La polarización política, el descrédito de los partidos, la fragmentación parlamentaria y la expansión de campañas de desinformación digital han erosionado la legitimidad de las instituciones democráticas, ahondando la crisis de confianza en los organismos electorales que vuelven a convertirse en uno de los principales factores de inestabilidad en América Latina. El Perú no es la excepción. En ese contexto, resulta imprescindible revisar un episodio poco estudiado de la historia peruana: el papel que desempeñó Francisco Morales Bermúdez en la reorganización del sistema electoral tras el golpe de Estado de 1962 y, años después, su intervención decisiva en la transición constitucional que permitió devolver el poder a los civiles en 1980. No se trata de reivindicar gobiernos militares. Se trata de comprender cómo, en momentos críticos, las Fuerzas Armadas asumieron un rol de contención institucional cuando el sistema político había perdido capacidad de autorregulación.
El golpe encabezado por Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley López en 1962 se justificó bajo denuncias de fraude y manipulación electoral en un escenario marcado por la confrontación entre el aprismo, las élites tradicionales y los sectores militares. En ese contexto, Morales Bermúdez recibió la responsabilidad de intervenir el Jurado Nacional de Elecciones y reorganizar el Registro Electoral. El diagnóstico fue demoledor. Existían miles de libretas electorales duplicadas, triplicadas y falsificadas. El sistema carecía de mecanismos mínimos de control y la desconfianza pública amenazaba con destruir la legitimidad del proceso democrático.
Morales Bermúdez entendió entonces una verdad estratégica que sigue vigente: las democracias no colapsan únicamente por golpes militares o radicalismos ideológicos; también se derrumban cuando sus sistemas electorales dejan de ser creíbles. La respuesta aplicada en 1962 tuvo un enfoque técnico e institucional. Se conformó un equipo multidisciplinario de juristas, estadísticos, especialistas militares y personal policial que logró depurar el padrón electoral y construir un nuevo marco normativo. El Estatuto Electoral de diciembre de 1962 y las auditorías posteriores permitieron que las elecciones de 1963 se desarrollaran sin el caos anterior.
Años después, ya como presidente, Morales Bermúdez volvió a desempeñar un papel decisivo en otro momento crítico. En 1977 impulsó la convocatoria a la Asamblea Constituyente presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, proceso que culminó con la Constitución de 1979. Aquella Carta Magna restableció derechos políticos, fortaleció el sufragio universal, reconoció plenamente la participación ciudadana y abrió el camino para las elecciones democráticas de 1980. En términos históricos, Morales Bermúdez terminó encabezando la transición que desmontó el régimen militar instaurado en 1968. Su rol fue contradictorio, pero determinante: un militar que comprendió que la estabilidad nacional exigía devolver legitimidad al sistema civil.
Desde entonces, las Fuerzas Armadas peruanas han mantenido una presencia constante en los procesos electorales, aunque bajo un marco constitucional subordinado al poder civil. Su función logística y de seguridad ha sido decisiva para garantizar elecciones en territorios alejados, proteger material electoral y preservar el orden público durante jornadas de alta tensión política. Durante la guerra contraterrorista y los años más críticos de violencia interna, las Fuerzas Armadas garantizaron el desarrollo de los procesos electorales en vastas zonas del país donde el Estado había colapsado parcialmente por acción del terrorismo. En numerosas regiones, su presencia representó la última garantía de continuidad de la nación y del propio sistema democrático frente al intento de destrucción del Estado peruano por parte de organizaciones terroristas.
Sin embargo, en los últimos años el deterioro político ha vuelto a colocar a las Fuerzas Armadas en el centro del debate nacional. La crisis postelectoral de 2021, las protestas violentas de 2022 y 2023, y el creciente descrédito de las instituciones han generado presiones para que los militares asuman nuevamente un papel de “guardianes de la democracia”. Ese concepto debe manejarse con extrema prudencia. La historia latinoamericana demuestra que cuando las Fuerzas Armadas reemplazan a las instituciones civiles, la democracia termina debilitándose. Pero también demuestra que cuando el sistema político pierde totalmente capacidad de control, las instituciones armadas suelen convertirse en el último factor de contención del Estado.
El desafío contemporáneo exige redefinir ese equilibrio. Las Fuerzas Armadas no deben actuar como árbitros políticos ni como sustitutos del poder civil. Su rol estratégico debe concentrarse en garantizar estabilidad institucional, proteger la continuidad constitucional, asegurar la integridad logística de los procesos electorales y contribuir a la defensa de infraestructuras críticas frente a amenazas híbridas, ciberataques y operaciones de desinformación. La democracia moderna ya no enfrenta únicamente amenazas armadas; enfrenta campañas sistemáticas de erosión de confianza pública.
El Perú necesita una reforma profunda de su sistema político y electoral. Eso implica modernizar el registro de identidad, fortalecer auditorías independientes, blindar tecnológicamente los procesos electorales y recuperar legitimidad institucional. Pero también exige establecer un pacto democrático mínimo entre civiles y militares basado en reglas claras, subordinación constitucional y defensa conjunta de la estabilidad nacional. “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”. En una democracia moderna, esa defensa no debe entenderse como licencia para sustituir al poder civil, sino como el compromiso de preservar la continuidad constitucional, la estabilidad institucional y la confianza ciudadana en el sistema democrático.
La lección histórica es contundente. Morales Bermúdez comprendió, primero en 1962 y luego en la transición de 1979, que ninguna nación puede sostenerse cuando sus ciudadanos dejan de creer en el valor de su voto. Las Fuerzas Armadas pueden ayudar a preservar la estabilidad democrática, pero jamás reemplazar la voluntad soberana de la ciudadanía. La verdadera defensa de la democracia no consiste en controlar las elecciones, sino en garantizar que todos confíen en ellas.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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