Parlamento en crisis: Perú como espejo de la descomposición representativa en América Latina

Por Jorge Céliz Kuong
26 de febrero de 2026

En América Latina, los requisitos constitucionales para ser parlamentario responden a un mismo patrón republicano: nacionalidad, pleno ejercicio de derechos civiles y políticos, residencia previa en la circunscripción y una edad mínima diferenciada entre cámaras. Para diputados, la exigencia suele ubicarse entre 21 y 25 años; para senadores, entre 30 y 45. El Perú, tras aprobar el retorno a la bicameralidad, elevó la valla del Senado a 45 años o experiencia parlamentaria previa, bajo la premisa de asegurar mayor madurez y capacidad deliberativa. En la región, países como Uruguay, Chile y Costa Rica suelen citarse como referentes por sus organismos electorales autónomos y reglas de transparencia relativamente consolidadas.

Sin embargo, el problema central no es normativo, sino político. La confianza ciudadana en los congresos latinoamericanos permanece en niveles históricamente bajos. La percepción de captura por intereses particulares, financiamiento opaco, uso estratégico de la inmunidad parlamentaria y prácticas como el transfuguismo han erosionado la legitimidad. Algunos países han respondido con sanciones severas: en Colombia la pérdida de investidura por inasistencia o conflicto de intereses es una herramienta contundente; en Brasil se impulsaron leyes de “Ficha Limpia” para excluir a condenados; en Ecuador se aplica la inhabilitación perpetua por delitos contra la administración pública. Aun así, la desafección persiste.

El Perú concentra hoy muchas de estas tensiones. Desde el 2016, el país ha experimentado una inestabilidad política constante, con sucesivas crisis entre Ejecutivo y Legislativo. En el 2022, el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso en un acto que fue interpretado como quiebre constitucional; el Parlamento reaccionó con su destitución por incapacidad moral. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el poder en medio de protestas masivas y una polarización profunda. Las investigaciones fiscales, la baja aprobación y la presión política culminaron en su salida en 2025, consolidando un ciclo de reemplazos presidenciales que ha debilitado la estabilidad institucional.

En menos de una década, el Perú ha tenido múltiples jefes de Estado, lo que revela un sistema político fragmentado, con partidos débiles y sin mayorías claras. El Congreso, lejos de actuar como factor de equilibrio, ha sido protagonista de censuras, interpelaciones y procesos de vacancia que, aunque constitucionales, han sido percibidos como instrumentos de disputa política antes que como controles excepcionales. La figura de la “incapacidad moral permanente”, aplicada reiteradamente, ha ampliado el margen interpretativo del Parlamento y ha generado cuestionamientos sobre su uso estratégico.

A ello se suma el transfuguismo y la volatilidad de bancadas, donde legisladores cambian de agrupación sin consecuencias efectivas, debilitando el mandato electoral. La agenda legislativa tampoco ha logrado conectar con las prioridades ciudadanas en seguridad, empleo e inflación. Las reformas estructurales (como la bicameralidad) apuntan a mejorar el diseño institucional, pero no garantizan por sí solas mayor legitimidad si no se fortalecen los partidos, la transparencia del financiamiento y la rendición de cuentas.

La experiencia peruana demuestra que endurecer requisitos o crear nuevas cámaras no basta para restaurar la confianza. La crisis es más profunda: es una crisis de representación y de ética pública. Sin partidos programáticos, disciplina interna y coherencia entre promesas y decisiones, el ciudadano seguirá percibiendo un divorcio entre su voto y la conducta de sus representantes. América Latina enfrenta así una paradoja persistente: más controles formales, pero menos legitimidad social. Recuperar la confianza no depende solo de cambiar las reglas, sino de cambiar la práctica política.

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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.