Por Jorge Céliz Kuong
2 de marzo de 2026
La democracia contemporánea en el Perú enfrenta una tensión constante entre la defensa de las libertades civiles y la necesidad de preservar el orden público dentro del marco constitucional. Esta tensión es legítima en un Estado de derecho, pero se vuelve peligrosa cuando se confunde libertad con libertinaje. La libertad implica responsabilidad y respeto a la ley; el libertinaje supone desbordar límites normativos y vulnerar derechos ajenos. Esta distinción es clave para comprender el peligro de retroceso democrático y la posible consolidación de una democracia formal con instituciones debilitadas.
Desde el 2022 el Perú vive una prolongada crisis política e institucional. El quiebre se produjo tras el intento de ruptura constitucional de Pedro Castillo, lo que abrió una etapa de sucesión presidencial, protestas masivas y estados de emergencia. La gestión de Dina Boluarte ha debido gobernar en medio de una fuerte caída de legitimidad y una relación compleja con el Congreso.
El Parlamento actual refleja una fragmentación profunda. Bancadas ideológicamente antagónicas mantienen discursos públicos de confrontación, pero alcanzan acuerdos tácticos cuando se trata de preservar cuotas de poder, controlar la Mesa Directiva, influir en designaciones clave o condicionar la estabilidad del gabinete. La censura ministerial y la amenaza de vacancia se han convertido en herramientas recurrentes de presión política. Esta dinámica genera un Ejecutivo condicionado por equilibrios frágiles, más enfocado en sobrevivir políticamente que en ejecutar reformas estructurales de largo plazo.
El proceso electoral previsto para abril del 2026 se desarrolla en un clima de desconfianza ciudadana y creciente preocupación por la seguridad. En el 2025 el país registró uno de los niveles más altos de homicidios y extorsiones de la última década. El sicariato, la criminalidad organizada y las redes de cobro de cupos afectan tanto a grandes ciudades como a economías regionales. Para amplios sectores de la población, la inseguridad ha desplazado a la corrupción como principal problema nacional.
En este contexto, la expansión de economías ilegales (minería ilegal en la Amazonía y el sur andino, narcotráfico en el VRAEM y contrabando en zonas fronterizas) constituye un riesgo estructural para la democracia. Estas organizaciones disponen de recursos financieros significativos y capacidad de control territorial. Su influencia en el proceso político no suele ser abierta, sino indirecta: financiamiento encubierto de campañas locales y regionales, presión sobre candidatos, cooptación de autoridades y redes de protección. La amenaza no es solo la violencia, sino la infiltración silenciosa en la representación democrática.
El sistema de justicia es un eslabón crítico en esta coyuntura. El Poder Judicial del Perú y el Ministerio Público enfrentan sobrecarga procesal, limitaciones presupuestales y cuestionamientos sobre su eficacia e independencia. La demora en investigaciones complejas y la percepción de decisiones contradictorias debilitan la confianza ciudadana. Sin una reforma integral que fortalezca la carrera judicial y fiscal, incorpore tecnología, mejore los sistemas de control disciplinario y blinde los procesos de selección frente a interferencias políticas, cualquier estrategia contra el crimen organizado será insuficiente.
Asimismo, los medios de comunicación cumplen un rol determinante. En un proceso electoral marcado por la polarización, su responsabilidad ética y social es mayor. No basta con amplificar conflictos; se requiere verificación rigurosa de datos, contraste de fuentes y análisis de propuestas. Cuando la información se reduce a confrontación ideológica o espectáculo, se empobrece la deliberación pública y se fortalece la fragmentación social.
El Perú enfrenta un desafío integral: garantizar elecciones limpias, combatir con eficacia el crimen organizado, reformar profundamente el sistema de justicia y reconstruir una relación institucional madura entre Ejecutivo y Legislativo sin repartos opacos de poder. No se trata de elegir entre orden y libertad, sino de sostener ambos bajo el Estado de derecho. Si la política continúa subordinada a cálculos de poder y los intereses ilícitos penetran la representación, la democracia puede mantenerse en apariencia, pero vaciarse de contenido real. Evitar esa captura silenciosa es hoy una tarea urgente para preservar la República.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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