La seguridad sanitaria global atraviesa una etapa de deterioro silencioso. Mientras gran parte del mundo sigue obsesionada con la posibilidad de una nueva pandemia devastadora, la amenaza más inmediata proviene del regreso de enfermedades que ya habían sido controladas y de sistemas públicos incapaces de responder con eficacia. El rebrote de sarampión en las Américas, la expansión de la tos ferina en Sudamérica, las alertas por hantavirus en el Atlántico Sur y los episodios de Ébola en África reflejan una misma tendencia: el debilitamiento progresivo de la prevención sanitaria y el agotamiento de los Estados para sostener políticas públicas consistentes. El Perú representa hoy uno de los ejemplos más preocupantes de esa descomposición institucional.
El país vuelve a enfrentar emergencias epidemiológicas que evidencian la fragilidad de su plataforma sanitaria. Lima, Callao y varias regiones han sido declaradas en alerta por el incremento de casos de sarampión y enfermedades respiratorias, mientras Loreto afronta un preocupante aumento de muertes infantiles vinculadas a la tos ferina. Lo más grave no es únicamente el brote en sí, sino el hecho de que estas enfermedades resurjan después de la experiencia traumática del COVID-19. El Perú sufrió una de las tasas de mortalidad más altas del mundo durante la pandemia y, pese a ello, el sistema de salud continúa operando bajo las mismas condiciones de precariedad, improvisación y desorden administrativo.
La raíz del problema no es coyuntural. Durante décadas, el país mantuvo un modelo sanitario fragmentado, subfinanciado y profundamente desigual. El gasto público en salud sigue siendo insuficiente frente a las necesidades reales de la población y la infraestructura hospitalaria continúa mostrando enormes brechas entre Lima y las regiones. La pandemia solo expuso una crisis acumulada durante años: hospitales colapsados, déficit de especialistas, escasez de camas UCI, sistemas digitales inconexos y una burocracia incapaz de ejecutar recursos con eficiencia. A ello se suma el deterioro de la atención primaria, que debió ser fortalecida tras el coronavirus y terminó nuevamente abandonada.
Hoy la situación de la plataforma sanitaria peruana refleja un deterioro estructural más profundo. Los ciudadanos enfrentan demoras de meses para obtener citas médicas, falta de medicamentos esenciales y hospitales que funcionan con equipos obsoletos o sin mantenimiento adecuado. Los gobiernos regionales continúan mostrando bajos niveles de ejecución presupuestal incluso en zonas declaradas en emergencia sanitaria. En paralelo, el sistema permanece fragmentado entre MINSA, EsSalud y servicios regionales que operan sin integración efectiva. El resultado es un aparato público lento, descoordinado y vulnerable frente a cualquier brote epidemiológico de gran escala.
Las consecuencias ya trascienden el ámbito sanitario. Cuando un Estado pierde capacidad para proteger la salud de su población, también pierde legitimidad política y estabilidad social. El retroceso en vacunación infantil, el aumento de enfermedades prevenibles y la caída de la confianza ciudadana generan un escenario propicio para la desinformación, la radicalización y el desgaste institucional. La salud pública dejó de ser únicamente una política social; se ha convertido en un componente estratégico de seguridad nacional y gobernabilidad democrática.
El problema además tiene dimensión regional. América Latina enfrenta un preocupante retorno de enfermedades erradicadas debido a la caída de coberturas de inmunización y a la debilidad de sus sistemas preventivos. Los gobiernos reaccionan tarde, cuando la crisis ya explotó, pero abandonan la inversión sanitaria apenas desaparece la presión mediática. Esa lógica cortoplacista ha convertido la prevención en la principal víctima de la inestabilidad política y del populismo presupuestal.
Frente a este escenario, el Perú necesita una reforma sanitaria real y sostenida, no otro paquete improvisado de emergencia. Resulta indispensable blindar técnicamente el sector salud frente a la crisis política permanente, garantizar continuidad en sus cuadros directivos y aumentar de manera progresiva el presupuesto sanitario. También urge reestructurar la atención primaria, profesionalizar la gestión regional y establecer auditorías estrictas sobre la ejecución de recursos públicos. Sin capacidad preventiva, cualquier nuevo brote volverá a desbordar hospitales que ya operan al límite.
La recuperación también exige restablecer el principio de autoridad sanitaria mediante campañas agresivas de vacunación obligatoria y educación pública. El país necesita recuperar coberturas superiores al 95 % para evitar que enfermedades como el sarampión y la tos ferina vuelvan a expandirse. La verdadera amenaza no es la aparición de un virus desconocido, sino la persistencia de gobiernos incapaces de aprender de sus propios errores. El Perú ya pagó un costo humano devastador durante la pandemia. Repetir hoy la misma negligencia frente al retorno de epidemias prevenibles sería una irresponsabilidad histórica que podría comprometer la estabilidad social y la viabilidad institucional del país en los próximos años.
https://www.facebook.com/share/1ARJ6GtV4s/?mibextid=wwXIfr
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
0 comments on “El retorno de las epidemias y el colapso sanitario del Perú”