Entre la legitimidad frágil y la responsabilidad pendiente. Perú ante una segunda vuelta decisiva

El avance superior al 93% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirma una tendencia que no puede ser ignorada, el Perú se encamina a una segunda vuelta con bajo respaldo efectivo, alta fragmentación y un preocupante nivel de desafección ciudadana. Más allá de los porcentajes oficiales, la lectura integral exige mirar el conjunto, participación, calidad del voto y legitimidad del sistema.

De un padrón cercano a 26 millones de electores, aproximadamente 21 millones acudieron a votar. Sin embargo, cerca de 3 millones lo hicieron en blanco o viciando su voto, mientras alrededor de 5 millones se abstuvieron. Esto significa que una proporción significativa del país no respaldó a ninguna opción política, configurando una democracia formalmente activa pero sustantivamente debilitada.

En ese contexto, candidaturas como las de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori , quienes se perfilan hacia la segunda vuelta, no superan, en términos reales, el 20% de apoyo sobre el total del electorado. Este dato es crucial, el próximo presidente podría asumir el poder con el respaldo directo de apenas uno de cada cinco peruanos habilitados para votar. La consecuencia inmediata es un escenario de gobernabilidad limitada, donde el mandato político será débil desde su origen.

Ahora bien, señalar responsables exige seriedad. En primer lugar, los partidos políticos, por no haber construido propuestas sólidas ni liderazgos capaces de convocar mayorías. En segundo lugar, los propios organismos del sistema electoral, incluyendo la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones, cuya labor debe sostenerse sobre principios incuestionables de transparencia, neutralidad y confianza pública. Cuando esa confianza se erosiona , sea por errores, percepción de opacidad o denuncias locales, el daño institucional es profundo.

En regiones como Lambayeque, diversos actores han denunciado históricamente irregularidades en procesos electorales, señalando redes informales de manipulación vinculadas a algunos personeros o prácticas indebidas. Estas denuncias, aunque deben ser siempre investigadas con rigor y sin generalizaciones apresuradas, revelan una realidad que no puede minimizarse ,la percepción de que el sistema puede ser vulnerado. En democracia, la percepción de fraude es tan grave como el fraude mismo, porque erosiona la legitimidad del resultado.

Lo que viene en la segunda vuelta no es solo una elección entre dos candidatos, sino una prueba para el sistema democrático peruano. Se definirá no únicamente quién gobierna, sino con qué legitimidad y bajo qué condiciones institucionales. La ciudadanía exigirá señales claras, transparencia absoluta en el conteo, fiscalización efectiva de los personeros, sanciones reales ante cualquier irregularidad y un compromiso explícito con la verdad electoral.

Asimismo, los candidatos deberán entender que ya no basta con ganar; deben reconstruir confianza. Eso implica moderación, inclusión, acuerdos básicos y una agenda que trascienda intereses particulares. El país no necesita más confrontación, sino estabilidad con integridad.

El Perú entra a una segunda vuelta con cifras que evidencian una democracia tensionada. La responsabilidad es compartida, de la clase política, de las instituciones electorales y también de una ciudadanía que demanda, con razón, mejores estándares.

Porque en una democracia madura, no basta con contar votos; es indispensable que cada voto sea incuestionable y cada resultado, legítimo. Con responsabilidad Rafael Aita Campodónico.

Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000. Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.