Jorge Céliz Kuong
25 de mayo de 2026
El Ejército del Perú atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia republicana. Institución unida al devenir histórico de la nación desde las campañas emancipadoras hasta la defensa del orden democrático frente a la guerra contra el terrorismo genocida, el Ejército enfrenta hoy amenazas mucho más complejas y difusas. Ya no se trata únicamente de hipótesis convencionales de conflicto. El escenario cambió. La seguridad nacional se disputa en el VRAEM, en las redes del narcotráfico, en la expansión de la minería ilegal, en los ataques cibernéticos y en la capacidad del Estado para responder a desastres climáticos cada vez más frecuentes. La minería ilegal, además de destruir ecosistemas y alimentar economías criminales, ha consolidado corredores de violencia, corrupción y lavado de activos que erosionan la autoridad estatal en amplias zonas del país. La estabilidad nacional depende ahora de una fuerza militar capaz de adaptarse a amenazas híbridas que buscan debilitar la soberanía y fracturar la gobernabilidad.
Sin embargo, el principal desafío del Ejército no es tecnológico. Es político e institucional. En un país marcado por la desconfianza hacia las instituciones públicas, la fuerza militar soporta una presión permanente. Cada crisis presidencial, cada enfrentamiento entre poderes del Estado y cada episodio de polarización generan tensiones que ponen a prueba su neutralidad. En este contexto, el respeto irrestricto a la Constitución Política del Perú constituye la principal garantía de estabilidad democrática y el límite fundamental que debe orientar toda actuación militar. Sin subordinación absoluta al orden constitucional, ninguna fuerza armada puede preservar legitimidad ante la ciudadanía ni sostener la fortaleza institucional que el país necesita en tiempos de incertidumbre.
El Plan de Transformación Institucional busca responder a esta nueva realidad mediante una reorganización que prioriza movilidad operativa, inteligencia estratégica, interoperabilidad y capacidades digitales. El soldado del 2026 ya no puede limitarse al combate convencional. Debe operar drones, proteger sistemas informáticos y actuar en escenarios híbridos donde terrorismo, narcotráfico, minería ilegal y crimen organizado convergen. Las operaciones permanentes en el VRAEM y en zonas críticas de extracción ilegal evidencian que la amenaza sigue vigente y obliga al Estado a mantener una capacidad de respuesta flexible, sostenida y articulada.
Pero ninguna modernización será suficiente si el Ejército pierde cohesión moral. Ahí se encuentra el verdadero desafío estratégico. Las instituciones militares sobreviven no solo por su capacidad de fuego, sino por la fortaleza de sus principios y la solidez de su estructura interna. El lema “Dios, Patria y Familia” sintetiza esa dimensión intangible que sostiene la disciplina, el sacrificio y el sentido de pertenencia. En medio de una crisis prolongada de representación política y deterioro institucional, esos valores funcionan como un eje de estabilidad. Un ejército altamente tecnificado, pero sin doctrina ética sólida, corre el riesgo de convertirse en una estructura vulnerable a la corrupción, a las presiones políticas o a la infiltración de economías ilegales.
El extremo opuesto también sería perjudicial. Una fuerza armada encerrada en esquemas rígidos del pasado, ajena a las exigencias democráticas contemporáneas, perdería capacidad operativa y respaldo social. La transparencia, el respeto a los derechos humanos, la profesionalización y la estricta observancia constitucional ya no son elementos secundarios. Son condiciones indispensables para preservar la cohesión interna, fortalecer la legitimidad pública y sostener la solidez institucional en un entorno regional cada vez más inestable.
La reforma pendiente debe ir mucho más allá de adquirir equipamiento moderno. El primer paso consiste en blindar la carrera militar mediante ascensos estrictamente meritocráticos, eliminando cualquier forma de injerencia política en los procesos internos. El segundo exige priorizar inversión en ciberdefensa, inteligencia y desarrollo tecnológico nacional para reducir dependencias externas. El tercero, quizá el más importante, pasa por convertir el bienestar de la familia militar en una política de Estado sostenible. Salud, educación y estabilidad para el entorno familiar son factores decisivos para mantener la moral, la cohesión y la capacidad operativa de la fuerza.
*El futuro del Ejército del PJorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.erú depende de su capacidad para equilibrar modernización, legitimidad y disciplina constitucional. La tecnología podrá fortalecer la capacidad táctica, pero solo una identidad institucional sólida garantizará estabilidad estratégica. En un país golpeado por la inseguridad, la minería ilegal y la fragilidad política, el Ejército cada día busca consolidarse como una institución profesional, cohesionada y plenamente subordinada al orden constitucional. Es así que se mantiene unido a la historia, firme en sus valores, moderno en su acción e inquebrantable en su misión al servicio permanente de la nación peruana.*
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.


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