El Perú atraviesa una de las crisis de legitimidad más graves desde el retorno a la democracia. La oficialización de los resultados de la primera vuelta no ha cerrado el conflicto político; lo ha profundizado. Hoy, el problema ya no se limita a quiénes disputarán la segunda vuelta, sino a la creciente percepción de que el sistema electoral perdió credibilidad ante millones de ciudadanos. Cuando una democracia deja de inspirar confianza, la estabilidad institucional comienza a erosionarse desde adentro.
La crisis actual no apareció de manera repentina. Durante los últimos años, el país acumuló fragmentación política, deterioro económico y una profunda desconexión entre el Estado y la ciudadanía. Según Latinobarómetro 2025, menos del 30% de los peruanos afirma confiar plenamente en las instituciones democráticas, uno de los índices más bajos de América Latina. Al mismo tiempo, estudios recientes del INEI muestran que más del 70% de la población considera que la corrupción sigue siendo el principal problema nacional. Ese desgaste explica por qué cualquier irregularidad electoral, por pequeña que sea, hoy tiene un impacto explosivo sobre la opinión pública.
Las denuncias sobre fallas logísticas, actas observadas y cuestionamientos al desempeño de los organismos electorales han intensificado la percepción de vulnerabilidad institucional. El problema no es únicamente técnico ni jurídico; es esencialmente político. Una democracia puede resistir errores administrativos, pero difícilmente sobrevive cuando una parte importante de la población siente que su voto podría no reflejarse con transparencia. La desconfianza se convierte entonces en un factor de inestabilidad nacional.
El clima de polarización ha agravado el escenario. El debate político peruano dejó de girar alrededor de propuestas y se transformó en una confrontación dominada por el miedo. Un sector teme el retorno del autoritarismo asociado al pasado fujimorista; otro advierte sobre el avance de proyectos radicales inspirados en modelos estatistas fracasados en la región. Ambos extremos han instalado una narrativa de confrontación permanente que destruye los espacios mínimos de consenso democrático. En ese ambiente, las redes sociales amplifican rumores, sospechas y campañas emocionales que alimentan la sensación de fraude y colapso institucional.
Existe además un elemento histórico que incrementa la tensión política. El Perú todavía arrastra las heridas abiertas de la violencia terrorista y de décadas de inestabilidad. Cada proceso electoral revive temores colectivos que nunca terminaron de cerrarse completamente. Las referencias simbólicas a los años de terrorismo y conflicto interno reaparecen en el discurso público como instrumentos de movilización política. Esa estrategia puede generar réditos inmediatos, pero debilita la convivencia democrática y profundiza la fractura social.
La amenaza principal no es únicamente electoral. El verdadero riesgo es que el país entre en una etapa donde cada elección sea percibida como ilegítima por el sector derrotado. Cuando eso ocurre, la democracia pierde capacidad de arbitraje y la gobernabilidad se vuelve inviable. Ningún gobierno puede sostener estabilidad duradera si asume el poder bajo sospechas permanentes y con instituciones desacreditadas.
El Perú necesita una respuesta institucional firme y verificable. La prioridad inmediata debe ser reforzar la transparencia del sistema electoral mediante auditorías técnicas independientes, fiscalización multipartidaria y control ciudadano permanente sobre cada etapa del proceso. El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen la obligación de investigar con rapidez cualquier denuncia sustentada, evitando tanto la impunidad como el uso político de la justicia. Paralelamente, los organismos electorales requieren una reforma estructural que fortalezca su profesionalización y reduzca la percepción de parcialidad.
La democracia peruana enfrenta una prueba decisiva. Si el país continúa atrapado entre la desconfianza, la polarización y el descrédito institucional, el riesgo de una deriva autoritaria seguirá creciendo desde ambos extremos del espectro político. Pero si logra reconstruir legitimidad, transparencia y autoridad republicana, todavía será posible evitar que el desencanto ciudadano termine destruyendo el equilibrio democrático que el Perú tardó décadas en recuperar.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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