El fantasma falso de la guerra civil

Jorge Céliz Kuong
23 de mayo de 2026

La segunda vuelta presidencial ha empujado al Perú hacia uno de los momentos políticos más tensos de las últimas décadas. El enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ha profundizado una polarización que ya venía erosionando la legitimidad del sistema democrático. Acusaciones preventivas de fraude, campañas de desinformación y discursos cada vez más radicales han instalado en parte de la opinión pública una narrativa alarmista: la supuesta inminencia de una guerra civil. Sin embargo, esa afirmación no solo carece de sustento real; revela una lectura profundamente equivocada sobre la naturaleza de la crisis peruana.

Desde la percepción internacional, el escenario peruano es visto como un caso de deterioro institucional persistente, no como un país al borde de un conflicto armado interno. Organismos financieros, centros de análisis político y observadores regionales coinciden en que el Perú enfrenta una severa crisis de gobernabilidad, marcada por presidentes débiles, fragmentación parlamentaria y conflictividad social recurrente. Pero ninguna evaluación seria contempla la posibilidad de una guerra civil. Incluso en medio de las protestas más violentas de los últimos años, el Estado mantuvo control territorial, continuidad administrativa y cohesión militar. Hablar hoy de guerra civil responde más a la exageración política y al miedo colectivo que a un análisis estratégico responsable.

La razón es simple. El Perú no posee las condiciones estructurales que históricamente preceden una conflagración interna. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen una línea de mando unificada y subordinada al orden constitucional. No existen facciones militares enfrentadas ni grupos armados con capacidad de desafiar el monopolio estatal de la fuerza. Sin fractura institucional, cualquier intento de levantamiento nacional queda neutralizado antes de consolidarse.

Tampoco existe una insurgencia organizada. Las protestas sociales que emergen en distintas regiones expresan descontento legítimo, pero son descentralizadas, espontáneas y sin conducción estratégica unificada. Los remanentes terroristas del VRAEM sobreviven reducidos a enclaves vinculados al narcotráfico y carecen de legitimidad política nacional. Comparar la situación actual con escenarios históricos de guerra interna resulta no solo desproporcionado, sino intelectualmente irresponsable.

El factor decisivo, sin embargo, es económico. La informalidad laboral supera actualmente el 70% de la población ocupada. Millones de peruanos dependen del ingreso diario para subsistir. Una guerra requiere financiamiento, logística y capacidad sostenida de paralización económica. La sociedad peruana puede soportar protestas, bloqueos o crisis temporales, pero no una interrupción prolongada de la actividad productiva. La necesidad inmediata de supervivencia actúa como un poderoso límite frente a cualquier deriva insurreccional.

El verdadero riesgo nacional es otro: la consolidación de una ingobernabilidad permanente. El próximo gobierno enfrentará un país dividido, un Congreso confrontacional y una ciudadanía cada vez más desconectada de las instituciones. El problema no será una guerra civil, sino un Estado atrapado en la parálisis, incapaz de ejecutar reformas, atraer inversión o construir consensos mínimos. Cada crisis política deteriora más la confianza pública y acelera el desgaste democrático.

El Perú no necesita alimentar fantasmas apocalípticos, sino reconocer con claridad la dimensión real de su crisis. La salida pasa por reconstruir instituciones, reducir la fragmentación política, fortalecer la descentralización y crear incentivos reales para formalizar la economía. La estabilidad no surgirá de la confrontación permanente ni de narrativas extremistas, sino de acuerdos básicos que devuelvan previsibilidad al sistema. El país aún está lejos de una guerra civil, pero peligrosamente cerca de normalizar la decadencia institucional como forma cotidiana de gobierno.

Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.