El Perú mantiene una de esas regulaciones que parecen diseñadas para proteger al ciudadano, pero que en la práctica terminan perjudicándolo. La prohibición de publicar encuestas preelectorales durante la semana previa a una elección es una medida equivocada, contraproducente y anclada en una visión antigua de la democracia. Parte de una premisa débil: creer que restringiendo la información se protege mejor el voto. La realidad demuestra exactamente lo contrario.
En el país, la publicación o difusión de encuestas preelectorales solo puede realizarse hasta el domingo anterior al día de la elección, lo que en la práctica genera una veda de aproximadamente una semana. Esta restricción está asociada al artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones y aparece registrada también en bases comparativas internacionales sobre regulación electoral.
El problema de fondo es que la información política no desaparece porque una norma la prohíba. Simplemente cambia de canal. Deja de circular en medios formales, con ficha técnica, responsables identificables y posibilidad de fiscalización, para pasar a cadenas de WhatsApp, cuentas anónimas, grupos cerrados y supuestas filtraciones. Es decir, la prohibición no elimina las encuestas: elimina la posibilidad de distinguir claramente entre una encuesta real y una encuesta falsa.
En un país donde la informalidad, la falsificación y lo “bamba” forman parte de la vida cotidiana, esta restricción abre la puerta perfecta para la manipulación. Durante la última semana electoral, proliferan supuestas encuestas atribuidas falsamente a empresas conocidas, con logos adulterados, cifras fabricadas y narrativas diseñadas para instalar percepciones de victoria, derrota o remontada. Lo más grave es que muchas personas terminan creyendo esa información porque no tienen a la vista mediciones formales con las cuales contrastarla.
La paradoja es evidente: se prohíbe publicar encuestas formales para evitar una posible influencia sobre el elector, pero se deja el terreno libre para que circulen encuestas falsas sin control efectivo. El resultado es más opacidad, no más equidad. Más rumor, no más transparencia. Más manipulación, no más libertad.
Además, la veda genera una desigualdad informativa entre ciudadanos. Quienes tienen acceso a redes, contactos políticos, grupos cerrados o filtraciones privadas siguen recibiendo información sobre el clima electoral. Quienes no tienen ese acceso quedan fuera. Y en el Perú esa brecha no es menor: según el INEI, en el segundo trimestre de 2025 el 80,2% de la población de 6 años a más hizo uso de Internet; es decir, cerca de uno de cada cinco peruanos seguía fuera de ese circuito digital.
Por eso, la prohibición rompe un principio que supuestamente busca proteger: la equidad electoral. En vez de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la misma información pública, verificable y con responsables identificados, crea dos electorados: uno informado por canales informales y otro desinformado por falta de acceso. Peor aún, dentro del grupo informado también aparece una división: unos reciben encuestas verdaderas y otros consumen encuestas falsificadas. Es una distorsión completa del proceso electoral.
El argumento a favor de la veda suele presentarse como una defensa del voto libre. Pero un voto libre no se construye ocultando información, sino garantizando que la información disponible sea transparente, verificable y responsable. Si una encuesta es seria, debe publicarse con ficha técnica, muestra, margen de error, fechas de campo, financiamiento y empresa responsable. Si una encuesta es falsa, debe ser perseguida y sancionada. Lo que no tiene sentido es castigar la información formal y permitir que la informalidad capture la conversación pública.
Las democracias más sólidas han entendido mejor esta diferencia. Estados Unidos no registra una veda legal de publicación de encuestas preelectorales bajo este esquema; Reino Unido permite la publicación de encuestas hasta el día de votación, aunque restringe la difusión de resultados a boca de urna antes del cierre de los centros de votación. En cambio, países como Perú, Bolivia y Venezuela mantienen restricciones de seis a siete días, mientras Ecuador registra una prohibición de diez días o más y Honduras una restricción aún más amplia.
La comparación no implica que toda regulación sea negativa. Las encuestas electorales deben estar reguladas, pero de manera inteligente. Debe exigirse registro, transparencia metodológica, identificación del financiamiento y responsabilidad frente a publicaciones fraudulentas. Lo que resulta absurdo es sostener una prohibición que en el mundo digital ya no puede cumplirse plenamente y que, además, castiga al ciudadano que depende de medios formales para informarse.
El problema es también cultural e institucional. Hay una burocracia que suele sentirse cómoda regulando incluso aquello que no entiende del todo. Se cree que controlar es gobernar, que prohibir es ordenar, que restringir es proteger. Pero en materia electoral, esa lógica puede terminar siendo profundamente dañina. La democracia no se fortalece tratando al ciudadano como alguien incapaz de procesar información. Se fortalece dándole más herramientas para evaluar, comparar y decidir.
La veda de encuestas es una medida nacida de una desconfianza excesiva hacia la libertad de información. Y cuando un sistema electoral desconfía demasiado de la libertad, termina favoreciendo aquello que dice combatir: la manipulación, el rumor y la desigualdad. La solución no es menos información, sino mejor información. No es silencio obligatorio, sino transparencia obligatoria.
Por eso, el Perú debería revisar seriamente esta prohibición. Mantenerla no nos hace una democracia más justa ni más madura. Nos convierte en un país que prefiere esconder los datos antes que enseñar a leerlos; que prefiere limitar la publicación formal antes que combatir la falsificación; que prefiere una calma artificial antes que una ciudadanía informada.
La última semana antes de una elección no debería ser una semana de oscuridad informativa. Debería ser una semana de máxima transparencia. Porque en democracia, el ciudadano no necesita que le oculten información para votar mejor. Necesita que le den información clara, verificable y libre para decidir con responsabilidad.
Luis Benavente
Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Magíster en Administración, graduado por la Universidad de Lima. Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Vox Populi Consultoría y analista político en medios de comunicación nacionales e internacionales. En la Universidad de Lima ha sido director del Grupo de Opinión Pública y director de imagen institucional. Ha sido docente del Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales de la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, del Máster en Comunicación Política e Institucional del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, de la Facultad de Comunicación de la PUCP y de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. También ha sido presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Comunica.
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