Cada 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, el Perú se enfrenta a una paradoja persistente, millones trabajan, pero no todos acceden a derechos, estabilidad ni productividad real. Celebramos el esfuerzo, pero aún no consolidamos un sistema laboral que premie la formalidad, la eficiencia y la responsabilidad compartida.
El problema central no es la falta de trabajo, sino su calidad y estructura. Mientras economías comparables han reducido su informalidad por debajo del 40%, el Perú aún mantiene niveles que superan ampliamente ese umbral. Países como Chile y Colombia han avanzado mediante políticas de formalización progresiva, simplificación tributaria, incentivos a pequeñas empresas, digitalización y fiscalización inteligente. No se trata de imponer, sino de integrar.
El Perú necesita una formalidad gradual, práctica y viable. Esto implica reducir en el corto plazo ,de manera realista, al menos la mitad de la informalidad mediante tres ejes fundamentales,,,.
- Simplificación radical del sistema.
Unificar regímenes tributarios, reducir costos de entrada y eliminar la burocracia innecesaria. Formalizar no debe ser un castigo, sino una ventaja tangible. - Incentivos directos a la formalización.
Acceso a crédito, protección social progresiva, capacitación técnica y beneficios reales por cumplir la ley. La formalidad debe generar valor inmediato. - Fiscalización estratégica y justa.
No más persecución desigual. El Estado debe enfocarse en grandes evasores y redes informales estructuradas, no en el pequeño emprendedor que intenta sobrevivir.
La experiencia internacional demuestra que la formalización no se decreta, se construye con confianza. En Uruguay, por ejemplo, el equilibrio entre regulación y beneficios ha permitido consolidar un mercado laboral más equitativo. El Perú puede hacerlo, pero requiere decisión política, continuidad técnica y un cambio cultural profundo.
Sin embargo, ningún modelo funcionará sin responsabilidad ciudadana. La informalidad también es una elección condicionada, muchos operan fuera del sistema porque el sistema no les ofrece razones suficientes para entrar. Cambiar esto exige un nuevo pacto social donde Estado, empresa y trabajador asuman compromisos claros. La responsabilidad en la decisión nacional
De cara a las próximas elecciones, el voto no puede ser emocional ni improvisado. Debe ser un acto de responsabilidad jurídica, económica y social. Elegir autoridades implica definir qué modelo laboral queremos, uno basado en la precariedad o uno orientado al desarrollo sostenible, la legalidad y la competitividad internacional.
El Perú no necesita discursos, necesita estructura. No necesita promesas, necesita ejecución. Y no necesita más informalidad disfrazada de emprendimiento, sino oportunidades reales para crecer dentro de la ley.
Porque un país que ordena su trabajo, ordena su futuro. Y un país que dignifica el trabajo, dignifica a su gente.con afecto y responsabilidad,en éste gran día, Rafael Aita Campodónico


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