Por Jorge Céliz Kuong
En América Latina, varios países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay han mantenido sistemas bicamerales con Senadores y Diputados, destinados a combinar representación territorial con revisión legislativa. El unicameralismo, por su parte, predomina en Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela, con una sola cámara que destaca por mayor rapidez y menor costo. El Perú, tras décadas de unicameralismo, ha aprobado una reforma para restaurar un Congreso bicameral a partir de julio de 2026, con 130 diputados y 60 senadores elegidos en las elecciones generales del 12 de abril de 2026, marcando la primera vez desde 1990 que la estructura legislativa volverá a dos cámaras.
Este cambio constitucional surge en medio de un clima de profunda desconfianza ciudadana y crisis institucional persistente. En el referéndum de 2018, más del 85 % de peruanos rechazó retornar a la bicameralidad (lo cual choca con la decisión reciente del Congreso) y hoy ese mismo Congreso mantiene niveles de aprobación muy bajos, reflejo de años de desencanto con la clase política.
La crisis política peruana se ha profundizado en el 2026 con la destitución del presidente interino José Jerí tras escándalos de reuniones no declaradas con empresarios chinos, y la elección por el Congreso del legislador José María Balcázar como presidente interino, quien será jefe de Estado hasta las elecciones de abril. Balcázar es ya el octavo presidente en menos de una década, símbolo de la alta rotación y fragilidad institucional que define al país en los últimos años.
En este contexto, el proceso electoral está caracterizado por una alta fragmentación política y una enorme oferta de candidatos bajo propuestas poco claras. Con cerca de 36 candidaturas presidenciales confirmadas y un Electorado con casi 30 % de indecisos según encuestas recientes, ningún aspirante supera el 14 % de intención de voto, lo que refleja una ciudadanía desconectada y sin liderazgos fuertes consolidados.
Varios nombres polémicos figuran en la contienda electoral: Rafael López Aliaga lidera las preferencias con aproximadamente 13.9 %, seguido por figuras como Keiko Fujimori con cerca del 7 %, mientras un tercio de votantes aún no define su elección, lo que agrega volatilidad al panorama.
La lista de candidatos a curules en el nuevo Congreso bicameral también revela problemas de calidad de oferta política. Por ejemplo, un informe reciente detectó que candidatos al Congreso por la circunscripción de peruanos en el exterior no han vivido jamás fuera del país, lo cual cuestiona la representatividad de quienes se postulan.
Además, figuras políticas como el expresidente Pedro Castillo han sido incluidos en listas para el Senado pese a estar encarcelados, lo que ilustra la complejidad y falta de filtros en el sistema de selección de candidatos.
La restauración del sistema bicameral se presenta como una oportunidad teórica para reforzar la deliberación y los frenos y contrapesos institucionales, pero su implementación en un ambiente de alto descontento y deslegitimación puede traducirse más en burocracia que en calidad normativa, si no viene acompañada de una oferta política capaz de elevar estándares de representación y liderazgo.
La gobernabilidad en Perú no está garantizada ante la calidad de candidatos y la polarización electoral del 2026. La combinación de un sistema político fragmentado, altos índices de indecisión electoral, candidatos con perfiles cuestionables y una transición institutional profunda crea un escenario de alta incertidumbre. Sin reformas profundas que fortalezcan partidos, mejoren filtros de selección y recuperen la confianza ciudadana, el retorno a la bicameralidad podría convertirse en una capa adicional de complejidad más que en un motor de estabilidad democrática.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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