Si yo fuera candidato

Estamos asistiendo a un proceso electoral donde los debates presidenciales repiten el mismo libreto. Los candidatos prometen “lucha frontal contra la corrupción”, “muerte civil para los corruptos”, “que devuelvan el doble de lo robado” o la creación de nuevas instituciones que “persigan el delito”. Las frases cambian de forma, pero no de fondo. Son, en esencia, respuestas reactivas frente a una enfermedad que ya se ha manifestado dentro del Estado.

A veces resulta difícil saber si los candidatos aspiran a llegar a Palacio o terminar en un penal, pues los últimos presidentes proclamaron, con idéntica convicción, exactamente las mismas promesas. Hoy purgan condena en Barbadillo.

El problema es que estas propuestas parten de un error de enfoque: atacan las consecuencias, no las causas. La corrupción no se reduce con más castigo cuando el sistema ya ha permitido que ocurra; se reduce cuando el sistema hace que cometerla sea difícil, riesgoso y prácticamente inviable.

Si yo fuera candidato, no centraría mi propuesta en perseguir al corrupto cuando ya actuó, sino en disuadirlo antes de que siquiera lo intente.

Porque la corrupción no prospera solo por la impunidad —también enquistada en el Estado—, sino por la existencia de zonas de opacidad protegidas, muchas veces, por el uso indebido de derechos concebidos para otra finalidad.

Los derechos fundamentales nacen para proteger al individuo frente al poder del Estado. Pero no pueden convertirse en un escudo cuando ese mismo individuo ejerce ese poder. El funcionario público no actúa sobre lo propio —sus bienes morales o materiales—, sino sobre lo ajeno: recursos, decisiones y confianza que pertenecen a la Nación.

Cuando una persona, en su vida privada, comete un delito, puede afectar la moral y la dignidad de su entorno. Pero cuando quien ha recibido la confianza de administrar y custodiar los recursos de todos los peruanos incurre en actos de corrupción, el daño trasciende lo individual, compromete la moral de la Nación entera y la expone al descrédito internacional.

Pretender invocar la misma intensidad de derechos en el ámbito funcional equivale a trasladar indebidamente garantías privadas al manejo de lo público.

Por ello, propondría un principio claro:
a mayor poder público, menor opacidad personal en el ejercicio del cargo.

Esto no implica eliminar derechos, sino redefinir su alcance en el ámbito funcional. En ese sentido, plantearía cuatro medidas concretas:

Primero, el establecimiento de un deber reforzado de colaboración. El funcionario público no podría escudarse en el derecho al silencio frente a investigaciones administrativas relacionadas con su gestión. El derecho a no auto incriminarse se mantiene en el ámbito penal, pero en el plano administrativo, el silencio debe tener consecuencias.

Segundo, la desprivatización de las comunicaciones funcionales. Toda comunicación realizada en el ejercicio del cargo —correos, llamadas, mensajería institucional— debe ser susceptible de control. Lo público no puede gestionarse en canales opacos.

Tercero, un régimen de transparencia patrimonial intensiva. Quien administra recursos del Estado debe aceptar un nivel de escrutinio superior sobre su evolución patrimonial. No como sanción, sino como condición del cargo.

Cuarto, la relativización del secreto bancario en el ejercicio de la función pública. Quien gestiona recursos del Estado no puede invocar el mismo nivel de reserva sobre su información financiera que un ciudadano en su esfera privada. Ante indicios razonables, el acceso a dicha información debe ser ágil y efectivo, como parte del control propio de la función pública.

Estas medidas no buscan debilitar derechos, sino restablecer su sentido original. Los derechos fundamentales protegen al ciudadano frente al Estado; no fueron diseñados para blindar al funcionario frente al control del Estado y de la sociedad.

Hoy, la corrupción se alimenta del uso indebido de derechos personales, de la dificultad para investigar, de la lentitud de los procesos y de la opacidad de la información. Reducir estos espacios no solo facilita la acción de la justicia, sino que genera un efecto aún más poderoso: la disuasión.

Quien ingresa a la función pública acepta un régimen especial de exposición y control. Porque cuando el sistema deja claro que todo acto será visible, rastreable y verificable, el incentivo a corromperse disminuye drásticamente.

La corrupción no se combate con más leyes, sino con menos sombras.

Juan Reyes La Rosa.
Administrador de empresas y Contador Público, con maestría de administración en la UNMSM y diplomado internacional de Control de Gestión en la Universidad de Piura en convenio con la Universidad de Chile. En el campo de la investigación ha dedicado sus esfuerzos al estudio de las obras de Leonardo Da Vinci. Es el XIII campeón nacional de ajedrez postal y en su reciente publicación, Reforma del Ajedrez y el Número de Oro, demuestra el origen matemático del ajedrez.