Jorge Céliz Kuong
3 de marzo de 2026
Lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos años no es un accidente político, sino la consolidación de una restauración en el poder de grupos y operadores que arrastran un rechazo ciudadano cercano al 90%, según diversas encuestas nacionales. La desconfianza hacia el Congreso, los partidos y el Ejecutivo se mantiene en niveles críticos. Ningún presidente reciente ha logrado gobernar sin quedar atrapado en la lógica de supervivencia frente a un Parlamento fragmentado y confrontacional. La consecuencia ha sido una dinámica permanente de vacancias, censuras y amenazas judiciales que han debilitado aún más la institucionalidad.
El actual Congreso no solo reproduce prácticas de sus antecesores; además, ha ampliado progresivamente su influencia política. Reformas aprobadas en los últimos años han modificado reglas electorales, restituido la bicameralidad a partir del 2026 y reforzado mecanismos de control político sobre el Ejecutivo. Sin embargo, estas decisiones no han estado acompañadas de mayor legitimidad. Por el contrario, la percepción pública es que las reglas se ajustan para proteger intereses antes que para fortalecer la representación.
El sistema electoral se ha vuelto extraordinariamente atomizado. Más de 35 partidos cuentan con inscripción vigente rumbo a las elecciones generales del 2026. Esta fragmentación complica la fiscalización ciudadana, diluye responsabilidades y facilita alianzas coyunturales sin coherencia programática. La mitad del electorado se declara indeciso o poco identificado con alguna fuerza política, lo que anticipa un escenario de alta volatilidad. El problema no es la incapacidad del votante, sino un diseño institucional que premia la dispersión y castiga la gobernabilidad.
A ello se suma una crisis de seguridad que golpea directamente la vida cotidiana. El avance del crimen organizado, las extorsiones a transportistas y pequeños emprendedores y el crecimiento de economías ilegales han deteriorado la sensación de orden. Aunque el Ejecutivo ha declarado estados de emergencia en diversas regiones, los resultados son limitados. Sin coordinación eficaz entre ministerios, fiscalía y gobiernos locales, la respuesta se percibe reactiva y fragmentada.
En este escenario, el rol de las Fuerzas Armadas adquiere una dimensión sensible dentro del control democrático. Su función constitucional es garantizar la independencia, el orden interno en situaciones excepcionales y la soberanía nacional, siempre subordinadas al poder civil. En contextos de crisis política y estados de emergencia, su participación debe ser estrictamente temporal, complementaria a la Policía y sujeta a supervisión parlamentaria y judicial. Las Fuerzas Armadas no pueden convertirse en árbitro político ni en instrumento de presión institucional. Su neutralidad es una condición esencial para la estabilidad democrática.
Sin embargo, el problema estructural no termina en el Ejecutivo o el Legislativo. El sistema judicial también enfrenta una severa crisis de legitimidad. Procesos que se prolongan durante años, decisiones contradictorias y percepciones de selectividad en la persecución penal han erosionado la confianza pública. Una reforma judicial integral es imprescindible: fortalecer la meritocracia en la designación y evaluación de jueces y fiscales, transparentar los procesos disciplinarios, digitalizar expedientes para reducir la mora procesal y blindar la autonomía del Ministerio Público frente a presiones políticas. Sin justicia predecible y oportuna, cualquier lucha contra la corrupción o el crimen organizado será retórica.
Confiar ciegamente en cualquier presidente, gabinete o bancada resulta ingenuo. La fragilidad institucional se ha convertido en norma: un mandatario puede caer en cualquier momento o, si se sostiene, lo hace negociando cuotas de poder que distorsionan la gestión pública. La política gira en torno a cálculos de supervivencia antes que a reformas estructurales.
De cara al 2026, el riesgo no es solo la continuidad del desorden, sino la consolidación de discursos radicales que capitalicen el malestar. Para evitarlo, se requieren pilares claros: construir un bloque democrático que reduzca la atomización en el nuevo Congreso bicameral; recuperar la agenda social con resultados concretos en salud, educación e infraestructura rural; priorizar una estrategia integral de seguridad con apoyo militar bajo parámetros constitucionales; y ejecutar una reforma profunda del sistema judicial que garantice sanción efectiva y debido proceso.
El Perú no enfrenta solo una crisis política; enfrenta una crisis de diseño institucional. Sin una transformación simultánea del sistema electoral, del equilibrio de poderes y de la justicia, seguiremos atrapados en el mismo ciclo de confrontación y abuso. En el 2026 no se decidirá únicamente quién gobierna, sino si el país opta por una reforma integral que restablezca la confianza o por prolongar indefinidamente la inestabilidad.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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