El Perú vuelve a mirarse en el espejo más incómodo de su historia. La oficialización de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, luego de semanas de retrasos, impugnaciones y acusaciones cruzadas, coincide con una fecha cargada de memoria política: el 17 de mayo, día en que Sendero Luminoso inició en Chuschi la ofensiva terrorista que desangró al país durante dos décadas. La coincidencia no es solo simbólica. Refleja una nación atrapada otra vez entre el miedo, la desconfianza y la fragilidad institucional.
La diferencia mínima entre candidatos, el cuestionamiento abierto al sistema electoral y la sensación de un proceso desordenado han profundizado una crisis de legitimidad que ya venía incubándose desde hace años. El problema ya no es únicamente quién gana. El verdadero problema es que millones de ciudadanos sienten que el sistema dejó de ser confiable. Cuando la percepción de manipulación se instala en el imaginario colectivo, incluso sin pruebas concluyentes, el daño político ya está hecho.
Las consecuencias internas de esta primera vuelta son profundas. El país ingresa a una etapa de polarización extrema donde cualquier resultado será cuestionado por una parte importante de la ciudadanía. La gobernabilidad queda debilitada antes incluso de la transferencia de mando. El Congreso enfrentará mayores niveles de fragmentación y confrontación, mientras las protestas sociales podrían reactivarse bajo discursos de fraude, exclusión o resistencia política. En paralelo, la economía comienza a resentirse: el mercado cambia estabilidad por cautela, aumenta la presión sobre el tipo de cambio y se retraen decisiones de inversión privada ante un escenario incierto. La inseguridad ciudadana, ya desbordada, encuentra terreno fértil en un Estado políticamente paralizado.
Pero las repercusiones trascienden las fronteras nacionales. A nivel internacional, el Perú proyecta nuevamente la imagen de una democracia vulnerable e impredecible. Los organismos multilaterales observan con preocupación la erosión institucional y el deterioro de la confianza pública. Los inversionistas extranjeros, particularmente en minería, infraestructura y energía, interpretan la incertidumbre política como un factor de riesgo operacional. Las agencias de calificación crediticia podrían endurecer sus perspectivas si la crisis deriva en ingobernabilidad prolongada. En América Latina, el caso peruano empieza a ser visto como otro ejemplo de democracias debilitadas por la fragmentación política, el populismo y la incapacidad estatal para construir consensos mínimos.
Ese vacío institucional explica por qué el radicalismo mutó en lugar de desaparecer. Sendero Luminoso fue derrotado militarmente, pero su lógica antisistema encontró nuevas formas de infiltración política y social. El MOVADEF y otras organizaciones de fachada comprendieron hace años que podían explotar las propias grietas democráticas para instalar narrativas de victimización, revisionismo histórico y confrontación permanente. Paralelamente, el narcoterrorismo del VRAEM sigue funcionando como una estructura criminal híbrida que combina economía ilegal, control territorial y violencia selectiva.
La amenaza actual no proviene de una insurgencia armada como la de los años ochenta. Proviene de la degradación progresiva de las instituciones, de la normalización de la desinformación y del agotamiento social acumulado tras una década marcada por presidentes efímeros, protestas violentas y colapso de la representación política. El país enfrenta un desgaste psicológico colectivo. La polarización dejó de ser un fenómeno electoral para convertirse en un modo permanente de convivencia nacional.
Y en medio de este escenario emerge una pregunta inevitable: ¿fue simple incompetencia o una crisis cuidadosamente administrada? La sucesión de errores, retrasos, mensajes contradictorios y vacíos institucionales terminó produciendo exactamente el clima que los sectores radicales necesitaban: desconfianza, miedo y debilitamiento del orden democrático. Si el objetivo era erosionar la legitimidad del sistema desde adentro, el resultado parece haber seguido una lógica precisa. Si lo planificaron, lo ejecutaron con eficacia política. Porque no existe terreno más fértil para el extremismo que una democracia desacreditada frente a sus propios ciudadanos.
Frente a este escenario, el próximo gobierno necesita abandonar el cortoplacismo. La prioridad inmediata debe ser reconstruir la legitimidad del Estado. Eso exige auditorías técnicas permanentes al sistema electoral, modernización tecnológica de la ONPE y supervisión internacional estable que elimine cualquier sospecha sobre los resultados. También resulta indispensable reformar el sistema de partidos para impedir organizaciones improvisadas sin estructura ni responsabilidad política.
Al mismo tiempo, el Estado debe recuperar presencia efectiva en las zonas dominadas por economías ilegales. El VRAEM no se resolverá únicamente con operativos militares. Requiere inteligencia financiera, control logístico y una estrategia sostenida de inversión social que cierre décadas de abandono.
El Perú todavía está a tiempo de corregir el rumbo. Pero la lección de este 17 de mayo es clara: una democracia no colapsa únicamente por golpes de fuerza. También puede erosionarse lentamente cuando pierde autoridad moral, transparencia y memoria histórica. Recuperar la estabilidad nacional dependerá de reconstruir confianza antes de que el miedo vuelva a ocupar el centro de la política.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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