CRISIS ELECTORAL EN EL PERÚ: LEGITIMIDAD EN RIESGO Y DESAFÍOS INSTITUCIONALES URGENTES
Por: Jorge Céliz Kuong
19 de abril de 2026
La democracia bajo tensión
El Perú atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia democrática reciente. A una semana de celebrada la primera vuelta electoral del 12 de abril de 2026, el país no solo enfrenta incertidumbre sobre los resultados finales, sino una crisis más profunda: la erosión sostenida de la legitimidad institucional. Lo que debió constituir un ejercicio de reafirmación democrática ha derivado en un escenario de desconfianza, cuestionamientos cruzados y percepciones de ineficiencia que comprometen la credibilidad del sistema electoral en su conjunto.
Este episodio no es aislado ni coyuntural. Es la expresión acumulada de fallas estructurales que se han venido incubando durante más de una década: debilitamiento del sistema de partidos, precariedad en la gestión pública, fragmentación política extrema y una creciente desconexión entre ciudadanía e instituciones. La actual crisis no solo cuestiona los resultados de una elección, sino la capacidad del Estado peruano para organizar procesos electorales legítimos, confiables y eficaces.
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Fragmentación política: un sistema sin cohesión
El proceso electoral de 2026 confirma una tendencia persistente: la atomización del sistema político. Con más de veinte fórmulas presidenciales en competencia, el Perú evidencia la ausencia de mecanismos efectivos de filtrado y consolidación partidaria. La proliferación de organizaciones políticas de baja institucionalidad —muchas de ellas estructuras personalistas o meramente electorales— ha generado una oferta fragmentada que dificulta la formación de mayorías representativas.
Los resultados preliminares reflejan esta dispersión. Ningún candidato logra superar ampliamente el umbral del 20% de los votos válidos, mientras que el segundo lugar se define por márgenes estrechos entre varias opciones. En términos prácticos, esto implica que una proporción significativa del electorado no se siente representada por quien lidera la contienda, lo que anticipa un escenario de gobernabilidad compleja.
Este patrón no es nuevo, pero sí más pronunciado. La fragmentación no solo afecta la elección presidencial, sino que se proyecta hacia el Congreso, donde es previsible la conformación de múltiples bancadas sin cohesión ideológica ni capacidad de articulación. El resultado es un sistema político incapaz de generar consensos mínimos, condición indispensable para la estabilidad democrática.
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Desafección ciudadana: el voto como expresión de rechazo
Uno de los indicadores más preocupantes del proceso electoral es el nivel de desapego ciudadano. A pesar del carácter obligatorio del voto en el Perú, los niveles de ausentismo se mantienen elevados, acompañados por una proporción significativa de votos blancos y nulos. En conjunto, estos indicadores sugieren que una parte sustancial de la población no se siente representada por la oferta política disponible.
Más allá de los porcentajes específicos, la tendencia es clara: la ciudadanía percibe que su participación tiene un impacto limitado en la calidad del gobierno resultante. El voto deja de ser un instrumento de elección para convertirse en una expresión de frustración o indiferencia.
Esta desconexión tiene implicancias profundas. Cuando el proceso electoral pierde su capacidad de canalizar demandas sociales, se debilita el contrato político entre gobernantes y gobernados. En ese contexto, la legitimidad de origen de las autoridades electas se ve comprometida, dificultando la implementación de políticas públicas y aumentando la probabilidad de conflictividad social.
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Fallas logísticas y percepción de ineficiencia
El desarrollo de la jornada electoral estuvo marcado por problemas logísticos que, aunque no necesariamente determinantes en términos de resultados, sí tuvieron un impacto significativo en la percepción pública. Reportes de mesas que no se instalaron oportunamente, retrasos en la distribución de material electoral y dificultades en la organización de los locales de votación alimentaron la narrativa de desorden e improvisación.
En términos técnicos, estos problemas pueden explicarse por deficiencias en la planificación, limitaciones operativas o fallas en la coordinación con proveedores externos. Sin embargo, en un contexto de alta polarización, la ciudadanía tiende a interpretar cualquier irregularidad como evidencia de manipulación o incompetencia deliberada.
