Estabilidad macroeconómica sin transformación estructural en una economía que aún no convierte gasto en bienestar

El presupuesto público es, probablemente, el instrumento más determinante —y a la vez más subestimado— de la política económica. No solo organiza ingresos y egresos; define la capacidad real del Estado para transformar recursos en desarrollo. En el Perú, esta herramienta revela una paradoja persistente: el país ha logrado consolidar una arquitectura macrofiscal estable, pero no ha sido capaz de traducir esa estabilidad en mejoras sostenidas en productividad, competitividad y bienestar.
El Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, que supera los S/ 257 mil millones según el Ministerio de Economía y Finanzas, confirma una tendencia que se ha mantenido en las últimas décadas: el Perú no enfrenta una crisis fiscal en términos tradicionales, pero sí una limitación estructural en la calidad de su gasto. Esta distinción es clave, porque redefine el diagnóstico y, en consecuencia, las soluciones.
En términos comparados, el Perú presenta indicadores fiscales que podrían considerarse prudentes. El déficit fiscal se mantiene en torno al 2% del producto bruto interno y la deuda pública bordea el 30%–32% del PBI, niveles significativamente menores a los observados en economías desarrolladas o incluso en varios países de América Latina. Sin embargo, esta fortaleza aparente descansa sobre una base frágil: una presión tributaria que apenas alcanza el 14%–15% del PBI, muy por debajo del promedio regional y lejísimos de los estándares de la OCDE.
Este desbalance genera una primera tensión estructural. El Estado peruano busca atender demandas propias de una economía en desarrollo —infraestructura, seguridad, salud, educación— con una capacidad recaudatoria limitada. No se trata solo de cuánto se recauda, sino de la sostenibilidad de ese modelo en el tiempo. En contraste, América Latina presenta una presión tributaria promedio superior al 20% del PBI, aunque comparte con el Perú un problema crítico: la baja eficiencia del gasto. Es decir, la región recauda más, pero no necesariamente convierte ese mayor ingreso en mejores resultados.
Cuando se amplía el análisis hacia economías avanzadas, el contraste se vuelve aún más evidente. Estados Unidos opera con déficits fiscales estructurales y niveles de deuda superiores al 100% del PBI, pero su capacidad de financiamiento está respaldada por la hegemonía del dólar y la profundidad de sus mercados financieros. Alemania, por su parte, combina una presión tributaria cercana al 40% del PBI con una ejecución altamente eficiente del gasto público, lo que se traduce en servicios de alta calidad e infraestructura de clase mundial. Japón, aun con niveles de deuda superiores al 250% del PBI, mantiene estabilidad gracias a su fortaleza institucional y su capacidad de financiamiento interno.
Estos casos permiten extraer una conclusión fundamental: la sostenibilidad fiscal no depende exclusivamente del nivel de gasto o endeudamiento, sino de la calidad institucional del Estado. En otras palabras, el problema no es cuánto se gasta, sino qué tan bien se gasta.
En este punto, el caso peruano resulta particularmente ilustrativo. El país no es un Estado sobregastador ni presenta desequilibrios fiscales extremos. Sin embargo, tampoco logra niveles de eficiencia comparables a economías avanzadas. Esta posición intermedia genera una trampa silenciosa: estabilidad sin transformación. El presupuesto crece, se ejecuta, pero no necesariamente produce el impacto esperado en términos de desarrollo.
La evidencia empírica respalda esta afirmación. Diversos estudios en economía pública han demostrado que la relación entre gasto público y crecimiento económico depende críticamente de la eficiencia del gasto. El propio Ministerio de Economía y Finanzas ha reconocido que el Perú podría generar ahorros de entre 1.4% y 2.5% del PBI si mejora la eficiencia en compras públicas, inversión y transferencias. Este dato es revelador, porque sugiere que el país no enfrenta una restricción fiscal en sentido estricto, sino una restricción de gestión.
El problema, por tanto, es institucional. A pesar de contar con herramientas como el Presupuesto por Resultados y mecanismos de transparencia relativamente avanzados, el sistema presupuestario peruano sigue enfrentando desafíos estructurales: fragmentación del gasto, rigidez presupuestaria, capacidades heterogéneas en los gobiernos subnacionales y una persistente desconexión entre asignación de recursos y resultados efectivos.
A ello se suma un riesgo creciente que no debe subestimarse. El Consejo Fiscal ha advertido sobre la proliferación de iniciativas legislativas que incrementan el gasto o reducen ingresos sin financiamiento sostenible. Este fenómeno erosiona gradualmente la disciplina fiscal, debilitando uno de los principales activos del país: su credibilidad macroeconómica.
Desde una perspectiva estratégica, el Perú se encuentra en un punto de inflexión. Mantener la estabilidad fiscal ya no es suficiente. El desafío es mucho más exigente: convertir el presupuesto en un verdadero instrumento de desarrollo. Esto implica avanzar simultáneamente en tres dimensiones. Primero, mejorar la recaudación, ampliando la base tributaria y reduciendo la evasión, sin recurrir exclusivamente a aumentos de tasas. Segundo, elevar la calidad del gasto, priorizando programas con impacto comprobado y eliminando aquellos que no generan valor público. Tercero, fortalecer la capacidad de gestión del Estado, profesionalizando el servicio civil y reduciendo la brecha entre diseño y ejecución de políticas.
La reflexión central es clara. El Perú no enfrenta una crisis fiscal, pero sí una crisis de efectividad del gasto público. Y en el contexto global actual, esa diferencia es determinante. Las economías que logran desarrollarse no son necesariamente las que más gastan, sino las que mejor convierten sus recursos en resultados.
En ese sentido, el verdadero debate fiscal en el Perú no debería centrarse en el tamaño del presupuesto, sino en su capacidad de transformación. Porque, en última instancia, la sostenibilidad de cualquier modelo económico depende de una pregunta fundamental: ¿cuánto desarrollo genera cada sol que el Estado recauda y gasta?
Esa es la frontera real del desarrollo peruano. Y también su mayor desafío.

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Referencias
• Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (2026). Reporte de Inflación.
• Comisión Económica para América Latina (CEPAL). (2023). Estadísticas tributarias en América Latina.
• Consejo Fiscal. (2025). Informe sobre el MMM 2026–2029.
• Fondo Monetario Internacional (FMI). (2026). Perú: Artículo IV Consultation.
• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (2026). Ley de Presupuesto del Sector Público 2026.

César Augusto Novoa Chávez
CEO de NOZA Investment Company SAC Perú y un líder estratégico con más de 25 años impulsando crecimiento, innovación y transformación en entornos altamente competitivos. Su trayectoria integra finanzas, gestión de riesgos, tecnología y dirección comercial, con posiciones clave en Derrama Magisterial, Banco Azteca / Grupo Salinas y Banco del Trabajo. Reconocido por convertir la visión en ejecución, diseña e implementa modelos escalables orientados a valor, rentabilidad y sostenibilidad. Es docente internacional de posgrado y columnista. Economista (Universidad Nacional de Piura) y MBA (ESAN), con especializaciones en Riesgos Financieros (ESAN & Tecnológico de Monterrey), Transformación Digital & Fintech (Copenhagen Business School) y Business Sustainability (University of London).