa viable.
Pero la integridad no puede ser ingenua. Requiere estrategia. Exige piel gruesa para soportar ataques, equipos técnicos sólidos para gobernar con eficacia y redes de soporte ético que impidan la captura por intereses particulares. Negociar políticas públicas es legítimo; negociar principios no lo es. Esa línea debe ser clara desde el inicio.
Que el sistema descalifique a alguien por no adaptarse a sus códigos es, en el fondo, una señal de amenaza. Significa que esa conducta disruptiva puede alterar equilibrios establecidos. En un país donde el hartazgo se ha convertido en sentimiento transversal, la ética coherente puede movilizar a ese amplio segmento que hoy duda y observa.
El Perú atraviesa una crisis de representación profunda, pero no irreversible. La fragmentación electoral y la desconfianza generalizada no solo evidencian desgaste; también revelan una oportunidad histórica. Si la integridad se asume como estrategia y no como simple discurso, puede convertirse en el factor decisivo para desmontar la normalización del cinismo y reconstruir la legitimidad democrática desde las urnas.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.


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