La consecuencia es clara: la confianza en el organismo electoral se ve erosionada. Y en materia electoral, la confianza es tan importante como la transparencia misma. Un proceso puede ser técnicamente correcto, pero si no es percibido como tal, pierde legitimidad.
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Fractura institucional: tensiones en el sistema electoral
Uno de los aspectos más preocupantes del actual escenario es la falta de cohesión entre los organismos que conforman el sistema electoral. Las diferencias públicas entre entidades encargadas de la administración y la fiscalización del proceso han generado incertidumbre sobre la consistencia de los criterios aplicados en la resolución de controversias.
En un sistema democrático funcional, las instituciones electorales deben operar de manera coordinada y complementaria. La existencia de desacuerdos es natural, pero estos deben canalizarse a través de mecanismos institucionales, no mediante confrontaciones públicas que debilitan la autoridad del sistema en su conjunto.
La percepción de un “árbitro dividido” es particularmente dañina en contextos de alta competencia electoral. Cuando los ciudadanos perciben que no existe una autoridad clara y confiable para resolver disputas, aumenta la probabilidad de que los conflictos se trasladen al ámbito político o incluso a la movilización social.
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Irregularidades y narrativa de fraude
Como en todo proceso electoral complejo, han surgido denuncias de irregularidades. Estas incluyen inconsistencias en actas, problemas en la cadena de custodia del material electoral y reportes aislados de posibles suplantaciones de identidad. Si bien muchas de estas situaciones pueden explicarse por errores humanos o fallas operativas, su acumulación contribuye a alimentar sospechas sobre la integridad del proceso.
Es importante distinguir entre irregularidades y fraude sistemático. Las primeras son relativamente comunes en procesos de gran escala y no necesariamente alteran el resultado final. El segundo implica una manipulación deliberada y organizada del proceso electoral. Sin embargo, en el debate público esta distinción suele diluirse, especialmente cuando existe un clima de desconfianza generalizada.
El verdadero riesgo no radica únicamente en la existencia de irregularidades, sino en su impacto sobre la percepción colectiva. En elecciones definidas por márgenes estrechos, incluso anomalías menores pueden adquirir una relevancia desproporcionada, afectando la aceptación de los resultados.
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El rol de las Fuerzas Armadas: estabilidad en un entorno adverso
En medio de este escenario, las Fuerzas Armadas han mantenido su papel tradicional como garantes de la seguridad y logística electoral. Su despliegue en todo el territorio nacional, incluyendo zonas de difícil acceso, ha sido fundamental para asegurar la realización del proceso.
A diferencia de otros componentes del sistema, las instituciones castrenses continúan gozando de niveles relativamente altos de confianza ciudadana. Sin embargo, su efectividad depende en gran medida de la coordinación con autoridades civiles. Cuando el sistema político e institucional presenta fisuras, incluso un actor confiable enfrenta limitaciones operativas.
El desafío consiste en preservar el carácter técnico y no deliberante de las Fuerzas Armadas, evitando su instrumentalización en conflictos políticos que deben resolverse por vías democráticas.
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Observación internacional: entre la prudencia y la insuficiencia
Las misiones de observación internacional han emitido pronunciamientos que, en general, llaman a la calma y destacan la importancia de respetar los procedimientos institucionales. Este enfoque responde a una lógica diplomática orientada a evitar la escalada de tensiones.
No obstante, para amplios sectores de la sociedad peruana, estas declaraciones resultan insuficientes. Existe la percepción de que los observadores internacionales no reflejan con la suficiente contundencia las deficiencias observadas en el proceso.
Este desajuste entre la evaluación externa y la percepción interna contribuye a profundizar la desconfianza. La observación internacional cumple un rol importante, pero su efectividad depende de su capacidad para generar credibilidad tanto dentro como fuera del país.
