Durante mi paso por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, y particularmente como presidente de la Comisión de Organismos Reguladores, uno de los temas que más preocupación generó entre los países de la región fue el alto costo de los medicamentos y la desigualdad en el acceso a tratamientos esenciales.
En ese espacio internacional se discutieron experiencias comparadas, reformas regulatorias y mecanismos para ampliar el acceso a medicamentos seguros y de menor costo. De esas discusiones surgió una recomendación clara: promover el uso masivo de medicamentos genéricos con bioequivalencia certificada.
Hoy, varios años después, aquella recomendación se ha convertido en una necesidad urgente para el Perú.
En el país, miles de familias enfrentan diariamente una realidad dura: muchas medicinas cuestan dos o tres veces más que en otros países de América Latina. Esta situación no solo afecta la economía familiar, sino que en muchos casos impide que los pacientes continúen sus tratamientos, especialmente en enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o problemas cardiovasculares.
Mientras en países vecinos existen miles de medicamentos bioequivalentes disponibles, en el Perú el número aún es reducido, lo que limita la competencia y mantiene los precios elevados. Esta brecha demuestra que la regulación sanitaria y el mercado farmacéutico necesitan una reforma moderna y responsable.
Por ello, la experiencia acumulada en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño permite afirmar que el país debe avanzar hacia una ley nacional de medicamentos genéricos bioequivalentes, basada en legislación comparada y en estándares internacionales de salud pública.
Un proyecto de ley con esta visión debería incluir cinco pilares fundamentales:
- Primero, establecer la bioequivalencia obligatoria progresiva para los medicamentos esenciales, garantizando que los genéricos tengan la misma eficacia y seguridad que los medicamentos de marca.
- Segundo, fortalecer el rol técnico de la autoridad sanitaria, especialmente de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, para acelerar los procesos de evaluación y certificación.
- Tercero, permitir el reconocimiento automático de medicamentos aprobados en países con alta vigilancia sanitaria, reduciendo tiempos y costos de registro.
- Cuarto, promover compras corporativas del Estado para hospitales y sistemas públicos de salud, logrando economías de escala que reduzcan significativamente los precios.
- Quinto, impulsar una política de producción farmacéutica nacional, que fortalezca la soberanía sanitaria y genere mayor competencia en el mercado.
El objetivo de esta reforma no es confrontar a la industria farmacéutica, sino equilibrar el sistema para que la innovación conviva con el acceso universal a la salud.
La medicina no puede ser un privilegio reservado para quienes pueden pagarla. Debe ser una garantía real para todos los ciudadanos.
El Perú tiene la oportunidad de aprender de las mejores experiencias internacionales y transformar el acceso a medicamentos en una política pública de justicia social y eficiencia económica.
Porque cuando un país asegura medicinas accesibles, no solo protege la salud de su población: protege también su dignidad y su futuro. Y no olvidaré a mi creador, Juan Aita valle, que vivió dando salud, con juramento hipocrático. Con responsabilidad, Rafael Aita Campodónico
Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000. Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.


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