El Perú enfrenta un punto de inflexión decisivo: la tecnología ha dejado de ser un complemento para convertirse en el eje de la viabilidad nacional. No obstante, esta transición se desarrolla en medio de profundas brechas estructurales. Mientras algunas capitales regionales avanzan en su modernización digital, amplios sectores del sistema educativo básico permanecen rezagados debido a infraestructura precaria y carencias esenciales. La ausencia de servicios básicos en miles de escuelas limita cualquier intento serio de innovación pedagógica, evidenciando una desconexión crítica entre las aspiraciones de desarrollo y la realidad material.
A esta problemática se suma un deterioro progresivo de la cohesión social. La pérdida del sentido de pertenencia y de responsabilidad ciudadana demanda una intervención estructural desde la educación. En este contexto, resulta indispensable reintroducir la educación cívica obligatoria desde la etapa primaria, no solo como contenido curricular, sino como mecanismo formativo para reconstruir el tejido social y fortalecer la identidad nacional sobre bases de disciplina, respeto institucional y compromiso colectivo.
Sin embargo, el desarrollo del capital humano no puede abordarse únicamente desde lo académico. Existe un componente fundamental que ha sido históricamente subestimado: la nutrición. Un estudiante con déficit alimentario carece de las condiciones mínimas para el aprendizaje efectivo, lo que perpetúa desigualdades desde la infancia. Por ello, es imprescindible integrar de manera sistemática programas de atención alimentaria escolar que garanticen una nutrición adecuada, especialmente en zonas vulnerables. La alimentación debe ser concebida como un pilar complementario de la política educativa, asegurando no solo la permanencia en el aula, sino también el rendimiento cognitivo y físico de los estudiantes.
En paralelo, la consolidación de un capital humano competitivo exige reforzar la meritocracia bajo principios de disciplina, ética y esfuerzo sostenido. La infraestructura, por sí sola, carece de impacto si no está acompañada por ciudadanos formados en valores sólidos. En esa línea, el servicio militar voluntario puede constituirse en una herramienta estratégica de formación integral, proporcionando a los jóvenes disciplina, capacitación técnica y sentido de servicio a la nación, acompañado de incentivos educativos que fortalezcan su proyección profesional.
Un elemento crítico para sostener esta transformación es la revalorización del rol docente. La mejora progresiva y sostenida de los sueldos de los maestros resulta indispensable para atraer y retener talento en el sistema educativo. Sin una compensación adecuada, cualquier intento de elevar la calidad educativa será estructuralmente limitado. Por ello, la política pública debe vincular incrementos salariales con evaluación de desempeño, capacitación continua y reconocimiento al mérito, consolidando así una carrera docente competitiva, digna y orientada a resultados.
Por otro lado, el sistema educativo enfrenta distorsiones derivadas de prácticas mercantilistas que han debilitado su rol como derecho fundamental. La expansión de ofertas educativas de calidad desigual ha priorizado, en muchos casos, el lucro por encima de la excelencia académica. Frente a ello, se requiere una regulación estricta que garantice estándares mínimos de calidad. Asimismo, es clave avanzar hacia la consolidación de una educación universitaria pública, gratuita y de alto nivel, respaldada por un incremento progresivo del gasto educativo hasta alcanzar el seis por ciento del producto bruto interno.
La respuesta a estos desafíos debe ser integral y operativamente viable. Es necesario declarar en emergencia la infraestructura educativa y acelerar su reconstrucción mediante asociaciones público-privadas eficientes. De forma paralela, se debe fortalecer la formación continua del docente y establecer sistemas de incentivos que premien el alto rendimiento estudiantil, incluyendo becas de especialización internacional.
En el plano institucional, resulta fundamental profundizar la descentralización presupuestal mediante la creación de fondos regionales de innovación, orientados a resolver problemáticas locales con mayor eficacia. La interoperabilidad de los sistemas estatales y el monitoreo riguroso del gasto permitirán asegurar que cada recurso invertido se traduzca en mejoras tangibles.
En síntesis, el futuro del Perú dependerá de su capacidad para articular infraestructura moderna, capital humano disciplinado y seguridad alimentaria como base del aprendizaje. La educación debe consolidarse como el principal mecanismo de equidad social, donde el mérito, la nutrición adecuada, la revalorización docente y la formación cívica converjan para construir un país competitivo, cohesionado y protagonista en el escenario global.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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