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Impacto económico: incertidumbre y riesgo
La crisis electoral tiene efectos inmediatos en el ámbito económico. La incertidumbre política tiende a traducirse en cautela por parte de los inversionistas, volatilidad en los mercados financieros y presiones sobre indicadores como el riesgo país.
Más allá de las fluctuaciones de corto plazo, lo que está en juego es la reputación del Perú como destino confiable para la inversión. Durante años, el país fue percibido como un caso de estabilidad macroeconómica en la región. Sin embargo, la persistencia de crisis políticas y ahora electorales amenaza con erosionar esa imagen.
La relación entre estabilidad política y desempeño económico es directa. Sin instituciones sólidas y previsibles, resulta difícil sostener un crecimiento económico sostenido.
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Lecciones recientes: la sombra de 2021
El proceso actual evoca inevitablemente las tensiones vividas en las elecciones de 2021, donde un resultado estrecho dio lugar a semanas de incertidumbre y cuestionamientos. Aquella experiencia dejó como saldo un sistema político aún más fragmentado y una ciudadanía más escéptica.
La principal lección es que la legitimidad no se agota en la proclamación de resultados. Requiere aceptación social, confianza en las instituciones y capacidad de los actores políticos para actuar con responsabilidad. Cuando estos elementos faltan, el conflicto se prolonga más allá del proceso electoral.
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Conclusión: reconstruir la legitimidad democrática
El Perú enfrenta hoy una crisis que trasciende lo electoral. Se trata de una crisis de legitimidad que pone en cuestión la capacidad del Estado para representar y canalizar la voluntad ciudadana. La solución no pasa únicamente por concluir el conteo de votos, sino por emprender un proceso de reconstrucción institucional.
En el corto plazo, es indispensable garantizar la máxima transparencia en la resolución de controversias electorales, así como promover compromisos políticos que prioricen la estabilidad democrática. En el mediano plazo, se requiere una reforma integral del sistema de partidos y del diseño institucional electoral, orientada a reducir la fragmentación y fortalecer la gobernabilidad.
La democracia no es un mecanismo automático, sino una construcción permanente que depende de la confianza ciudadana. Hoy, esa confianza está debilitada. Recuperarla exige decisiones firmes, liderazgo político y un compromiso real con la institucionalidad.
El momento es crítico. De cómo se gestione esta crisis dependerá no solo el resultado de una elección, sino el futuro de la democracia peruana.
El Perú de hoy está inmerso en el proceso de las elecciones de 2026 en una paradoja que define su presente y su futuro: estabilidad económica sostenida conviviendo con una profunda fragilidad política. En la última década, el país ha tenido una sucesión vertiginosa de presidentes, crisis institucionales recurrentes y una ciudadanía crecientemente desconfiada. El actual proceso electoral, con más de treinta candidatos, sin liderazgos claros y con campañas dominadas por la confrontación, la desinformación y propuestas de alto riesgo institucional, refleja no solo fragmentación, sino agotamiento del sistema político. La reciente escalada de ataques contra la autonomía del Banco Central y cuestionamientos a la continuidad de su presidente, Julio Velarde, han introducido un nuevo foco de incertidumbre en los mercados y en la opinión pública, evidenciando que incluso los pilares más sólidos del país han entrado al terreno de disputa política. A ello se suma una creciente preocupación internacional ante denuncias, tensiones y percepciones de irregularidades en el proceso electoral, lo que empieza a erosionar la imagen del Perú como democracia predecible y confiable en la región.
Este contexto no es circunstancial, sino estructural. La debilidad de los partidos, la precariedad de la representación y la lógica de confrontación permanente han erosionado la capacidad del Estado para generar acuerdos básicos. La política peruana ha dejado de ser un espacio de articulación de intereses para convertirse en un terreno de disputa fragmentada donde prevalecen incentivos de corto plazo y estrategias orientadas a la captura del poder antes que a la gobernabilidad. En paralelo, la inseguridad ciudadana, el avance del crimen organizado, la expansión de economías ilegales como la minería ilícita y el uso intensivo de narrativas polarizantes en redes sociales profundizan la percepción de desorden y agravan la desconexión entre el Estado y la ciudadanía, en un entorno donde la credibilidad del proceso electoral comienza a ser observada con mayor escrutinio por actores externos.
