El Perú ingresa a mayo de 2026 en un punto de inflexión donde la validez formal del proceso electoral convive con una persistente fragilidad institucional. La primera vuelta de abril cumplió con estándares legales y no ha sido invalidada por los organismos competentes; sin embargo, evidenció fallas logísticas, retrasos en la instalación de mesas y problemas en la gestión operativa que han deteriorado la confianza ciudadana. En contextos de alta fragmentación política, la calidad del proceso resulta tan relevante como su legalidad, pues condiciona la aceptación de los resultados.
En este escenario, el Jurado Nacional de Elecciones ha asumido un rol central al impulsar una auditoría focalizada en el sistema informático electoral. Esta revisión se orienta a evaluar la integridad, seguridad y trazabilidad de la transmisión y procesamiento de resultados, con énfasis en los sistemas de cómputo utilizados durante la jornada. Su finalidad no es cuestionar la validez del proceso en su conjunto, sino despejar dudas técnicas, reforzar la transparencia y establecer correctivos inmediatos de cara a la segunda vuelta. La credibilidad institucional dependerá de la independencia, profundidad y publicidad de sus resultados.
Paralelamente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales enfrenta un deterioro en su legitimidad operativa. Las críticas ciudadanas se han centrado en deficiencias logísticas, capacitación insuficiente de miembros de mesa y demoras en la difusión de resultados preliminares. Estas limitaciones han sido reconocidas incluso por observadores internacionales, quienes, sin embargo, no han identificado evidencia de fraude sistemático. Esta distinción es clave: el problema principal no radica en la integridad del sistema electoral, sino en su eficiencia y capacidad de ejecución.
No obstante, en el plano político y mediático han surgido denuncias de fraude por parte de algunos actores, así como demandas de sectores minoritarios que solicitan la anulación del proceso y la convocatoria a nuevas elecciones. Hasta la fecha, dichas denuncias no han sido corroboradas por las autoridades electorales ni por misiones de observación independientes. Sin embargo, su impacto en la opinión pública es relevante, ya que contribuyen a erosionar la confianza y a tensionar el clima político en la antesala de la segunda vuelta.
A este cuadro se suma una percepción creciente —aunque no uniformemente respaldada por evidencia concluyente— de que el gobierno transitorio no estaría actuando con plena neutralidad. Diversos sectores han expresado preocupación por posibles sesgos en decisiones o en la comunicación oficial. Más allá de su sustento, esta percepción tiene efectos políticos concretos: debilita la legitimidad del arbitraje estatal y amplifica el riesgo de cuestionamientos al resultado final. En sistemas fragmentados, la imparcialidad percibida del Ejecutivo es un componente crítico de estabilidad.
El trasfondo político refuerza esta fragilidad. La primera vuelta confirmó una fragmentación estructural del electorado, con niveles relevantes de voto nulo y blanco y sin candidaturas con respaldo amplio. Esto anticipa un Ejecutivo con legitimidad de origen limitada, mayor dependencia de acuerdos legislativos y menor margen de maniobra para implementar políticas públicas. La gobernabilidad, en este contexto, será necesariamente negociada y potencialmente inestable.
Las implicancias económicas son directas. Aunque el país mantiene fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos y proyecciones de crecimiento cercanas al 3%, la inversión privada continúa rezagada y la informalidad laboral supera el 70%. La incertidumbre política se mantiene como principal factor de riesgo, afectando decisiones en sectores estratégicos. A nivel internacional, el Perú conserva credenciales de estabilidad macroeconómica, pero con una percepción de riesgo político recurrente.
Frente a este panorama, la respuesta debe ser concreta y verificable. En el corto plazo, es imprescindible garantizar una segunda vuelta con estándares operativos superiores: instalación oportuna del total de mesas, monitoreo en tiempo real de incidencias y sistemas de transmisión plenamente auditables. La auditoría informática del JNE debe traducirse en mejoras inmediatas, mientras la ONPE necesita recuperar confianza mediante eficiencia demostrable.
El gobierno transitorio debe reforzar señales claras de neutralidad, priorizando vocerías técnicas, transparencia en la toma de decisiones y apertura a observación independiente. Sin estas condiciones, incluso mejoras operativas podrían resultar insuficientes para restablecer la confianza.
A mediano plazo, el próximo gobierno deberá priorizar un acuerdo de gobernabilidad con metas concretas en seguridad, reactivación económica y fortalecimiento institucional. La legitimidad se construirá no solo desde el origen electoral, sino desde la capacidad de producir resultados tempranos.
El Perú enfrenta una paradoja persistente: procesos electorales válidos que no se traducen automáticamente en gobernabilidad efectiva. Superar esta brecha exige fortalecer la capacidad operativa del Estado, asegurar neutralidad política y reconstruir la confianza ciudadana. Solo así será posible transformar legitimidad formal en estabilidad real y sostenible.
https://www.facebook.com/share/1BjBrTakND/?mibextid=wwXIfr
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
0 comments on “Legitimidad frágil, gobernabilidad en riesgo”