La vigente Constitución establece que “Toda persona tiene derecho a la vida, su integridad psíquica y física, a su libre desarrollo, a su bienestar, la propiedad, la paz y tranquilidad porque la defensa de la persona humana y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”. (Artículos 1° y 2°).
Sin embargo, cada día los informativos periodísticos en diarios, radio y televisión dan a conocer de escalofriantes asaltos, robos, intimidaciones (hasta con explosivos) no solo a viandantes (hasta de niños y ancianos), sino a locales comerciales, empresariales, transporte y construcción. Informan cada día que se cometen asesinatos, se destruyen (incendian) vehículos de transporte público, de extorciones, raptos, sicariato que ya son indetenibles, pues se incrementan por el actuar de organizaciones criminales que para asesinar usan a menores de edad. La delincuencia es individual y/u organizada en bandas nacionales e internacionales que se están incrementando no obstante que Presidentes, congresistas, ministros manifiestan que las “combaten”.
Los delitos de cobro de cupos, intimidación, extorción, chantaje, secuestro, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, trata de personas (meretricio) y en otras modalidades, los delincuentes actuando en bandas cada día incrementan su accionar delictivo en vías públicas, establecimientos comerciales y laborales, restaurantes y en viviendas utilizando hasta explosivos que destruyen y/o dañan viviendas y asesinando a empresarios, trabajadores de vehículos de transporte público y hasta pasajeros. ¡La seguridad de la población está en constante peligro!
La inseguridad ciudadana ha sobrevenido como un grave problema nacional. Este problema persiste, no obstante, el encomiable trabajo policial de proteger a la población enfrentando a los delincuentes día y noche. La inseguridad es debido al constante crecimiento delincuencial que genera temor del vecindario no obstante a que todos deseamos vivir en paz y sin riesgos de ser agraviados por delincuentes. ¿Que está fallando?
Imprescindible que los Poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial incluyendo el Ministerio Público, en unidad y coordinadamente, adopten nuevas medidas legales para no sólo combatir sino extinguir la delincuencia. El Legislativo legalmente debe expedir las normas legales (leyes) y actualizar los códigos sustantivos y procesales en materia penal y aprobar presupuestos para reforzar e incrementar la actuación policial y edificación de nuevos centros de reclusión. El Ejecutivo mediante sus respectivos Ministerios (Justicia, Interior y Economía) disponer las medidas necesarias para que: la Policía Nacional fortalezca su cotidiano combate a la criminalidad y solventar una entidad especializada en la PN de expertos en inteligencia policial; también, – en coordinación con el Poder Legislativo – aprobar presupuestos económicos necesarios para edificar nuevos centros penitenciarios (que deben estar en las alturas andinas) para superar el hacinamiento actual en cárceles. Debe considerarse establecer mediante disposiciones legales que los delincuentes detenidos y/o sentenciados deban obligatoriamente trabajar para su mantenimiento. En cada cárcel debe haber talleres y/o fábricas cuya mano de obra sean solamente detenidos y/o sentenciados. Esos locales se deben alquilar a empresas privadas. Tratándose del Poder Judicial y Ministerio Público, aprobarles nuevas leyes orgánicas en que se establezcan la responsabilidad personal de los magistrados fiscales y/o jueces que no cumplan con procesar cada causa en los plazos procesales para cada acción y/o procedimiento judicial o liberen indebidamente a delincuentes.
Como las actuales autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, por estar concluyendo su periodo para el que fueron electos no podrán hacerlo, los electos en las elecciones generales (del 2026) para el Legislativo y Ejecutivo heredan el grave problema de la inseguridad ciudadana. ¡Deben superarlo! Demostrar que tienen la capacidad e interés en hacerlo con severidad y objetividad. ¿Lo podrán hacer?
Una medida que también debe adoptarse es que las autoridades en sus correspondientes cargos y funciones, es promover que los vecindarios – en sus respetivos lugares de domicilio – se organicen en sus barrios para estar prevenidos contra el actuar delincuencial y para, en colaboración con las comisarías de la Policía Nacional y también de los serenazgos municipales, puedan afrontar el actuar de delincuentes que – caminando o en motocicletas o automóviles – asaltan en calles y/o pretender robar vehículos y bienes del interior de los domicilios. Esas organizaciones vecinales podrían, por turnos familiares, observar las calles y telefónicamente comunicar a la Comisaria o a los servicios municipales, que delincuentes están actuando. Más aun, la PN puede adiestrar a los vecinos para enfrentar y detener a delincuentes que están actuando.
¡Para combatir la delincuencia, todos debemos estar unidos y libremente organizados y disciplinados y colaborar con la Policía Nacional! ¡Es por nuestra propia garantía!
José Roberto Rendón Vásquez
Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).
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