Sin embargo, en contraste con este deterioro institucional, la economía peruana ha mostrado una notable resiliencia. El país mantiene una inflación controlada dentro del rango meta y perspectivas de crecimiento moderadas para 2026, respaldadas por políticas monetarias prudentes y una arquitectura macroeconómica que ha resistido la volatilidad política. Esta estabilidad no es accidental: responde a la continuidad técnica de instituciones como el Banco Central, cuya autonomía ha sido clave para sostener la confianza interna y externa incluso en escenarios de alta incertidumbre. Precisamente por ello, los cuestionamientos recientes no deben leerse como episodios aislados, sino como señales de un conflicto más amplio sobre las reglas económicas del país y como factores que, junto con las dudas electorales, pueden afectar la percepción de riesgo país.
Esta dualidad revela un rasgo central del Perú contemporáneo: la coexistencia de un Estado parcialmente funcional con otro disfuncional. Mientras la tecnocracia económica ha logrado consolidar reglas y credibilidad, el sistema político carece de cohesión, legitimidad y horizonte estratégico. El resultado es un país que crece por inercia institucional en algunos sectores, pero se debilita por descomposición en otros, generando un equilibrio precario que depende más de la resistencia de ciertas instituciones que de la fortaleza del sistema en su conjunto, cada vez más expuesto al juicio internacional.
Las implicancias de este desequilibrio son profundas. La ausencia de acuerdos mínimos impide reformas estructurales, limita la capacidad de enfrentar amenazas como el crimen organizado y reduce el potencial de crecimiento. Además, la incertidumbre política —acentuada por propuestas de cambio constitucional, discursos antisistema, cuestionamientos al proceso electoral y el uso político de la desinformación— erosiona expectativas, desalienta inversión y puede comprometer los logros macroeconómicos alcanzados. La historia reciente demuestra que la estabilidad no es irreversible cuando las reglas son puestas en cuestión y cuando la legitimidad electoral se debilita ante la comunidad internacional.
Frente a este escenario, el desafío no es ideológico sino institucional. El Perú necesita reconstruir condiciones básicas de gobernabilidad mediante tres ejes estratégicos. Primero, fortalecer el sistema político con reglas que incentiven la formación de partidos reales, reduzcan la fragmentación y eleven la calidad de la representación. Segundo, blindar las instituciones clave —como el Banco Central, el sistema judicial y los organismos electorales— frente a presiones políticas, asegurando su autonomía, transparencia y meritocracia. Tercero, garantizar procesos electorales incuestionables mediante estándares técnicos y supervisión efectiva que refuercen la confianza interna y externa, además de impulsar un pacto mínimo de Estado que establezca prioridades nacionales en seguridad, formalización económica y lucha contra la corrupción.
A ello se suma una tarea más compleja pero indispensable: reconstruir el sentido de pertenencia cívica. Sin confianza entre ciudadanos y sin una noción compartida de bien común, ninguna reforma será sostenible. Esto implica no solo liderazgo político, sino también un cambio cultural que valore la cooperación sobre la confrontación y rechace la normalización del conflicto como forma de acción política.
*El Perú no es un país sin nación, pero sí una nación incompleta. Ha demostrado capacidad para construir estabilidad en ámbitos específicos, pero ha fallado en extender esa lógica al conjunto del sistema político. La coyuntura actual —marcada por incertidumbre electoral, polarización, cuestionamientos a las reglas económicas y creciente escrutinio internacional— no es una anomalía, sino la expresión más visible de debilidades acumuladas. La encrucijada no radica en elegir entre modelos, sino en decidir si el país será capaz de construir instituciones legítimas y confiables que funcionen más allá de coyunturas y caudillos. Sin ese salto, la estabilidad seguirá siendo frágil y el progreso, inevitablemente, limitado.*
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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