Seguridad en edificaciones post elecciones presidenciales

Una deuda estructural en la gestión pública del Perú.

Concluido el proceso electoral y definidos los nuevos liderazgos políticos, el país entra en una etapa donde el discurso debe dar paso a la gestión. En ese contexto, la seguridad en edificaciones —particularmente en infraestructura pública— se posiciona como un tema crítico que, pese a su impacto directo en la vida de las personas, ha sido históricamente relegado en la agenda política.

En el Perú, la problemática no se limita a la falta de inversión en infraestructura, sino que se origina en fallas a lo largo de todo el ciclo de vida de las edificaciones: desde la formulación de proyectos, pasando por el diseño y la ejecución, hasta la operación y el mantenimiento. Esta situación ha generado un patrón recurrente en distintas regiones del país, donde obras millonarias terminan siendo ineficientes, inseguras o incluso inutilizables.

Un caso representativo es el sistema hospitalario en regiones como Tumbes, donde infraestructura valorizada en más de 150 millones de soles presenta fallas constructivas, problemas de mantenimiento y limitaciones operativas pocos años después de su entrega. Este tipo de situaciones no solo implica una pérdida económica significativa, sino que también compromete la capacidad del sistema de salud para atender a la población.

Este problema no es aislado. En el sur del país, el proyecto del Hospital Antonio Lorena en Cusco evidencia con claridad las debilidades estructurales en la gestión de infraestructura pública. Inicialmente concebido con un presupuesto considerablemente menor, su costo actualizado supera los S/ 1,366 millones, tras años de retrasos, modificaciones y cuestionamientos técnicos. Esta escalada presupuestal no solo refleja problemas de planificación, sino también deficiencias en la supervisión y control de la obra.

En la región Apurímac, el hospital de Andahuaylas ha enfrentado paralizaciones prolongadas que han generado perjuicios económicos importantes y han retrasado el acceso a servicios de salud adecuados. Estos casos, distribuidos geográficamente en distintas zonas del país, evidencian un patrón común: la desconexión entre inversión pública y resultados efectivos en términos de funcionalidad y seguridad.

Incluso en el sector privado, donde se presume una mayor eficiencia operativa, los riesgos asociados a la seguridad en edificaciones siguen siendo evidentes. El colapso del techo en el Real Plaza Trujillo en febrero de 2025 dejó al menos seis fallecidos y más de un centenar de heridos, según reportes oficiales. Este evento no solo generó una crisis inmediata, sino que también puso en evidencia limitaciones en los sistemas de inspección y control existentes.

Desde el punto de vista técnico, uno de los aspectos más relevantes de este caso es que la edificación contaba con certificaciones vigentes y había pasado inspecciones recientes. Sin embargo, estas evaluaciones no lograron identificar fallas estructurales críticas, en parte debido a que los procedimientos de inspección se basan principalmente en evaluaciones visuales, sin capacidad para detectar problemas ocultos en elementos estructurales.

Este hecho pone en cuestionamiento la efectividad del sistema de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE), el cual, si bien constituye un instrumento necesario, presenta limitaciones cuando se enfrenta a riesgos complejos o no evidentes. La normativa vigente, en muchos casos, restringe el alcance de las inspecciones a aspectos observables, dejando fuera variables críticas como el comportamiento estructural bajo condiciones extremas o el deterioro interno de los materiales.

A nivel sistémico, diversos análisis coinciden en que estos eventos no deben entenderse como incidentes aislados, sino como manifestaciones de un problema estructural más profundo. Especialistas han señalado que colapsos como el del Real Plaza, junto con fallas en puentes, colegios y hospitales, responden a deficiencias en la planificación, la supervisión y, especialmente, en el mantenimiento de la infraestructura.

En este punto, resulta clave destacar un aspecto que suele ser subestimado en la gestión pública: el mantenimiento. En el Perú, la lógica de inversión tiende a priorizar la ejecución de nuevas obras, mientras que el mantenimiento de la infraestructura existente recibe una asignación presupuestal significativamente menor. Por ejemplo, se ha señalado que los recursos destinados al mantenimiento de miles de colegios a nivel nacional son insuficientes para garantizar condiciones adecuadas de seguridad.

Esta situación responde, en gran medida, a incentivos políticos. La inauguración de nuevas obras genera visibilidad y capital político, mientras que el mantenimiento —aunque esencial— carece de ese impacto mediático. Como resultado, se construyen edificaciones que, sin un adecuado plan de operación y mantenimiento, comienzan a deteriorarse desde los primeros años de funcionamiento.

En términos técnicos, esta problemática puede entenderse como una falla en la gestión del ciclo de vida de la infraestructura. Una edificación segura no depende únicamente de un buen diseño o de una correcta ejecución, sino de la integración de múltiples factores: calidad del expediente técnico, supervisión especializada, inspecciones rigurosas y mantenimiento continuo. La ausencia o debilidad de cualquiera de estos componentes incrementa significativamente el riesgo.

Frente a este escenario, el cambio de gobierno representa una oportunidad para replantear el enfoque de la política pública en infraestructura. Más allá de la construcción de nuevas obras, se requiere una estrategia orientada a garantizar la seguridad y sostenibilidad de las edificaciones existentes.

Esto implica, en primer lugar, fortalecer el sistema ITSE, ampliando su alcance hacia evaluaciones más profundas que incorporen análisis estructurales y metodologías basadas en riesgos. Asimismo, resulta necesario profesionalizar los procesos de supervisión y fiscalización, asegurando que estos sean realizados por especialistas con competencias técnicas adecuadas.

En segundo lugar, se debe incorporar el uso de tecnología en la gestión de edificaciones, incluyendo sistemas de monitoreo en tiempo real que permitan detectar anomalías y prevenir fallas antes de que se conviertan en emergencias. Finalmente, es fundamental establecer políticas claras de mantenimiento, con financiamiento sostenido y mecanismos de seguimiento que garanticen su cumplimiento.

En conclusión, la seguridad en edificaciones en el Perú no es únicamente un problema técnico, sino un desafío de gobernanza. Los casos analizados demuestran que la inversión, por sí sola, no garantiza resultados. Sin una gestión adecuada, incluso las obras más costosas pueden convertirse en activos ineficientes o en riesgos latentes.

En el contexto post electoral, la pregunta clave no es cuántas obras se construirán en los próximos años, sino qué tan seguras, funcionales y sostenibles serán. Porque, en última instancia, la infraestructura no solo representa inversión pública: representa la capacidad del Estado para proteger la vida y el bienestar de sus ciudadanos.

Héctor De La Cruz Figueroa
Arquitecto con 10 años de experiencia en organizaciones de los sectores Retail, Consultoría y Gobierno, especializado en seguridad y gestión de emergencias. Experto en la Ley del SINAGERD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres), Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE), normativa urbana y habilitación urbana. Cuenta con experiencia en regularización en Registros Públicos y en la elaboración de expedientes municipales para la obtención de licencias de construcción, licencias de funcionamiento y Certificado ITSE.